Justicia ambiental e irresponsabilidad social empresarial: el caso de la minera Vale S.A

Resumen

Después del colapso de la presa de relaves de Vale en Brumadinho (Minas Gerais) a principios de 2019, un grupo de investigadores y activistas de todo el mundo elaboró un mapa temático a partir del Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas) que reúne treinta casos de conflictos ambientales en los cuales esta empresa minera jugó un papel importante. En este artículo, estos casos se analizan a la luz de los discursos y prácticas de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Vale, con el objetivo de explorar la contradicción de los altos estándares de RSE de la empresa y de otras grandes multinacionales del sector minero, que coexisten paralelamente con muchos conflictos socioambientales. El análisis indica que el desempeño de la empresa contrasta con su discurso de RSE y que, aún considerando su desempeño responsable y ejemplar, Vale reproduce injusticias ambientales y, de hecho, practica la Irresponsabilidad Social Empresarial.

Palavras clave:
Justicia ambiental; irresponsabilidad social empresarial; minería

Abstract

After the Vale’s tailings dam failure in Brumadinho (Minas Gerais) in early 2019, a group of researchers and activists from around the world produced a thematic map in the Global Atlas of Environmental Justice (EJAtlas) including 30 cases of environmental conflicts in which Vale had a prominent role. In this paper, these cases are analysed in light of Vale’s corporate social responsibility (CSR) discourses and practices, aiming to explore the contradiction of high CSR standards in the company and in other large multinationals in the mining sector coexisting with many socio-environmental conflicts. The analysis indicates that the company’s performance contrasts with its CSR discourse and that, even when Vale considers its performance both responsible and exemplary, the company reproduces environmental injustices and is therefore rather practicing Corporate Social Irresponsibility.

Keywords:
Environmental Justice; Corporate Social Irresponsibility; Mining

Resumo

Após o rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho (Minas Gerais) no início de 2019, um conjunto de pesquisadores e ativistas de várias partes do mundo produziu um mapa temático no Atlas Global de Justiça Ambiental (EJAtlas) reunindo trinta casos de conflitos ambientais em que a mineradora teve um papel importante. No presente artigo, esses casos são analisados à luz dos discursos e práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) da Vale, visando explorar a contradição de elevados padrões de RSC na companhia e em outras grandes multinacionais do setor da mineração coexistirem com muitos conflitos socioambientais. A análise indica que a atuação da companhia contrasta com o seu discurso de RSC e que, mesmo quando considera sua atuação responsável e exemplar, a Vale reproduz injustiças ambientais e está, na verdade, praticando Irresponsabilidade Social Corporativa.

Palavras-chave:
Justiça Ambiental; Irresponsabilidade Social Corporativa; Mineração

1. Introducción

En los últimos años, la irresponsabilidad social de la empresa minera Vale SA (en adelante, Vale) ha sido reconocida mundialmente luego de dos grandes colapsos de presas de relaves mineros en los municipios de Mariana y Brumadinho, ubicados en la región minera del estado de Minas Gerais. Las rupturas, que ocurrieron respectivamente a fines de 2015 y principios de 2019, se encuentran entre las mayores tragedias en la historia de la minería mundial, tanto por la magnitud de los impactos ambientales y sociales como porque causaron casi 300 muertes (ROCHE et al., 2017). Antes de eso, la empresa ya tenía un papel destacado en casos de conflictos sociales relacionados con temas ambientales tanto en Brasil como en todo el mundo. En el marco del proyecto Atlas Global de Justicia Ambiental (en adelante, EJAtlas), tras el colapso de la presa de relaves Brumadinho en 2019, un grupo de investigadores y activistas de todo el mundo elaboró colectivamente un mapa temático con 30 casos de conflictos ambientales en los que Vale tiene o ha tenido alguna responsabilidad. Este artículo muestra la relevancia social y política de iniciativas como esta para visibilizar las injusticias ambientales producidas por las grandes corporaciones, cuyo poder desproporcionado en relación con otros actores puede impedir la debida rendición de cuentas por las injusticias impuestas.

La Justicia ambiental (JA) es un concepto que vincula los problemas ambientales con la justicia social. Describe la imposición desproporcionada de riesgos ambientales a poblaciones que cuentan con menos recursos financieros, políticos y de información (ACSELRAD et al., 2009; MARTÍNEZ-ALIER, 2002). El concepto nació en los Estados Unidos en la década de 1980, en el contexto de las luchas contra la distribución desigual de los costos y beneficios ambientales entre diferentes grupos sociales (BULLARD, 1994) y comenzó a ser utilizado en entornos académicos y activistas en diferentes contextos geográficos y sociales, incluso en el continente latinoamericano y en Brasil (PORTO; FINAMORE, 2012; WAGNER, 2020).

El EJAtlas documenta y cataloga los conflictos de JA en todo el mundo, contribuyendo al mapeo, estudio y visibilidad de las injusticias provocadas por las actividades económicas relacionadas con la extracción de recursos, el transporte o la eliminación de residuos (TEMPER et al., 2015; 2018). Está coordinado por el grupo de investigación en economía ecológica y ecología política del Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de Joan Martínez-Alier y Leah Temper y la coordinación de Daniela Del Bene. La contribución a los registros implica la participación de investigadores, movimientos ambientalistas, estudiantes y activistas de todo el mundo. En muchos casos, los registros destacan las injusticias ambientales causadas por corporaciones bien conocidas como Chevron (ejatlas.org/featured/chevronconflicts) y Pan American Silver (ejatlas.org/featured/envconflictspas). Estos mapas indican que el EJAtlas, además de contribuir a los estudios de las ciencias sociales ambientales, también puede ser relevante para la investigación relacionada con la economía empresarial y el estudio de las organizaciones, en particular, las que se centran en el tema de la responsabilidad social empresarial (RSE) o la irresponsabilidad social empresarial (IRSC) (AMSTRONG, 1997; RIERA; IBORRA, 2017).

El concepto de RSE se popularizó en la década de 1950, llamando la atención sobre la necesidad de responsabilizar a las empresas transnacionales por los daños causados por su actividad (CARROLL, 1999; GARRIGA; MELÉ, 2004). Sin embargo, la literatura académica reciente critica la RSE por abordar de manera insuficiente las diferentes dimensiones de la sostenibilidad (CHO; PATTEN, 2013; MAHER, 2019), uniéndose a grupos de activistas que entienden las medidas de RSE solo como instrumentos adicionales dirigidos a la producción de lucro. El concepto de IRSC surge de esta visión crítica, lo que sugiere que la RSE no-crítica puede facilitar a las empresas a que actúen de manera aún más “socialmente irresponsable” (RIERA; IBORRA, 2017). Este artículo contribuye al debate en torno a la IRSC tomando en cuenta los reclamos y testimonios de las comunidades afectadas por Vale. A partir del análisis del mapa temático de Vale, pretendemos resaltar las actividades y prácticas corporativas que producen injusticias ambientales, movilizaciones y resistencias sociales, en contradicción con el discurso empresarial utilizado por las grandes corporaciones multinacionales.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la Sección 2, discutimos cómo la RSE fue incorporada por el sector minero y por Vale. Luego, presentamos los métodos para documentar los casos de conflicto, construir el mapa temático en EJAtlas y analizar los casos. En la Sección 4, describimos las principales características de los conflictos catalogados e investigamos la coexistencia de las prácticas de RSE e IRSC de Vale. Finalmente, terminamos con las conclusiones.

2. Contexto

2.1. RSC en la minería

La adopción de prácticas de RSE en los negocios corporativos ha tenido un impulso significativo en las últimas décadas. En un contexto de fortalecimiento del neoliberalismo, los mecanismos regulatorios privados y voluntarios encontraron un terreno fértil para reemplazar otras formas de regulación, incluso en esferas sociales y ambientales que eran, hasta entonces, predominantemente responsabilidad del Estado (HIMLEY, 2010). Las corporaciones multinacionales, en la medida en que concentraban gran poder económico y político, tuvieron un rol destacado en liderar la adopción de estas iniciativas, respondiendo internamente a las presiones sociales relacionadas con su desempeño y, por tanto, descartando la necesidad de un nuevo aparato legal que supere las limitaciones planteadas por la ausencia de un régimen regulatorio transnacional (SHAMIR, 2004; BANERJEE, 2008).

En el sector minero, un elemento adicional que condujo a la discusión de la RSE por parte de las grandes corporaciones a fines de la década de 1990, fue la notable mala reputación social y ambiental del sector. En primer lugar, para posibilitar la expansión de la minería y la estabilidad del desarrollo de los proyectos, las empresas mineras debían enfrentar la creciente resistencia de las comunidades locales a sus proyectos, que percibían cada vez más como negativos por sus impactos socioambientales (JENKINS, 2004). En este contexto, el término “licencia social para operar”, referido a la aceptación por parte de las comunidades de proyectos mineros, pasó a ser utilizado por el propio sector como factor estratégico en la gestión de estos proyectos (PRNO; SLOCOMBE, 2012; PARSONS et al., 2014). Para recuperar legitimidad y credibilidad entre las comunidades, las empresas comenzaron a introducir políticas de comunicación, planes de intervención comunitaria y, en muchos casos, a actuar a través de fundaciones, aprovechando la falta de inversión de las autoridades públicas locales (ANTONELLI, 2009).

En segundo lugar, las condiciones de financiamiento de estos proyectos no resultarían muy prósperas hasta que se modificara la percepción social negativa de la minería. A fines de la década de 1990, las grandes empresas mineras también buscaron expandir su participación en los mercados financieros, donde otros sectores tuvieron un desempeño mucho más exitoso. Por tanto, era necesario mejorar la imagen del sector ante los posibles inversores, quienes veían los impactos sociales y ambientales como riesgos potenciales para las empresas (HUMPHREYS, 2015).

Luego de congregarse durante el Foro Económico Mundial de 1999, las grandes empresas mineras multinacionales crearon el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), definiendo principios y lineamientos de buenas prácticas en minería a seguir por las empresas mineras y asociaciones participantes. A partir de estas iniciativas, la minería se ha convertido en un sector muy activo en las prácticas de RSE. Las empresas mineras más grandes se convirtieron en signatarias del ICMM y comenzaron a preparar informes de sostenibilidad, basados en la metodología Global Reporting Initiative (GRI) (BÖHLING et al., 2017). Al mismo tiempo, esta articulación global del sector también ha incrementado el poder político de estas corporaciones y su influencia sobre los organismos internacionales e instituciones gubernamentales en los países donde operan.

2.2. Minería y RSC de Vale

Antes de convertirse en una gran corporación multinacional, Vale ya tenía una larga trayectoria en la exploración de recursos minerales en Brasil. Su creación, en 1942, fue el resultado de negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Brasil durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de asegurar el suministro, por parte de Brasil, de minerales estratégicos al esfuerzo militar de esos países. A cambio, el gobierno británico adquirió y transfirió los depósitos de mineral de hierro de Itabira Iron Ore Company a la nueva minera estatal brasileña, conocida como Compañía Vale do Rio Doce (CVRD), y el gobierno estadounidense financió las operaciones y la logística de exportación de la empresa. Con base en estas operaciones en Minas Gerais, CVRD se consolidó a partir de la década de 1950, como un exportador mundial de mineral de hierro (VALE, 2012b).

En las décadas siguientes, cuando el gobierno militar brasileño adoptó políticas de ”ocupación” y desarrollo del territorio amazónico, la empresa expandió sus actividades a nuevas fronteras minerales en la Amazonía brasileña, donde se descubrieron en la década de 1960 grandes reservas de bauxita y mineral de hierro. El gobierno y empresas japonesas, que buscaban garantizar un suministro seguro y barato de los recursos naturales necesarios para su proceso de industrialización, también jugaron un papel importante en este proceso. Sin embargo, las expectativas de mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la región se vieron frustradas y las actividades de CVRD produjeron severos impactos sociales y ambientales (BUNKER, 2000; HALL, 1990).

En el contexto de las reformas neoliberales de la década de 1990, CVRD fue vendido a un consorcio formado por grupos privados, fondos de pensiones estatales brasileños y el holding del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. A principios de la década de 2000, el proceso de privatización se profundizó a través de la inserción de la empresa en el mercado internacional de capitales. Las acciones ordinarias de CVRD, que adoptaron el nombre de Vale en 2007, comenzaron a cotizarse en las bolsas de valores de Madrid y Nueva York. Esto significó que, aunque los gobiernos aún podían desempeñar un papel importante en la dirección de la empresa -por ejemplo, vía financiamiento de agentes estatales, actuación de agencias ambientales, etc.-, los intereses de los inversores individuales e institucionales se han vuelto más importantes (SAES; MURADIAN, 2021).

La adopción de prácticas de RSE en Vale se puede entender en este contexto, en el que la empresa buscaba ampliar su participación en los mercados financieros. En 2006, la empresa se incorporó al ICMM y comenzó a publicar Informes de Sostenibilidad (VALE, 2006). En el contexto posterior a la privatización, la empresa también reestructuró la Fundación Vale, creada en 1968, ampliando sus acciones de “inversiones sociales” y sus acciones de ”desarrollo social”. Esta reestructuración reforzó la intención de Vale de interferir en temas sociales y de planificación, reemplazando las acciones del Estado, y restringió los espacios públicos de discusión sobre las condiciones para la implementación de los proyectos de la empresa (PANTOJA, 2018).

China, a diferencia de Japón, Inglaterra y Estados Unidos, no necesitó hacer acuerdos con el gobierno brasileño ni adoptar estrategias de financiamiento para asegurar el suministro de minerales necesarios para su industrialización. En las últimas décadas, Vale ha expandido sustancialmente la extracción de recursos naturales y la expansión territorial de su actividad a nuevas fronteras mineras en Brasil y otros países, a menudo apoyada por políticas gubernamentales. En Brasil, el gran incremento en la extracción de mineral de hierro se produjo con las adquisiciones de varias empresas mineras que operan en Minas Gerais y de nuevas inversiones en megaproyectos, como el S11D en Carajás (SAES, 2018; SAES; BISHT, 2020). Vale también realizó varias adquisiciones e inversiones internacionales. La adquisición más importante fue la de la minera canadiense Inco, un gran productor de níquel con operaciones en Canadá, Nueva Caledonia e Indonesia. En Mozambique, la empresa ganó la licitación para explorar una de las mayores reservas de carbón del mundo. Finalmente, otras inversiones importantes se destinaron a la extracción de fosfato y potasio (Brasil, Perú y Argentina) utilizados en fertilizantes, y la extracción de cobre (Perú, Brasil y Chile) (VALE, 2012b).

3. Métodos

Para lograr una visión amplia y comprender mejor las operaciones de Vale en todos estos distintos lugares, esta investigación necesitó de un método y un soporte empírico sólido para la recopilación de datos. La investigación no puede basarse únicamente en informes oficiales y registros de los medios tradicionales, ya que estos a menudo dejan de lado los reclamos y perspectivas de las comunidades locales, familias afectadas y organizaciones que los apoyan. El EJAtlas ofrece una fuente valiosa y una metodología de investigación para sistematizar datos sobre los conflictos que ocurren en las operaciones de Vale en todo el mundo.

Al comienzo de esta investigación, poco después del colapso de la presa de relaves de Brumadinho, en el EJAtlas ya se encontraban casos con participación de la empresa minera Vale. En un primer paso, los autores de este artículo y otros colegas revisaron el primer conjunto de casos para identificar los que necesitaban actualizaciones. Luego, a partir de una verificación de la cartera de proyectos y operaciones de Vale, se realizó una búsqueda en línea utilizando palabras clave como ‘conflicto’, ‘protesta’, ‘impacto’ en diferentes idiomas, principalmente inglés, español y portugués. Con esta selección de casos de conflictos, las organizaciones locales, los investigadores académicos y la Articulación Internacional de Afectadas y Afectados por Vale fueron contactados e invitados a participar en el esfuerzo de construcción de una base de datos pública y un mapa mundial temático de los conflictos alrededor de las operaciones de Vale. El conjunto de casos se revisó colectivamente y los datos se organizaron de acuerdo con el formulario de la base de datos del EJAtlas. La información recopilada se basó en testimonios, informes publicados por grupos de JA y organizaciones de derechos humanos, artículos científicos y fuentes de datos oficiales. Todos los datos fueron finalmente verificados y moderados por los autores antes de su publicación en la plataforma en línea.

El mapa temático de EJAtlas “¡Esto no Vale! (¡Isso não Vale!) Las operaciones globales de Vale S.A. generan conflictos sociales y ambientales”, cuenta con treinta casos e incluye datos cuantitativos y cualitativos, así como imágenes, referencias y bibliografía de cada uno de ellos (Figura 1). Fue lanzado en el Día Internacional de Acción por los Ríos en marzo de 2019, casi dos meses después del crimen de Brumadinho que dejó más de 270 muertos y daños inconmensurables en una vasta región, que abarca comunidades, bosques y ríos. Igualmente en marzo, el mapa fue presentado durante el III Congreso Latinoamericano de Ecología Política, realizado en Bahía, Brasil.

Figura 1
Mapa temático de Vale

Una segunda fase de la investigación involucró el análisis de los conflictos ambientales y la contraposición de las principales características de los conflictos con los discursos y prácticas de RSE de Vale. Para ello, se examinaron los Informes de Sostenibilidad de la compañía publicados entre 2006 y 2019 que presentan información anual sobre los aspectos sociales y ambientales de la actividad empresarial. El objetivo principal de esta investigación fue identificar discursos y prácticas de RSE centradas en los treinta conflictos ambientales del mapa temático. Sin embargo, como los Informes solo incluyen información sobre empresas sobre las que Vale tiene control operativo y con un porcentaje superior al 50%, la RSE no se pudo investigar en seis casos (casos 2, 4, 8, 13, 24 y 26, del anexo I). Para los otros casos, repasamos las prácticas de RSE indicadas como exitosas por la propia empresa. Estas prácticas exitosas se denominan casos en los Informes y se informaron entre 2006 y 2017. En total, se encontraron 57 prácticas de RSE relacionadas con 19 conflictos ambientales en el mapa temático. Estas prácticas se clasificaron entre los temas más frecuentes y se agruparon en dos amplias categorías: comunidades y medio ambiente. A partir de estas categorías, se analizaron y contextualizaron discursos y prácticas a la luz de los conflictos ambientales.

4. Resultados

4.1. Principales características de los conflictos del mapa temático de Vale

Los conflictos socioambientales catalogados se localizan en 10 países: Brasil, Perú, Australia, Indonesia, Canadá, Mozambique, Nueva Caledonia, Argentina, Malasia y Guinea. En Brasil se reportan 18 conflictos en los estados de Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul. En cinco de los 30 casos (casos 6, 9, 11, 20 y 30), los proyectos y las operaciones que han generado conflictos han sido desarrollados íntegramente por Vale desde su implementación. En la mayoría de los otros casos (en 23 de ellos), Vale trabajó con otras empresas, a través de participaciones en proyectos o empresas, o adquirió total o parcialmente operaciones en curso; actualmente ha vendido nueve de estas participaciones o proyectos. En un solo caso, Vale nunca tuvo participación directa en las operaciones (caso 21), pero representa un actor importante por ser el único proveedor del mineral beneficiado por las plantas de hierro que generan el conflicto. Finalmente, en el último caso (caso 8), Vale nunca planeó ni desarrolló operación alguna, pero tenía procesos de solicitud de investigación con la Agencia Nacional de Minería de la región al momento de estallar el conflicto.

Si bien todos los casos catalogados están relacionados con la minería, existen variaciones importantes con respecto a la etapa de la cadena productiva que es la principal responsable de generar cada conflicto (Anexo I). En otras palabras, los conflictos no siempre se limitan a la extracción y procesamiento de minerales. Hay, por ejemplo, tres casos en los que la actividad que genera el conflicto es la producción de insumos energéticos para la minería a través de centrales hidroeléctricas (casos 1 y 4) y plantaciones de palma (caso 5). Por otro lado, en las etapas finales de la cadena, dos proyectos en conflicto se refieren a la exportación de mineral de hierro brasileño a los mercados internacionales: la Terminal Marítima de Tubarão en Espírito Santo (caso 6) y la Terminal Marítima Teluk Rubiah en Malasia (caso 25).

Los grupos movilizados en los conflictos ambientales que involucran a Vale son, en gran medida, segmentos vulnerables de la sociedad (Anexo I). Estos grupos tienen sus vidas y medios de subsistencia amenazados de manera desproporcionada por la degradación ambiental y el despojo que surge de la explotación de los recursos naturales (SCHEIDEL et al., 2020). En más de la mitad de los conflictos catalogados (en 17 de ellos), las poblaciones indígenas y las comunidades tradicionales son actores importantes en la resistencia a los proyectos. Otros grupos vulnerables, especialmente agricultores y pescadores, cuyas actividades se ven directamente afectadas por los impactos ambientales de las operaciones mineras, están presentes en la mayoría de los conflictos. En Brasil, en cinco casos en los estados de Pará y Maranhão (casos 4, 9, 17, 21 y 30), también existe la presencia de trabajadores sin tierra, lo que refleja la existencia de conflictos de tierras que a menudo se agravan por la expansión de la minería.

Los resultados de los conflictos ambientales catalogados (Anexo I) suelen ser desfavorables para los movimientos de resistencia y, en muchos casos, existen importantes amenazas para los medios de vida de los grupos vulnerables. En un tercio de los conflictos hubo despojos o migraciones de población. Estos casos se ubican principalmente en las fronteras extractivas, donde existe una mayor presencia de poblaciones indígenas y comunidades tradicionales. En Brasil, por ejemplo, las expropiaciones ocurrieron principalmente en la Amazonía, con cinco casos en el estado de Pará (casos 2, 4, 5, 17 y 30). Además, también se denunciaron formas violentas de represión de los movimientos en varios casos, con la criminalización de activistas en diferentes países (Brasil, Canadá, Perú, Indonesia, Mozambique y Nueva Caledonia).

Por otro lado, los resultados favorables para los grupos sociales movilizados se limitan principalmente a la compensación económica por los daños generados y a las victorias judiciales. Existió indemnización en 12 de los casos analizados. En muchos de estos casos, sin embargo, esta no fue la principal demanda de los grupos movilizados; más bien, la demanda de una compensación justa se produce después de intentos infructuosos de detener los proyectos en conflicto (por ejemplo, casos 1, 3, 4 y 30). En los casos de rotura de represas en Mariana y Brumadinho, donde hay daños socioambientales irreversibles, la compensación económica justa es la principal demanda de los grupos movilizados. Las victorias judiciales, a su vez, surgen como resultado de conflictos en más de un tercio de los casos y pueden indicar que muchos de estos proyectos no se desarrollan de acuerdo con la legislación de los respectivos países.

4.2. Discursos y prácticas de RSC de Vale relacionados con las comunidades

Las prácticas de RSE relacionadas con las comunidades son muy diversas, van desde la formación de mano de obra para las actividades directas de Vale hasta temas más amplios relacionados con el desarrollo de las regiones donde se ubican los proyectos de la empresa (Figura 2). Se registró un mayor número de prácticas en los proyectos de Mozambique, Nueva Caledonia y Pará, principalmente en operaciones iniciadas entre 2008 y 2016 (casos 9, 17, 20, 22 y 30).

Esto puede indicar que estas prácticas son particularmente importantes durante el período de instalación del proyecto, casi como una forma de anticipar conflictos y contener posibles resistencias en diferentes áreas y entre diferentes grupos. Sin embargo, a pesar de la variedad de acciones y temas, el análisis del conjunto de prácticas también indica que se basan, en términos generales, en una visión particular de “desarrollo local” o “desarrollo territorial”, que no necesariamente responde a los problemas importantes que enfrentan las comunidades. Además, este interés por el desarrollo local no siempre se refleja en un compromiso a largo plazo por parte de Vale: en casi un tercio de los casos catalogados, la empresa vendió su participación en el proyecto o filial sin asumir responsabilidades sociales y ambientales.

Figura 2
Prácticas de RSC de Vale relacionadas con las comunidades

En el proyecto de carbón Moatize en Mozambique, las prácticas de RSE obligan a desplazamientos masivos de cientos de familias como única alternativa para las comunidades. Los planes de reasentamiento se presentaron junto con diversas “inversiones sociales” en salud, educación, cultura, deportes, urbanización y actividades productivas, coordinadas por la Fundación Vale (VALE, 2009, p. 86). Al señalar la necesidad de calificar a la mano de obra para su proyecto, Vale también ha financiado varios cursos de capacitación desde el período de implementación del proyecto. Según la empresa (2010, p. 79), estas prácticas buscaban promover el “desarrollo social y económico de las comunidades”. Por otro lado, el disenso y la resistencia al proyecto no se mencionan en estos casos de RSE. La práctica “Espíritu relacional”, por ejemplo, describe el “diálogo participativo” como “fundamental para la negociación del reasentamiento de los residentes” (VALE, 2008, p.67), pero no dice nada sobre las importantes movilizaciones locales contra el proyecto y sobre la violencia ejercida contra los activistas en estas ocasiones.

En el territorio francés de Nueva Caledonia, en donde se estima que se encuentra el 25% de la reserva mundial de níquel, las prácticas de CRS fueron fundamentales para crear un “Pacto para el Desarrollo Sostenible” (Vale, 2008, p. 84) entre Vale y las comunidades que pretendía detener movilizaciones más radicales contra el proyecto de níquel Goro (HOROWITZ, 2015). A pesar de los estudios adicionales de impactos ambientales y la introducción de programas ambientales voluntarios, como la reforestación de áreas degradadas, los impactos importantes del proyecto -criticado desde 2002 por el grupo Rhéébù Núú (“ojo del país”), formado por miembros del grupo étnico Kanak- no fueron resueltos. A finales de 2019, Vale anunció que tenía la intención de vender el proyecto de Nueva Caledonia a un grupo australiano, aumentando la tensión con los movimientos indígenas y nacionalistas a favor de la independencia del territorio. Actualmente, Vale amenaza con cerrar operaciones de níquel, comprometiendo miles de puestos de trabajo en el archipiélago (ROGER, 2020).

En Mendoza (Argentina), el proyecto Potasio Río Colorado fue comprado por Vale en 2009 y, según datos, habría sido el proyecto de potasio más grande del mundo (entre 2,4 y 4,3 millones de toneladas por año), diseñado para abastecer la demanda brasileña de fertilizantes (WAGNER; GIRAUD, 2011). En un país como Argentina, donde las empresas mineras gozan de importantes privilegios fiscales otorgados por leyes nacionales, Vale intentó obtener más privilegios e ignoró compromisos con los estados provinciales involucrados en el proyecto, ejerciendo presión mediante la contratación de trabajos directos para el proyecto (GIRAUD, 2013). Sin embargo, Vale detuvo el proyecto en 2013 debido a la “incertidumbre internacional” con respecto al precio del potasio. Cerca de 5.000 trabajadores se quedaron sin trabajo. Desde entonces, el gobierno de la provincia de Mendoza busca un nuevo inversionista para desarrollar el megaproyecto.

En Perú, las licencias de exploración para el proyecto La Morada se obtuvieron en asambleas comunitarias, sin el acuerdo de los propietarios involucrados, y la licencia ambiental se aprobó sin cumplir con todos los estudios obligatorios (caso 16). En el proyecto Bayóvar, Vale actuó a través de la Fundación Comunal Sechura, desde la cual pretendía promover el “trabajo social” en la región para generar “prosperidad” y “desarrollo sostenible” (NEYRA, 2020). Sin embargo, si bien la empresa aludió escuchar las “demandas” de las comunidades y se comprometió a “aprovechar el potencial del proyecto y reforzar actividades en varios eslabones de la cadena” (VALE, 2008, p. 69), sus actividades afectaron los medios de vida de miles de personas y la actividad económica local (caso 3). La superficie del proyecto Bayóvar se superpone con los terrenos de la comunidad campesina de San Martín de Sechura que cuenta con 60.000 habitantes y 700.000 hectáreas. El Frente de Pescadores Artesanales de la Bahía de Parachique y Bayóvar denunció que los derrames de fosfato en la Bahía de Parachique afectaron el cultivo de vieiras. El Centro de Salud Ocupacional y Protección Ambiental demostró que la dispersión de partículas contaminantes en el aire afectó la salud de los trabajadores de la Caleta de Puerto Rico (Piura). Las reacciones a las movilizaciones contra el proyecto fueron a menudo muy violentas; en la represión del paro de mayo de 2012 convocado por el Frente de Defensa, la policía ocasionó la muerte de dos pescadores. También en el proyecto La Morada se reportó violencia y criminalización de activistas, donde Miski Mayo, subsidiaria de Vale, formó grupos de seguridad que operaban como grupos paramilitares, amenazando y agrediendo a líderes comunitarios y sus familias. Algunos de estos casos fueron denunciados por la empresa y sentenciados por los tribunales (NEYRA, 2020).

4.3. Discursos y prácticas de RSC de Vale en relación con el medio ambiente

En relación con el medioambiente, las prácticas y discursos aplicados a los casos analizados se dividen, principalmente, en dos grandes grupos: i) eficiencia tecnológica en el uso de recursos o producción de residuos; y ii) preservación ambiental (Figura 3). En cuanto a la eficiencia tecnológica, los informes de Vale destacan el uso de nuevas tecnologías para reducir el consumo de agua, el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero este aumento de la eficiencia de los procesos productivos podría interpretarse como una medida para reducir los costos de producción o adaptarse a la legislación medioambiental. Además, en el caso del Complejo Tubarão (Espírito Santo), la introducción de una nueva tecnología (Wind Fence), destinada a reducir la emisión de partículas de mineral de hierro respondió a las protestas de organizaciones que señalaban los efectos nocivos de la contaminación en la salud de la población local. Sin embargo y desde la perspectiva de los grupos movilizados, en la mayoría de los conflictos ambientales analizados, las soluciones tecnológicas son insuficientes. Por el contrario, existe un importante conjunto de nuevas inversiones que podrían reproducir o producir nuevas injusticias ambientales.

Figura 3
Prácticas de RSC de Vale relacionadas con el medio ambiente

Cuando en 2008 Vale elaboró sus Lineamientos Corporativos sobre Cambio Climático y Carbono, era la única empresa latinoamericana presente en el Carbón Leadership Index, un índice que enumera empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York consideradas como modelos en transparencia y gestión del cambio climático (VALE, 2008). En este contexto, Vale ha desarrollado numerosos proyectos e investigaciones relacionados con la generación de energía a partir de diferentes fuentes - hidroeléctrica, eólica, biomasa, solar y biocombustible, incluyendo la realización de importantes inversiones en la Central Hidroeléctrica Belo Monte (VALE, 2011; DEL BENE et al., 2018). El mapa de conflictos de Vale incluye al menos tres casos de proyectos en conflicto (casos 1, 4 y 5) que se consideran estratégicos para los objetivos de reducción de emisiones de carbono y para asegurar el suministro energético de las operaciones de la empresa.

La producción de palma en la Amazonía brasileña es el caso que más llama la atención por tener gran protagonismo en las prácticas relacionadas con el cambio climático. La práctica “Biodiesel en los rieles de Vale” describe las primeras encuestas realizadas por la empresa para evaluar el uso de biodiesel de palma como combustible para sus locomotoras. Además de la transición hacia una fuente de energía renovable, Vale también señaló una posible contribución al “desarrollo social” de las regiones del norte y noreste de Brasil al incentivar la producción de biodiesel (VALE, 2006, p.73). En 2011, este proyecto se amplió a partir de la adquisición del control accionario de Biopalma Amazonía SA en Pará. Según la práctica “Apostar por los combustibles renovables” (VALE, 2011, p.74), Vale tenía la intención de ampliar sustancialmente el área sembrada, ocupando regiones impactadas del bioma amazónico, en particular áreas de pastos abandonados.

Sin embargo, el conflicto ambiental derivado de esta expansión del cultivo de la palma (caso 6) indica importantes impactos en territorios indígenas y quilombos. El pueblo indígena Tembé sufre los efectos del uso de plaguicidas y el desvío de cursos de agua para riego de cultivos que ha provocado una reducción en el flujo de agua de los arroyos, la muerte de peces y el aumento de enfermedades en la comunidad. En 2013, investigadores identificaron residuos de la sustancia endosulfán, que es altamente tóxica, en las aguas de la región, cuyo uso fue prohibido en Brasil ya en 2010. A partir de 2012, los indígenas comenzaron a exigir compensaciones y la mitigación de impactos, llegando a ocupar las plantaciones de Biopalma. En estas protestas también participaron miembros de comunidades de quilombos, quienes acusaron a Biopalma y Vale de apropiarse ilegalmente de tierras públicas. Vale había adquirido fincas para expandir la producción de palma aceitera que afectaba territorios de quilombos, con solicitudes abiertas de reconocimiento, agravando el conflicto de tenencia de la tierra en la región. En 2018, un joven líder quilombola, que participaba en la resistencia al uso de tierras ilegales para el cultivo de palma, fue brutalmente asesinado.

Los informes de sostenibilidad de Vale destacan también el papel de la empresa en la conservación de la biodiversidad. En Brasil, las operaciones de la empresa en el Bosque Nacional Carajás son presentadas como modelos de preservación ambiental, ya que ocupan una pequeña parte (3%) de las 412 mil hectáreas de la Unidad de Conservación. En esta área, administrada por Vale y el gobierno brasileño, existen importantes reservas minerales en la cual la ocupación humana está prohibida y que, por lo tanto, pueden ser destinadas a futuras exploraciones mineras. El ejemplo reciente más importante de la expansión de operaciones dentro del Bosque Nacional es el de S11D, que representa el proyecto más grande en la historia de Vale y la minería de mineral de hierro en el mundo. Numerosos casos en los Informes de Sostenibilidad presentan a este proyecto de mineral de hierro como un ejemplo de minería sostenible. Sin embargo, el proceso para hacerlo factible fue muy controvertido y ocasionó una serie de injusticias ambientales como resultado de la conservación ambiental.

Durante la concesión de licencias ambientales de S11D, la legislación ambiental fue simplificada y Vale convenció a las autoridades ambientales de permitir el aumento de los impactos en el ecosistema canga, con gran importancia ecológica. Por otro lado, el proyecto solo sería autorizado si Vale garantizaba la preservación de un área ambiental similar a la del proyecto. Para cumplir con esta condición, Vale adquirió varias propiedades fuera de los límites del Bosque Nacional. Sin embargo, aproximadamente 5.000 hectáreas de las áreas que fueron compradas por Vale como compensación eran tierras públicas federales ocupadas ilegalmente o reclamadas por familias sin tierra para la creación de asentamientos. Vale adquirió otras mil hectáreas de asentamientos sin el consentimiento del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Las adquisiciones acarrearon expropiaciones violentas y protestas de familias y trabajadores rurales sin tierra. Pese a los reclamos y expropiaciones de decenas de familias, en 2017 se creó el Parque Nacional Campos Ferruginosos.

5. Conclusiones

Este artículo ha examinado la aparente contradicción entre altos estándares de RSE de grandes multinacionales del sector minero y su coexistencia con numerosos conflictos socioambientales. Durante las últimas dos décadas, Vale ha expandido sus operaciones en las fronteras de la extracción de minerales en todo el mundo, generando importantes impactos sociales y ambientales, al mismo tiempo que va adoptando estándares y prácticas de RSE. El principal aporte de este análisis es mostrar que, aun cuando Vale considera su desempeño como responsable y ejemplar, reproduce en realidad injusticias ambientales y, de hecho, está practicando la IRSC. Los casos estudiados sugieren, en primer lugar, que parte de las demandas y movilizaciones sociales parecen no ser consideradas o no recibir la atención de las prácticas de RSE. Como ha sido indicado en varios estudios (SHAMIR, 2004; BANERJEE, 2008; GODFRID, 2016), los reclamos capaces de cuestionar los intereses económicos y la legitimidad de las grandes corporaciones tienden a ser estratégicamente marginados durante el propio proceso de adopción de iniciativas de RSE. En segundo lugar, la adopción de estas iniciativas, en varios de los casos analizados, contribuye a reforzar o producir nuevas injusticias ambientales.

En general, los grupos sociales marginados por las prácticas de RSE en los casos analizados son poblaciones vulnerables e indígenas, cuyas vidas y medios de vida se ven amenazados por la degradación ambiental y la expansión de la extracción de minerales. La exclusión de las perspectivas y demandas de estas comunidades parece verse reforzada por la RSE de Vale, ya que la educación, la cultura, la formación laboral y otras “inversiones sociales” se articulan en torno a una noción de “desarrollo local” o “desarrollo territorial” muy particular, que asume a las comunidades como desarraigadas de su territorio y desvinculadas de los recursos naturales esenciales para su subsistencia. Esta particular noción de desarrollo territorial, que resulta de procesos de toma de decisiones antidemocráticos y excluye perspectivas y valores plurales, es plenamente compatible con los intereses de la empresa, ya que no compromete su expansión territorial y su creciente apropiación privada de los recursos naturales. Así, al canalizar demandas plurales y seleccionar estratégicamente aquellas compatibles con sus proyectos, las prácticas de RSE de Vale no necesariamente buscan resolver problemas sociales y ambientales, sino más bien “resolver”, paliar o despolitizar los conflictos ambientales, o incluso convertirlos en meros problemas técnicos (LI, 2015; BROCK; DUNLAP, 2018; NEYRA, 2020).

Este intento de neutralizar los conflictos parece tener éxito en los Informes de Sustentabilidad de la empresa, que no retratan aspectos importantes de los conflictos ambientales descritos en el mapa temático de Vale, y mucho menos la violencia contra los actores y grupos movilizados. Los principales lectores de estos informes no son, sin embargo, estos actores y otros grupos de interés que sufren los impactos de los proyectos, sino por el contrario los inversores (accionistas y sus representantes), para quienes es de vital importancia que se prevengan o eviten los “riesgos sociales” en las inversiones (ACSELRAD, 2018; MAHER, 2019). En otras palabras, la RSE puede legitimar el desempeño de la empresa desde la perspectiva de algunos grupos, mientras que, para otros grupos, incluso las acciones ejemplares descritas en los Informes, se traducen en realidad en prácticas de IRSC. De hecho, al analizar las prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental de Vale, este artículo mostró que los costos de las inversiones en conservación ambiental o de las reducciones de las emisiones de carbono a menudo recaen sobre las comunidades locales y producen nuevas injusticias ambientales. Sin embargo, estas contradicciones tampoco se traslucen en las evaluaciones e indicadores de las instituciones que informan a los inversores, en las que Vale suele estar muy bien situada.

Iniciativas como el mapa temático de Vale son de mucha importancia, por lo tanto, para reportar conflictos ambientales y resistencias que visibilicen prácticas de IRSC que contrastan con los discursos y evaluaciones presentes en los indicadores de desempeño corporativo y en los informes oficiales de las corporaciones. A pesar del escenario trazado en estos documentos, existe resistencia a los proyectos de Vale y a la expansión de las fronteras de extracción de minerales en todos los conflictos ambientales catalogados. En muchos casos, los actores y grupos resisten porque ven que la degradación ambiental amenaza sus fuentes de sustento y, al hacerlo, también actúan para alcanzar la JA y la sostenibilidad global (MARTÍNEZ-ALIER, 2002; SCHEIDEL et al., 2020). En este sentido, la visibilización de estos actores y de sus reivindicaciones es un paso importante para que las corporaciones sean responsabilizadas por sus pasivos socioambientales, y también para que se abstengan de seguir transfiriendo los costos socioambientales de manera sistemática a terceros.

Agradecimentos

Agradecemos a investigadores, activistas y movimientos que contribuyeron con la construcción de la base de datos, en especial a los autores de los casos y a las siguientes organizaciones: Movimento d@s Atingid@s por Barragens (MAB), Articulação Internacional da Atingid@s pela Vale, Movimento Aguas de Gandarela, FASE, Jubileu Sul Brasil, Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), el grupo de investigación del Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasil, Mining Watch Canadá y JATAM Indonesia. Agradecemos también las valiosas sugerencias de Grettel Navas y Sara Mingorría y la revisión del inglés realizada por Annalisa Powell y Naima Kraushaar-Friesen, que contribuyeron con comentarios importantes para volver el texto más claro. Los autores del ICTA-UAB agradecen el apoyo de la ERC Advanced Grant “EnvJustice” GA 695446.

Anexos

Anexo 1
Conflictos ambientales en el mapa temático de Vale

Caso	Proyecto u operaciones y localización	Grupos sociales mobilizados										Resultados de los conflictos
		Grupos vulnerables							Grupos auto-organizados	Grupos profesionalizados	Grupos institucionalizados	Positivos					Negativos
		Comunidades indígenas/ tradicionales	Colectivos de mujeres	Grupos discriminados	Agricultores	Pescadores	Trabajadores sin tierra	Trabajaadores urbanos				Fortalecimiento dela participación	Mejoras ambientales	Cancelación del proyecto	Compensación	Decisión judicial (victoria)	Decisión judicial (derrota)	Desplazamiento/migración	Criminalización de activistas	Violencia contra activistas	Asesinatos
1	Hidroeléctrica Aimorés (MG, Brasil)
2	Minería de bauxita (PA, Brasil)
3	Proyecto Bayóvar de fosfato (Peru)
4	Hidroeléctrica Belo Monte (PA, Brasil)
5	Plantación de palma (PA, Brasil)
6	Terminal Marítima Tubarão (ES, Brasil)
7	Mina Capão Xavier de minería de hierro (MG, Brasil)
8	Minería en la Reserva RENCA (PA, Brasil)
9	Proyectos Salobo y Sossego de cobre (PA, Brasil)
10	Minería de hierro (MS, Brasil)
11	Proyecto Apolo de minería de hierro (MG, Brasil)
12	Proyecto de carbón (Australia)
13	Refinería de alúmina (PA, Brasil)
14	Mineraloducto de caulim (PA, Brasil)
15	Complejo Sorowako de níquel (Indonesia)
16	Proyecto La Morada de cobre (Peru)
17	Proyecto Onça Puma de níquel (PA, Brasil)
18	Minería de fosfato (SC, Brasil)
19	Puerto Colborne (Canadá)
20	Proyecto Moatize de Carbón (Mozambique)
21	Industria de arrabio (MA, Brasil)
22	Operaciones de níquel (Nueva Caledonia)
23	Proyecto Rio Colorado de potasio (Argentina)
24	Represa de Mariana (MG, Brasil)
25	Terminal Marítima Teluk Rubiah (Malasia)
26	Proyecto Simandou de minería de hierro (Guiné)
27	Proyecto Tres Valles de cobre (Chile)
28	Mina VoiseyMs Bay de níquel (Canadá)
29	Represa de Brumadinho (MG, Brasil)
30	Proyecto S11D de minería de hierro (PA, Brasil)

References

• ACSELRAD, H.(ed.). Políticas territoriais, empresas e comunidades: o neoextrativismo e a gestão empresarial do” social”. Rio de Janeiro: Garamond, 2018.
• ACSELRAD, H.; MELLO, C.; BEZERRA, G. O que é Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
• ANTONELLI, M. Minería transnacional y el dispositivos de intervención en la cultura, en Minería transnacional y narrativas del desarrollo y resistencias sociales. In: SVAMPA, M.; ANTONELLI, M.(ed.). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos, p.51-100, 2009.
• BANERJEE, S.B. Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly. Critical sociology, v.34, p.51-79, 2008.
• BÖHLING, K; MURGUÍA, D; GODFRID, J. Sustainability reporting in the mining sector: Exploring its symbolic nature. Business&society, v.58, p.191-225, 2017.
• BROCK, A.; DUNLAP, A. Normalising corporate conter insurgency: Engineering consent, managing resistance and greening destruction around the Hambach coal mine and beyond. Political Geography, v.62, p. 33-47, 2018.
• BULLARD, R.D. Unequal Protection: Environmental Justice and Communities of Color. San Francisco: Sierra Club Books, 1994.
• BUNKER, S. Joint ventures em ambientes frágeis: o caso do alumínio na Amazônia. Novos Cadernos NAEA, v.3, p.5-45, 2000.
• CARROLL, A.B. Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct. Business&Society, v.38, n.3, p.268-295, 1999.
• CHO, C.H.; PATTEN, D.M. Green accounting: Reflections from a CSR and environmental disclosure perspective. Critical Perspectives on accounting, v.24, n.6, p.443-447, 2013.
• DEL BENE, D.; SCHEIDEL, A.; TEMPER, L. More dams, more violence? A global analysis on resistances and repression around conflictive dams through co-produced knowledge. Sustainability science, v.13, n.3, p.617-633, 2018.
• GARRIGA, E.; MELÉ, D. Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal of Business Ethics, v;53, p.51-71, 2004.
• GODFRID, J. La estrategia comunicacional en el sector mega-minero. Question, v.1, n.50, 2016.
• HALL, A. Developing Amazonia: Deforestation and Social Conflict in Brazil’s Carajás Programme. Manchester: Manchester University Press, 1990.
• HIMLEY, M. Global mining and the uneasy neoliberalization of sustainable development. Sustainability, v.2, n.10, p.3270-3290, 2010.
• HOROWITZ, L.S. Culturally articulated neoliberalisation: corporate social responsibility and the capture of indigenous legitimacy in New Caledonia. Transactions of the Institute of British Geographers, v.40, p.88-101, 2015.
• HUMPHREYS, D. The Remaking of the mining industry. New York, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015.
• JENKINS, H. Corporate social responsibility and the mining industry: conflicts and constructs. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, v.11, p23-34, 2004.
• LI, F. Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism, and Expertise in Peru. Durham, NC: Duke University Press, 2015.
• MAHER, R. De-contextualized Corporate Human Rights Benchmarks: Whose Perspective Counts? Business and Human Rights Journal, v.5, 2020.
• MARTÍNEZ-ALIER, J. The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
• NEYRA, R. Conflictos socioambientales en el Perú, Violencia y extractivismo. Quito: Editorial Abya Yala, 2020.
• PANTOJA, I. Ação empresarial e planejamento social privado: um estudo de caso sobre relações empresa-sociedade. In: ACSELRAD, H. (ed.). Políticas Territoriais, Empresas e Comunidades. O neoextrativismo e a gestão empresarial do “social”. Rio de Janeiro, Garamond, p.235-260, 2018.
• PARSONS, R, LACEY J, MOFFAT K. Maintaining legitimacy of a contested practice: How the minerals industry understands its “social licence to operate.” Resources Policy, v.41, p.83-90, 2014.
• PORTO, M.F.; FINAMORE, R. Riscos, saúde e justiça ambiental: o protagonismo das populações atingidas na produção de conhecimento. Cien. Saude Colet, v.17, p.1493-1501, 2012
• PRNO, J.; SLOCOMBE, D.S. Exploring the origins of “social license to operate” in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories. Resources Policy, v.37, n.3, p.346-357, 2012.
• RIERA, M.; IBORRA, M. Corporate social irresponsibility: review and conceptual boundaries. European Journal of Management and Business Economics, v.26, n.2, p.146-162, 2017.
• ROCHE, C.; THYGESEN, K.; BAKER, E.(eds.). Mine Tailings Storage: Safety Is No Accident. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal, 2017.
• ROGER, P. Le sort d’une usine de nickel menacée de fermeture en Nouvelle-Calédonie s’immisce dans la campagne du référendum. Le Monde. 9 sept 2020. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/09/nouvelle-caledonie-l-australien-ncr-renonce-au-rachat-de-l-usine-de-nickel-detenue-par-le-bresilien-vale_6051509_3234.html
  » https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/09/nouvelle-caledonie-l-australien-ncr-renonce-au-rachat-de-l-usine-de-nickel-detenue-par-le-bresilien-vale_6051509_3234.html
• SAES, B.M. Comércio ecologicamente desigual no século XXI: evidências a partir da inserção brasileira no mercado internacional de minério de ferro. Rio de Janeiro: Garamond, 2018.
• SAES, B.M.; BISHT, A. Iron ore peripheries in the extractive boom: A comparison between mining conflicts in India and Brazil. The Extractive Industries and Society, v.7, n.4, p.1567-1578, 2020.
• SAES, B.M.; MURADIAN, R. What misguides environmental risk perceptions in corporations? Explaining the failure of Vale to prevent the two largest mining disasters in Brazil. Resources Policy, v.72, p.102022, 2021.
• SCHEIDEL, A.; DEL BENE, D.; LIU, J.; NAVAS, G.; MINGORRÍA, S.; DEMARIA, F.; ÁVILA, S.; ROY, B.; ERTOR, I.; TEMPER, L.; MARTÍNEZ-ALIER, J. Environmental conflicts and defenders: A global overview. Global Environmental Change, v.63, p.102104, 2020.
• SHAMIR, R. The de-radicalization of corporate social responsibility. Critical Sociology, v.30, n.3, p.669-689, 2004.
• TEMPER, L.; DEL BENE, D.; MARTINEZ-ALIER, J. Mapping the Frontiers and Front Lines of Global Environmental Justice: The EJAtlas. Journal of Political Ecology, v.22, n.1, p.255-278, 2015.
• TEMPER, L.; DEMARIA, F.; SCHEIDEL, A., DEL BENE, D.; MARTINEZ-ALIER, J. The Global Environmental Justice Atlas (EJAtlas): ecological distribution conflicts as forces for sustainability. Sustainability Science, v. 13, n. 3, p. 573-584, 2018.
• VALE. Relatório de Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Vale, 2006-2018. http://www.vale.com/brasil/PT/investors/information-market/annual-reports/sustainability-reports/Paginas/default.aspx
  » http://www.vale.com/brasil/PT/investors/information-market/annual-reports/sustainability-reports/Paginas/default.aspx
• VALE. Vale - Nossa História. Rio de Janeiro: Brasil Verso Editora, 2012b.
• WAGNER, L., GIRAUD, M. El proyecto minero Potasio Río Colorado: Conflicto socioambiental, impactos regionales y falta de integralidad en la evaluación ambiental. In: ALIMONDA, H. (ed.). La Naturaleza colonizada: Ecología política y minería en América Latina. Bs As: CLACSO, p. 261-288, 2011.
• WAGNER, L. Environmental Justice. In: KALTMEIER, O.; TITTOR, A.; HAWKINS, D.; ROHLAND, E.(eds.) The Routledge Handbook to the Political Economy and Governance of the Americas. Routledge, p.93-102, 2020.
• GIRAUD, M. Privilegios inadmisibles. In: LEWKOWICZ, J. Por qué suspendió el proyecto, Página 12, 1st April 2013. https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-217039-2013-04-01.html
  » https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-217039-2013-04-01.html

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  03 Nov 2021
• Fecha del número
  2021

Histórico

• Recibido
  26 Mar 2021
• Acepto
  22 Mayo 2021