INDICADORES DE LA NECROPOLÍTICA SOCIOAMBIENTAL BRASILEÑA

Resumen

En el contexto de la crisis socioambiental en la Amazonia Legal, este artículo tiene como objetivo identificar los vínculos entre las acciones del actual gobierno brasileño (2019-2022) y la necropolítica socioambiental. Entre los objetivos específicos, la investigación propuesta pretende demostrar la participación del actual gobierno federal en el aumento de los incendios, la deforestación, las invasiones de territorios indígenas, la minería ilegal y la violencia en la Amazonia Legal. A partir del trabajo de Achille Mbembe, este estudio busca delimitar una crisis humanitaria originada en la necropolítica del gobierno Bolsonaro. Utilizando una metodología cuantitativa, esta investigación comenzó con la recolección de datos relacionados con la desarticulación de las normas ambientales que garantizan las políticas públicas, los discursos oficiales que incitan a la violación de las normas ambientales y la inercia en la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonía y contra los pueblos indígenas desde enero de 2019 hasta agosto de 2022. En un análisis cualitativo, tales datos se insertaron en un marco analítico derivado de la obra de Mbembe sobre la necropolítica. Como resultado, se refuerzan y justifican las acusaciones de crímenes contra la humanidad contra el Presidente de la República ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Palabras clave:
crimen contra la humanidad; gobierno federal brasileño; medio ambiente; necropolítica socioambiental; Tribunal Penal Internacional

Resumo

No contexto de crise socioambiental que se evidencia na Amazônia Legal, este artigo tem como objetivo geral identificar vínculos entre as ações do governo brasileiro vigente (2019-2022) e a necropolítica socioambiental. Dentre os objetivos específicos, a investigação proposta visa a demonstrar a participação do governo federal em vigor no aumento dos incêndios, desmatamentos, invasões a territórios indígenas, garimpo ilegal e violência na Amazônia Legal. Com base na obra de Achille Mbembe, este estudo busca delimitar uma crise humanitária originada na necropolítica do governo Bolsonaro. Fazendo uso de uma metodologia quantitativa, esta pesquisa partiu da coleta de dados relacionados à desarticulação de normas ambientais garantidoras de políticas públicas, discursos oficiais de incitação à violação de normas ambientais e inércia no combate a crimes ambientais na Amazônia e contra os povos indígenas no período de janeiro de 2019 a agosto de 2022. Em uma análise qualitativa, tais dados foram inseridos em um quadro analítico derivado da obra de Mbembe sobre a necropolítica. Como resultado, restam reforçadas e justificadas as denúncias de crime contra a humanidade que tramitam contra o Presidente da República perante o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Palavras-chave:
crime contra a humanidade; governo federal brasileiro; meio ambiente; necropolítica socioambiental; Tribunal Penal Internacional

Abstract

Within the context of the socio-environmental crisis evident in the Legal Amazon region, this article aims to identify links between the actions of the current Brazilian government (2019-2022) and socio- -environmental necropolitics. Among the specific objectives, the proposed investigation seeks to demonstrate the involvement of the current federal government in the increase of fires, deforestation, invasions of Indigenous territories, illegal mining, and violence in the Legal Amazon region. Drawing from Achille Mbembe’s thesis, the study aims to delineate a humanitarian crisis stemming from the necropolitics of the Bolsonaro government. Employing a quantitative methodology, the research involved collecting data related to the dismantling of environmental norms that guarantee public policies, official discourses inciting the violation of environmental norms, inertia in combating environmental crimes in the Amazon and against Indigenous peoples, spanning from January 2019 to August 2022. In a qualitative analysis, these data were integrated into the analytical framework derived by the authors from Mbembe’s work on necropolitics. As a result, the accusations of crimes against humanity filed against the Brazilian president the International Criminal Court (ICC) are further reinforced and justified.

Keywords:
crimes against humanity; Brazilian federal government; environment; socio-environment necropolitics; International Criminal Court

Introducción

El tema se ha elegido debido a la violencia del asesinato de Dom y Bruno ¹ mientras trabajaban en favor de los pueblos indígenas de la Amazonia, y la indiferencia del gobierno federal ante lo ocurrido. La destrucción del medio ambiente brasileño durante el mandato del actual gobierno (2019-2022) es evidente y tiene consecuencias directas y permanentes, tanto por la usurpación de los recursos naturales del país, en un contexto nacional, como por la propulsión del calentamiento climático global.

En un ambiente de extrema inseguridad jurídica, los grupos vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, se ven muy afectados. En ese contexto, la pregunta central de la investigación fue: ¿En qué medida las acciones del actual gobierno brasileño en materia socioambiental están ancladas en elementos constitutivos de una necropolítica socioambiental?

Metodológicamente, se empezó por recopilar y analizar datos relacionados con la desarticulación de las normas ambientales que garantizan las políticas públicas, los discursos oficiales que incitan a la violación de las normas ambientales y la inercia en la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonia y contra los pueblos indígenas, desde enero de 2019 hasta agosto de 2022. El marco temporal de los datos corresponde al período comprendido entre la toma de posesión del actual jefe del Poder Ejecutivo y la finalización del presente texto.

Este estudio también incluyó un análisis teórico, con investigación bibliográfica y revisión de la literatura, con el objetivo de identificar posibles vínculos entre las acciones del actual gobierno federal y una necropolítica socioambiental. La elección epistemológica de los autores, priorizó los enfoques decoloniales y los pensadores de países ajenos al eje eurocéntrico. A partir de esa premisa, los autores derivaron elementos que conforman el concepto de necropolítica para desarrollar un marco analítico de los hallazgos de la investigación.

La necropolítica se entiende aquí como la administración del terror y como una política que destruye cualquier vínculo que no sea de enemistad. El marco analítico sirve para verificar en qué medida las acciones del gobierno se acercan o se alejan de los elementos constitutivos de la necropolítica ( Tabla 1 ).

1 La política socioambiental de Brasil de 2019 a 2022

En esta sección se presentarán algunas acciones gubernamentales que pueden identificarse como constitutivas de prácticas necropolíticas. Para ello, los autores han elaborado un marco analítico derivado del trabajo de Mbembe ( 2017 ) ( Tabla 1 ).

Tabla 1
. Elementos constitutivos de la necropolítica

Elemento Constitutivo de la Necropolítica (EC)	Descripción
EC1 = Concepto	Administración del terror
EC2	Relación sin deseo
EC3	Destrucción de cualquier vínculo que no sea el de enemistad
EC4	Sólo se puede ejercer el poder a costa de la vida de alguien
EC5	No se trata de disciplinar, sino de eliminar poblaciones indeseables
EC6	Genera grupos que se acostumbran a vivir en el filo de la navaja, en los márgenes de la vida
EC7	Saca a la luz a personas para las que vivir siempre significa rendir cuentas ante la muerte.
EC8	Su elemento fundador es el racismo
EC9	Suspensión de derechos con el argumento de protegerlos

2017

Se analizará del siguiente modo: se comparará la actuación del Gobierno con los elementos constitutivos de la necropolítica descritos en la Tabla 1 .

En primer lugar, es necesario destacar que el actual gobierno federal (2022) no cumple con el derecho fundamental de acceso a la información, contenido en el art. 5, XXXIII, de la Constitución Federal Brasileña ( BRASIL, 1988 ). Eso se materializa en discursos descalificadores de materiales producidos por órganos y técnicos especializados en un contexto de irregularidades en la gestión de datos socioambientales. Falta claridad y difusión adecuada de los datos socioambientales por parte de las fuentes oficiales; por lo que la recopilación de los datos en los que se basa este estudio ha sido laboriosa, pero, aun así, es lo suficientemente voluminosa y explícita como para demostrar los resultados obtenidos.

Entre los datos recolectados, se relevaron y analizaron aquellos relacionados con la desarticulación de normas ambientales que garantizan políticas públicas, incluyendo medidas provisorias, Proyectos de Ley iniciados por el Poder Ejecutivo Federal y Decretos emitidos por el Presidente de la República durante el período propuesto. Los discursos oficiales que incitan a infringir la normativa ambiental son notorios y se han recopilado de sites gubernamentales y mediáticos. Por su parte, los datos sobre la inercia en la lucha contra los crímenes ambientales en la Amazonia y contra los pueblos indígenas se obtuvieron esencialmente del Programa TerraBrasilis del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), del Sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real (Deter), de la Red MapBiomas, del Programa Brasileño de Monitoreo de la Selva Amazónica por Satélite (Prodes), de la ONG SOS Amazonia y del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente en la Amazonia (Imazon).

TerraBrasilis es la plataforma del Inpe para organizar, acceder y utilizar los datos geográficos producidos por sus programas de vigilancia ambiental a través de un portal web. Disponible desde 2015, se alimenta de los datos del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter), un sistema de alerta cuya función es apoyar el seguimiento y el control de la deforestación y la degradación forestal del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA). MapBiomas es una Organización No Gubernamental (ONG), formada por varias asociaciones civiles, que reúne la información recogida a lo largo del año y verifica los datos, eliminando las interferencias, para presentar los datos consolidados del año anterior.

Los datos sobre el crecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas fueron compilados a partir del Atlas da Violência 2021 ( IPEA, 2021 ), producido por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) en conjunto con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), y el Consejo Indigenista Misionero ( CIMI, 2016 , 2021 ), con base en los informes de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, que provienen de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai). Aunque los resultados son significativos, también debe considerarse el número de subregistros, así como la gravedad de la violencia, que a menudo no se denuncia adecuadamente, entre otras cosas porque la mayoría de los asesinatos tienen motivos desconocidos o no declarados; la encuesta no diferenció las muertes en función del género.

Los datos recogidos a lo largo de este estudio muestran un entorno de inseguridad jurídica e incertidumbre extrema en relación con los derechos socioambientales en los últimos cuatro años en Brasil. Antes de detallarlos, conviene señalar, además, que esta investigación se centró en el relevamiento de: (i) información vinculada a la desarticulación de las normas que garantizan las políticas públicas ambientales; (ii) discursos oficiales que incitan a la violación de las normas ambientales; y (iii) inercia en el combate a los delitos ambientales y contra los pueblos indígenas dentro de la Amazonia, en el período comprendido entre enero de 2019, cuando tomó posesión el actual titular del Ejecutivo, y agosto de 2022, cuando finalizó la redacción de este texto.

En las tablas siguientes, se ha mantenido el orden cronológico de las acciones del Gobierno para que el lector pueda seguir la trayectoria del propio gobierno.

Tabla 2 . Acciones de gobierno y vínculos con la necropolítica – 1º/1/2019 al 11/4/2019

Fecha	Acciones del Gobierno	Elemento Constitutivo de la Necropolítica (EC)
1º/1/2019	El jefe del Poder Ejecutivo transfirió el proceso de identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de las tierras indígenas de la FUNAI al Mapa a través de la Medida Provisoria (MP) 870 ( BRASIL, 2019j ), que luego se convirtió en la Ley n. 13.844 de 2019 ( BRASIL, 2019h ).	EC3 EC6
28/2/2019	Se publicaron en el Diario Oficial de la Unión los decretos n. 107 a 127 del Ministerio de Medio Ambiente, en los que se da publicidad a la destitución de 21 de los 27 superintendentes del Ibama en diversos Estados ( BRASIL, 2019k ).	EC3 EC6
29/3/2019	Publicación del Decreto n. 9.741/2019 ( BRASIL, 2019c ), por el cual el Presidente de la República redujo drásticamente el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, lo que resultó en el bloqueo de R$ 187,4 millones, equivalentes al 22,7% de su presupuesto discrecional ( PINA, 2019 ).	EC3 EC4 EC9
11/4/2019	Mediante el Decreto n. 9.759/2019, el Presidente de la República extinguió los Comités y Consejos encargados de activar el Plan Nacional de Contingencia para Incidentes de Contaminación por Hidrocarburos en el Agua, imposibilitando su actuación ( IBAMA, 2019 ).	EC3 EC6
11/4/2019	Después de que el ministro de Medio Ambiente anunció su intención de compensar a los propietarios rurales que fueron expropiados por tener propiedades dentro de las unidades de conservación con recursos del Fondo Amazonia, el 17/05/2019 ( BARBOSA, 2019 ), por lo tanto, para la regularización de tierras, un acto que no está permitido por la gobernanza del fondo ( FUNDO AMAZÔNIA, 2022 ), también a través del Decreto n. 9.759/2019, el Presidente de la República extinguió el Comité Técnico (CTFA) y el Comité de Orientación (COFA) del Fondo Amazonia ( BRASIL, 2019d ).	EC3 EC9
11/4/2019	A través del Decreto n. 9.760/2019, posteriormente establecido por la Ordenanza Conjunta 1/2019, se creó el Centro de Conciliación Ambiental para la revisión de las multas ambientales impuestas por el Ibama ( BRASIL, 2019e , 2019l ). Como resultado, las multas ambientales cayeron un 29,4% en agosto de 2019 ( SHALDERS, 2019 ).	EC3 EC9
29/8/2019	Durante una transmisión en directo en las redes sociales, el Presidente de la República declaró que revisaría la demarcación de las tierras indígenas debido a sospechas de irregularidades relacionadas con la venta de tierras protegidas a extranjeros para su explotación; sin presentar ninguna prueba, declaró: “es demasiada tierra para tan pocos indios” ( É MUITA TERRA, 2019 ).	EC1 EC3 EC5 EC8
30/8/2019	Identificado oficialmente el 30/8/2019, aproximadamente cuatro meses después del Decreto n. 9.759/2019, un derrame de petróleo golpeó la costa brasileña y alcanzó una franja costera de 4.334 km en 11 estados costeros hasta el 22/11/2019; es el mayor derrame de crudo de la historia de Brasil y uno de los más extensos jamás registrados en el mundo ( PENA et al. , 2020 ). Aun así, pasaron 41 días antes de que el gobierno federal empezara a ocuparse del vertido ( IBAMA, 2019 ).	EC3 EC6

Fuente: elaborada por los autores.

El Fondo Amazonia se creó hace más de diez años y consiste básicamente en fondos donados por Noruega y Alemania para proyectos de control y reducción de la deforestación en la región. Lo gestiona el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Hasta que fue cancelado por el actual gobierno federal, ya se habían donado más de 3.000 millones de reales a proyectos de investigación y generación de ingresos en la Amazonia ( FUNDO AMAZÔNIA, 2022 ).

La declaración de destinar recursos del Fondo Amazonia a la regularización fundiaria – acto no permitido por la gobernanza del fondo –, sumada a la extinción del Comité Técnico (CTFA) y del Comité de Orientación (Cofa) por el Decreto n. 9.759/2019 ( BRASIL, 2019d ), sin que se restableciera la gobernanza, significó la paralización de la distribución de valores por un total de 2.900 millones de reales en 2020. El comprometimiento del Fondo Amazonia es objeto de la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) 59, una de las acciones del “Paquete Verde”, que se encuentra ante el Supremo Tribunal Federal ( STF, 2022b ).

Tabla 3 . Acciones de gobierno y vínculos con la necropolítica – el 29/5/2019

Fecha	Acciones del Gobierno	Elemento Constitutivo da Necropolítica (EC)
29/5/2019	Publicación del Decreto Presidencial n. 9.806/2019, que modificó la composición del Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), principal órgano consultivo y deliberativo de la Política Nacional de Medio Ambiente, reduciendo el número de consejeros de 96 a 23, con 17 representantes del Gobierno y sólo 4 consejeros de entidades ambientales y 2 consejeros de entidades empresariales, y asignando la presidencia del órgano al entonces ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles ( BRASIL, 2019f ).	EC3 EC9

Fuente: elaborada por los autores.

En sentido estricto, el CONAMA es un órgano colegiado reflejo del régimen democrático, integrado por los poderes públicos, el sector empresarial y las organizaciones ecologistas, y que, entre otras cosas, se encarga de establecer normas para la autorización de actividades potencialmente contaminantes, controlar la creación y gestión de Unidades de Conservación (UC), ordenar la realización de estudios sobre las alternativas y posibles consecuencias ambientales de proyectos públicos o privados y evaluar periódicamente la aplicación y ejecución de las políticas y normas ambientales del país, estableciendo sistemas de indicadores ( BRASIL, 1981 ). Para Rocha Neto ( 2021, p. 299 ), es “justo decir que el contexto político actual es de debilitación de la participación y, por tanto, de las instancias de decisión compartidas”.

Tabla 4 . Acciones de gobierno y vínculos con la necropolítica – el 18/6/2019

Fecha	Acciones del Gobierno	Elemento Constitutivo de la Necropolítica (EC)
18/6/2019	El Presidente de la República emitió la Medida Provisoria (MPV) n. 886, retirando nuevamente la competencia de la Funai para demarcar tierras indígenas, pero manteniendo el órgano dentro del Ministerio de Justicia debido a una determinación previa del Congreso Nacional ( BRASIL, 2019a ). La MPV n. 886 fue convertida en la Ley n. 13.901/2019, la cual pasa a prever la organización básica de los órganos de la Presidencia de la República y de los Ministerios, en lo que se refiere al Consejo Nacional de Política Indigenista (XV), zonificación económica ecológica (VIII) y demás disposiciones que alteran secretarías, subsecretarías y cargos de carácter especial, entrando en vigor en noviembre del mismo año ( BRASIL, 2019i ). Cabe añadir que la exposición de motivos – que se refiere erróneamente a la MPV 870 y no a la 886 – está firmada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Onyx Lorenzoni, y el ministro de Economía, Paulo Roberto Nunes Guedes.	EC3 EC7 EC9

Fuente: elaborada por los autores.

Esta acción mostró un claro vínculo no sólo con los elementos constitutivos 3 (que enfatiza la enemistad) y 9 (que suspende los derechos bajo el pretexto de protegerlos), sino también con el EC7, que condena a los grupos vulnerables a reducir su existencia al acto de rendir cuentas ante la muerte. Se trata de uno de los vínculos más fuertes entre las acciones gubernamentales y los fundamentos de la necropolítica socioambiental.

Tabla 5 . Acciones de gobierno y vínculos con la necropolítica – del 1º/7/2019 al 7/08/2019

Fecha	Acciones del Gobierno	Elemento Constitutivo de la Necropolítica (EC)
Julio /2019	El líder de la aldea de Mariry, de la etnia Wajãpi, en Amapá, murió apuñalado después de que un grupo de 50 mineros fuertemente armados invadiera la aldea, que pidió ayuda a través de las redes sociales y de organismos institucionales sin recibir ninguna respuesta adecuada del Estado ( INVASÃO A TERRA, 2019 ).	EC1 EC3 EC4
3/7/2019	Cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), a partir del sistema “TerraBrasilis”, mostraron que la deforestación en el bioma de la Amazonia en junio/2019 (920,4 km 2 ) fue 88% mayor que en junio/2018 (488,4 km 2 ) ( TERRABRASILIS, 2019b ). Los aumentos de la deforestación en las áreas indígenas de la Amazonia son aún más alarmantes. En la Tierra Indígena Ituna-Itatá (TI), que fue la más afectada de todas las áreas enumeradas, el área deforestada pasó de 15,72 km 2 en 2018 a 119,96 km2 en 2019. En la Tierra Indígena Apyterewa, la deforestación pasó de 18,91 km 2 en 2018 a 85,27 km2 en 2019 ( TERRABRASILIS, 2019c ).	EC7
7/8/2019	Se publicó en el Diario Oficial de la Unión (DOU) la Ordenanza n. 2.170 que exonera a Ricardo Galvão del cargo de Director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) ( BRASIL, 2019n ), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, encargado de recopilar los datos de deforestación, tras un enfrentamiento público entre él y el titular del Ejecutivo por la calidad y publicidad de los datos de deforestación divulgados por el órgano ( A POLÊMICA, 2019 ). Galvão, profesor del Instituto de Física de la USP, estaba cedido al Inpe, donde había trabajado como investigador durante más de 40 años ( FERREIRA; DIAS; ESCOBAR, 2019 ).	EC3

Fuente: elaborada por los autores.

El 10 de agosto de 2019, productores rurales iniciaron un movimiento conjunto de incendios forestales criminales, articulado a través de grupos de WhatsApp, que se conoció como el “Día del Fuego”. Al tratarse de un crimen ambiental, sus daños no han respetado fronteras; el humo generado por los incendios en la Amazonia en el “Día del Fuego” recorrió miles de kilómetros y llevó su humo hasta São Paulo, convirtiendo el día en noche ( MONCAU, 2020 ). Los datos satelitales recogidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) revelan un aumento de más del 300% en el volumen de incendios en el norte del país en comparación con las cifras del día anterior ( MACHADO, 2019 ). El periodista que denunció el “día del fuego” está bajo amenaza ( SILVÉRIO et al. , 2019 ).

Tabla 6 . Acciones de gobierno y vínculos con la necropolítica – del 14/8/2019 al 1/10/2019

Fecha	Acciones del Gobierno	Elemento constitutivo de la Necropolítica (EC)
14/8/2019	Hasta el 14/8/2019, se han producido alrededor de 32.728 focos de incendio solo en el bioma amazónico, lo que supone un aumento de alrededor del 60% en comparación con la media de los tres años anteriores en el mismo período ( SILVÉRIO et al. , 2019 ).	EC3
24/9/2019	El Presidente de Brasil declaró, en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que la Amazonia “no está siendo devastada ni consumida por el fuego, como mienten los medios de comunicación” ( OLIVEIRA; ARAÚJO, 2022 ).	EC3
30/9/2019	Durante una reunión con empresarios en Arabia Saudí en nombre del foro de inversión Future Investment Initiative , el presidente brasileño afirmó que los indígenas eran los responsables de los incendios en la Amazonia ( OLIVEIRA; ARAÚJO, 2022 ).	EC3
1 o /10/2019	Mediante la Ordenanza n. 1.597/2019, el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública destituyó a Bruno Pereira del cargo de coordinador general de Indios Aislados y Recién Contactados de la Dirección de Protección Territorial de la Fundación Nacional del Indio ( BRASIL, 2019m ).	EC3
26/11/2019	El Poder Ejecutivo propuso el Proyecto de Ley 6.162/2019, que consiste en un “Plan de Desarrollo Regional de la Amazonia para el período 2020 a 2023” ( BRASIL, 2019b ).	EC3 EC4 EC5 EC9

Fuente: elaborada por los autores.

El Anexo III del referido Proyecto de Ley –n. 6.162/2019- contiene una serie de conceptos indeterminados permeados por el término “sustentable”, con fuertes indicios de incentivar actividades impropias de la región amazónica, tales como: “mejorar el flujo de commodities” (6.2), “implantación de un programa de biorrefinería” (6.17), “construcción y pavimentación asfáltica” (4.4), “creación de incubadoras” (2.6) ( BRASIL, 2019b ).

En una guerra, también discursiva, el actual gobierno federal utiliza las palabras como estrategias de desarrollo para descaracterizar a las comunidades, el territorio y liberar el uso del bosque a nivel nacional e internacional. El Proyecto de Ley n. 6.162/2019 sirve para caracterizar el desmantelamiento de las políticas públicas ambientales y la falta de atención que el gobierno federal está prestando al tema, dado que la propuesta apunta a dos caminos posibles: el cambio o la extinción de (i) las instituciones responsables y (ii) las políticas públicas, en nombre del escenario de desarrollo regional del país, especialmente en la región Amazónica ( BRASIL, 2019b ).

Se trata de una acción más comprometida con las políticas de enemistad (EC3) y las prácticas que, al invisibilizar a los grupos indígenas, tienden a condenarlos a la condición de grupos indeseables frente al rodillo compresor del “desarrollo” (EC4, EC5 e EC9).

A lo largo de 2019, los focos de incendio en Brasil superaron la media de los últimos 22 años en enero, febrero, abril y agosto. En la Amazonia Legal, las cifras superaron la media del periodo de veinte años en febrero, mayo y agosto, y también superaron el máximo en marzo y abril ( SILVÉRIO et al. , 2019 ). El mayor número de incendios en 2019, cuando la estación seca fue más suave, indicó que la deforestación podría ser un factor que alimentara las llamas, ya que la relación entre los focos de incendio y la deforestación registrada desde principios de año hasta julio/2019 fue especialmente fuerte. La concentración de incendios forestales en áreas recientemente deforestadas con sequía leve fue un claro indicio de la naturaleza intencionada de esos incendios, que fueron provocados para limpiar dichas áreas ( SILVÉRIO et al. , 2019 ).

En 2019, la Amazonia brasileña ya había perdido el 17% de sus bosques. En ese momento, los expertos estimaron que, si ese porcentaje alcanzaba entre el 20% y el 25%, “llegaremos al punto de inflexión crítico e irreversible, a partir del cual el bioma se convertirá en sabana” ( LOVEJOY; NOBRE, 2018 ). La deforestación entre enero y julio de 2019 (km ² ) en los diez municipios de la Amazonia corresponde a: (1) Apuí/AM: 151,0 km; (2) Altamira/PA: 297,3 km; (3) Porto Velho/RO: 183,5 km; (4) Caracaraí/RR: 16 km; (5) São Félix do Xingu/PA: 218,9 km; (6) Novo Progresso/PA: 67,8 km; (7) Lábrea/AM: 197,4 km; (8) Colniza/MT: 82,4 km; (9) Novo Aripuanã/AM: 122,3 km; y (10) Itaituba/PA: 67,8 km (adaptado de Ipam, “Amazônia em chamas” ( SILVÉRIO et al. , 2019 ), con datos de Inpe y SAD/Imazon). Datos del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia ( FONSECA et al. , 2019 ) muestran que en septiembre de 2019 se deforestaron 802 km ² en la Amazonia Legal, un 80% más que en septiembre de 2018. Según el Sistema de Alerta de Deforestación (SAD) de Imazon, el monitoreo de los últimos dos años avanza y la selva ya perdió, en términos comparativos, el equivalente a 2.000 canchas de fútbol por día, con la mayor devastación en los últimos 15 años ( IMAZON, 2022 ).

Tabla 7 . Acciones de gobierno y vínculos con la necropolítica – 6/2/2020 al 28/6/2021

Fecha	Acciones del Gobierno	Elemento Constitutivo de la Necropolítica (EC)
6/2/2020	El Poder Ejecutivo propuso el Proyecto de Ley n. 191/2020 para “reglamentar” el §1 del art. 176 y el §3 del art. 231, ambos de la Constitución Federal ( BRASIL, 1988 ), para autorizar la exploración y explotación de recursos minerales e hidrocarburos, el uso de recursos hídricos para generar electricidad y la siembra de cultivos transgénicos en tierras indígenas, así como establecer indemnizaciones por la “restricción del usufructo” de tierras indígenas ( BRASIL, 2020b ).	EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC8
22/04/2020	En una reunión ministerial presidida por el jefe del Ejecutivo, el ministro de medio ambiente, Ricardo Salles, afirmó : “hay que hacer un esfuerzo aquí, mientras estamos en ese momento de tranquilidad en cuanto a la cobertura de la prensa, que sólo habla de Covid, y pasar por el aro, cambiando todas las reglas y cambiando las normas”, para, según el ministro, “dar un impulso a la simplificación reglamentaria que necesitamos” ( STF LIBERA, 2020 ).	EC3 EC4 EC9
09/06/2020	El jefe del Poder Ejecutivo ordenó a la Policía Militar de Rondônia que suspendiera el apoyo prestado a los inspectores del Ibama y del ICMBio en las operaciones de lucha contra la deforestación ( MAISONNAVE, 2019 ).	EC4 EC6 EC9
7/07/2020	El jefe del Poder Ejecutivo sancionó con vetos la Ley h. 14.021/2020, que disponía medidas de protección para las comunidades indígenas durante la pandemia de Covid-19 ( BOLSONARO SANCIONA, 2020 ). A lo largo de 2020, se propusieron numerosos MPV, abriendo créditos extraordinarios para diversos sectores de la economía y los Ministerios debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, el gobierno federal vetó 22 disposiciones del plan de emergencia para combatir Covid-19 en territorios indígenas, que preveía medidas de protección para las comunidades indígenas en el mismo período pandémico ( RAMOS, 2020 ). Entre los puntos vetados figuraban la obligación de las autoridades públicas de suministrar artículos como agua potable, material de limpieza, higiene y desinfección; camas de UCI, respiradores y material informativo sobre Covid-19 ( BRASIL, 2020c ).	EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC8 EC9
13/9/2020	El gobierno vigente ha recortado los presupuestos del Ibama y del ICMBio para 2021, reduciendo drásticamente la capacidad operativa del Ibama y del ICMBio. En el caso del Ibama, el recorte de fondos fue del 4%, hasta R$1.650 millones. Del total, R$ 513 millones aún dependían de crédito suplementario a ser aprobado por el Congreso, o sea 31%. En el ICMBio, la reducción fue aún mayor: un 12,8%, hasta 609,1 millones de reales y 260,2 millones de reales (43%) ( BRANT; MACHADO, 2020 ).	EC3
28/9/2020	Ricardo Salles decidió, en la 135ª Asamblea Ordinaria, revocar las cuatro resoluciones del Conama ( SHALDERS, 2020 ), ya que dos de ellos restringían la deforestación y la ocupación en áreas de manglares, bancos de arena y dunas ( BRASIL, 2002 ), y las otras dos contenían restricciones sobre las áreas alrededor de los depósitos de agua, los manglares y los bancos de arena, fomentando la especulación inmobiliaria en áreas con vegetación de las playas y la ocupación de áreas de manglares llamadas “apicuns” para la producción de camarones, en un intento explícito de favorecer al sector hotelero que quería desarrollarse en las zonas costeras ( SALLES APROVA, 2020 ).	EC3
28/06/2021	Bajo el alegato de que era necesario combatir la deforestación, el Presidente de la República autorizó, con la firma del Decreto n. 10.730/2021, el uso de las Fuerzas Armadas de Garantía de la Ley y del Orden (GLO) en tierras indígenas, en unidades federales de conservación ambiental, en áreas federales en general y, a petición del gobernador respectivo, en otras áreas de los Estados afectados, del 28 de junio al 31 de agosto de 2021 ( BRASIL, 2021b ).	EC3

Fuente: elaborada por los autores.

Desde el inicio de la gestión del actual gobierno, menos del 3% de las 155.367 alertas de deforestación en la Amazonia fueron inspeccionadas u ocurrieron en áreas con autorización para suprimir la vegetación; el 85,4% del área no fue inspeccionada o no tenía autorización para supresión; o sea, sólo cerca del 14,6% del área fue inspeccionada o tenía permiso para deforestación ( MAPBIOMAS, 2022 ).

Aguiar ( 2019 ) explica que la Amazonia tiene determinantes de deforestación: (i) motivo territorial (décadas de 1970 y 1980), ganadería extensiva y expansión de la soja (década de 1990); (ii) extracción de madera a través de la creación de las carreteras BR 0101 y BR 230; (iii) minería; y (iv) baja capacidad de aplicación de la preservación ambiental. La deforestación en la región amazónica está directamente relacionada con los criminales incendios forestales.

En agosto de 2020, se registraron un total de 29.307 brotes de incendios en la Amazonia Legal. Los altos niveles de devastación ocurren a pesar del uso de militares, con la Operación Brasil Verde 2, para intentar contener los daños en la región. Las Fuerzas Armadas actúan en la región desde mayo, con un coste de 60 millones de reales al mes ( BRANT; MACHADO, 2020 ).

En 2019, para la prevención y control de incendios forestales en áreas federales prioritarias, el proyecto de presupuesto preveía 29,7 millones de reales, un 37,6% menos que en 2018. En 2020, el Proyecto de Presupuesto Anual (Ploa) preveía una reducción del 27,4% en el presupuesto para la vigilancia ambiental y la lucha contra incendios. El proyecto de presupuesto 2021 preveía 82,9 millones de reales para acciones de control e inspección ambiental, una reducción del 25,4% en comparación con el último año del gobierno Temer (2008) ( BRANT; MACHADO, 2020 ).

El 6 de julio de 2022, el actual ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, compareció ante la Comisión de Supervisión y Control Financiero de la Cámara de Diputados y afirmó medidas para frenar los delitos ambientales y la deforestación, pero los diputados de la oposición niegan las medidas y destacan la debilidad de organismos como el Ibama y el ICMbio, señalando que los presupuestos de los organismos no están desglosados en el Sistema Integrado de Planificación y Presupuesto (Siop). En aquel momento, Leite dijo que ya se había ejecutado “el 68% de la cantidad asignada al Ministerio de Medio Ambiente, el 75% del ICMbio y el 67% del Ibama”, y que casi la mitad de la cantidad estaba condicionada a la aprobación del Congreso ( HAJE, 2022 ).

Poco antes, en junio de 2022, 35 destacadas organizaciones divulgaron un manifiesto alertando sobre la grave situación de obstáculos para el acceso a la información e irregularidades en la gestión de datos en el área socioambiental brasileña, entre los cuales citaron el hecho de que el gobierno federal no produce datos estructurados sobre las acciones de combate a las invasiones de Tierras Indígenas, herramienta esencial para la protección de los pueblos tradicionales ( TRANSPARÊNCIA BRASIL et al. , 2022 ).

En general, se puede decir que la violencia letal contra los pueblos indígenas ha aumentado en la última década; en los 11 años que van de 2009 a 2019, en números absolutos, hubo 2,074 homicidios de indígenas, según datos del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) ( BRASIL, 2020d ). El Atlas de la Violencia ( CERQUEIRA et al. , 2019 ) tiene un capítulo titulado “Violencia contra los indígenas”, que presenta una serie de gráficos que correlacionan la tasa de homicidios de indígenas por Unidad Federativa (UF), que muestran que los crímenes ocurrieron con mayor intensidad en Amazonas (49), Roraima (41) y Mato Grosso do Sul (39).

Los estudios también muestran un aumento en el número de suicidios entre los pueblos indígenas, con una mayor tasa de mortalidad por suicidio entre los hombres indígenas solteros, con 4 a 11 años de escolaridad, en el grupo de edad de 15 a 24 años, en el hogar y los fines de semana, con el ahorcamiento como método principal; más del 90% de los casos tenían la presencia de síntomas de un trastorno mental. Los principales factores de riesgo de suicidio son la pobreza, los factores históricos y culturales, los bajos indicadores de bienestar, la desintegración familiar, la vulnerabilidad social y la falta de sentido de la vida y del futuro ( SOUZA et al. , 2020 ).

El conjunto de acciones gubernamentales que flexibilizan la protección de los territorios indígenas y deshumanizan a los pueblos tradicionales están vinculadas a los elementos constitutivos de la necropolítica socioambiental EC1, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8 y EC9 en la Tabla 1 .

Brasil no se ha ocupado de las actividades realizadas bajo su jurisdicción, en contra del contenido de los acuerdos, pactos y declaraciones de los que es signatario, causando perjuicios transfronterizos a otros países que se toman en serio las cuestiones socioambientales. El discurso de odio y las actitudes perpetradas por el gobierno han provocado la diezma de los pueblos indígenas y la persecución de las comunidades tradicionales, así como el agravamiento de la violencia, la deforestación y los incendios en las zonas rurales de Brasil, y la explotación desenfrenada de los recursos naturales del país.

Consideraciones finales

Los hechos planteados y analizados a lo largo de este estudio se materializan en un entorno de inseguridad jurídica e incertidumbre extrema respecto a los derechos socioambientales en Brasil. El discurso de odio y las actitudes perpetradas por el actual gobierno han provocado la persecución de las comunidades tradicionales, así como el agravamiento de la violencia, la deforestación y los incendios en las zonas rurales brasileñas, y la explotación desenfrenada de los recursos naturales del país. El análisis condujo a la primera constatación: los datos socioambientales de ese gobierno son de difícil acceso y no están integrados en una plataforma; no hay transparencia.

En el contexto de la crisis socioambiental que se evidencia en la Amazonia Legal, este artículo ha presentado, en forma de tablas y un modelo analítico, un repertorio de datos y hechos que vinculan las acciones del actual gobierno brasileño (2019-2022) a la necropolítica socioambiental. Para tal fin, los autores derivaron un marco analítico del trabajo de Achille Mbembe ( 2017 ), adaptando la teoría necropolítica del filósofo camerunés a la realidad brasileña por medio de elementos constitutivos, para orientar la identificación y el análisis de las acciones gubernamentales.

La reciente experiencia brasileña, desde una perspectiva socioambiental, convierte el concepto emergente de necropolítica en una administración del terror contra determinados grupos caracterizados como indeseables. Se trata de una faceta de la política que, en lugar de ampliar los espacios para el uso público de la razón y el diálogo, destruye cualquier vínculo que no sea el de la enemistad. Todas las formas de ejercer el poder se han llevado a cabo a costa de las vidas, sueños y deseos de grupos situados al margen de cualquier posibilidad de acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Ha quedado claro que no basta con controlar o disciplinar, sino con eliminar físicamente poblaciones de grupos nativos, siempre vistos como obstáculos a los procesos de desarrollo. En ese sentido, el conjunto de acciones aquí analizadas ha conducido al surgimiento de grupos poblacionales para los cuales vivir siempre ha venido a significar un proceso de rendir cuentas a la muerte. Tomando como hilo conductor un poderoso instrumento (en muchos casos velado) para la destrucción del Otro –el racismo-, fue posible suspender una lista de derechos con la supuesta justificación de protegerlos.

Se constató que los Proyectos de Ley, Decretos y Medidas Provisionales destinados a desmantelar el Estado Democrático Socioambiental fueron propuestos en mayor volumen en los dos primeros años del actual gobierno (2019-2020), muchos durante la pandemia del Covid-19. El actual titular del Poder Ejecutivo brasileño ha utilizado actos normativos para aplicar el retroceso ambiental, teniendo como modus operandi el desmantelamiento del Estado Democrático Socioambiental, propuestas dirigidas a favorecer la minería y el agronegocio, la reducción de la cobertura forestal amazónica y de los territorios de las poblaciones tradicionales, contrariando los preceptos de la Constitución Federal y los acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario.

El análisis de los datos también puso de relieve un discurso reiterado de deshumanización de las poblaciones tradicionales por parte del jefe del Ejecutivo y sus aliados, que reduce el papel de los indígenas y exalta el de la agroindustria, citando a veces datos falsos y refutando las pruebas científicas. En suma, se ha demostrado un probable involucramiento del actual gobierno federal en el incremento de incendios, deforestación, invasiones de territorios indígenas, minería ilegal y violencia en la Amazonía; en consecuencia, los resultados de esta investigación, además de estar en consonancia con el concepto de necropolítica de Mbembe ( 2017 ), refuerzan y justifican las acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el Presidente de la República ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Es difícil aventurar pronósticos sobre el tiempo que se necesitará para reducir o revertir los vínculos aquí señalados entre las acciones gubernamentales, la necropolítica socioambiental instituida y sus infinitas consecuencias para la Amazonia Legal, su biodiversidad y sociodiversidad.

Referências

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• STF LIBERA vídeo de reunião com Moro e Bolsonaro. DW Brasil, 23 maio 2020. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/stf-libera-v%C3%ADdeo-de-reuni%C3%A3o-com-moro-e-bolsonaro/a-53541463 . Acesso em: 2 set. 2022.
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• VALENTE, R. Projeto de mineração também libera plantio de transgênico em terra indígena. Folha de S.Paulo, 6 fev. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/projeto-de-mineracao-tambem-libera-plantio-de-transgenico-em-terra-indigena.shtml . Acesso em: 29 ago. 2021.
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  A lo largo del texto, los autores mencionan sólo sus primeros nombres – “Dom” y “Bruno”- en un intento de sensibilizar al lector, característico de la metodología decolonial que guía la obra. Se trata de Dominic Mark Phillips (1964-2022), periodista británico que trabajó para importantes periódicos internacionales y vivió en Brasil entre 2007 y 2022, hasta que fue asesinado mientras entrevistaba a indígenas y ribereños para un libro sobre la Amazonia en el Valle de Javari, la segunda mayor tierra indígena de Brasil, en el extremo occidental del Amazonas. Dom fue asesinado junto con Bruno da Cunha Araújo Pereira (1980-2022), indigenista brasileño y funcionario de carrera de la FUNAI, considerado uno de los mayores expertos del país en pueblos indígenas aislados o contactados recientemente y experto en el Valle del Javari.

• Cómo citar este artículo (ABNT)::
  SALOMONI, L. R.; OLIVEIRA, F. G.; SOUZA-LIMA, J. E. Indicadores de la necropolítica socioambiental brasileña. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 21, e212437, 2024. Disponible en: http:// www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/2437. Acceso: día de mes. año.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  05 Abr 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  19 Set 2022
• Acepto
  15 Dic 2023