En búsqueda de patrones que expliquen los montos que otorga la Corte Interamericana de Derechos Humanos por daños morales

In search for patterns explaining the amounts that the Inter-American Court of Human Rights grants as compensation for non-pecuniary damages

Resumen

Este trabajo busca criterios que ayuden a entender el modo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos define el monto de las indemnizaciones que otorga por concepto de daño moral. Para hacerlo, analiza tres tipos de casos que permiten hacer comparaciones: casos relativos a la aplicación de la pena de muerte, casos sobre libertad de expresión y casos en los que la Corte decide no conceder indemnizaciones por daño moral. Dentro de las conclusiones del trabajo, se observa que la Corte utiliza criterios objetivos al determinar los montos que concede como indemnizaciones por daños morales. Tales criterios dependen más del derecho violado, que de los sufrimientos de las víctimas específicas.

Palabras clave:
Corte Interamericana de Derechos Humanos; indemnizaciones; daño moral; pena de muerte; libertad de expresión

Abstract

This paper tries to find patterns that may allow understanding the way how the Inter-American Court of Human Rights defines the amounts it grants as compensations for non-pecuniary damages. In order to do so, this work analyzes three kinds of cases that allow comparisons: cases related to the death penalty, cases about freedom of expression, and cases in which the Court decided not to grant compensations for non-pecuniary damages. Within the conclusions of this paper, we find that the Inter-American Court uses objective criteria for determining the amount it grants as compensation for non-pecuniary damages. Thus, when defining the amount of compensation, the Court takes more into consideration the rights that the State violated than the individual victims’ sufferings.

Keywords:
Inter-American Court of Human Rights; compensations; non-pecuniary damages; death penalty; freedom of expression

1. INTRODUCCIÓN

Se ha afirmado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es tremendamente flexible para determinar los pagos de indemnizaciones, pues ella se ajusta a las circunstancias particulares de los casos, ya sea para considerar que la víctima es una persona, un conjunto de ellas o un pueblo; para dejar en algunos casos abierto el monto de la reparación; para conceder montos únicos o distinguiendo según el tipo de indemnización, y hasta para determinar si mantiene reserva sobre el monto de la compensación¹. Dentro de esta amplia flexibilidad que tiene la corte para revisar las circunstancias de los casos, ¿es posible encontrar criterios objetivos para determinar los montos de las indemnizaciones que deben pagar los Estados que han violado los derechos humanos?

Nuestro trabajo busca encontrar comparar los montos concedidos por la Corte IDH. Esta tarea se ve dificultada porque la jurisprudencia de la Corte IDH tiende a ser muy detallista, en el sentido de que no solo analiza las principales violaciones en cada caso, sino que revisa todas aquellas cuestiones en las que puede haber una violación, aunque sean de poca entidad, o secundarias a los hechos de un caso. Por ello, a pesar de que haya casos con sucesos similares, la determinación de los derechos violados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) puede ser bastante disímil. En consecuencia, no es fácil hacer estudios comparativos de las sentencias de la Corte, pues ellos solo podrán basarse en casos con hechos similares, en los que se hayan declarado violados unos derechos humanos parecidos. En este sentido, la Corte IDH opera en forma distinta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, en el sistema europeo es fácil encontrar casos en los que se violan exactamente los mismos artículos. Incluso, hay muchos casos que analizan la violación de un único artículo, lo que permite hacer estudios cuantitativos como el de Altwicker-Hámori, Altwicker y Petters².

En este trabajo queremos embarcarnos en una primera comparación que permita extraer criterios sobre los montos otorgados por la Corte IDH como indemnización. Al preguntarnos sobre qué tipo de indemnizaciones considerar en este estudio, optamos por las indemnizaciones por daño moral, pues la Corte tiene un mayor grado de discrecionalidad para determinar su cuantía. En efecto, las indemnizaciones por daños materiales debieran seguir, de uno u otro modo, criterios objetivos relativos a los costos asociados a las violaciones cometidas, que pueden ser más o menos probados. En cambio, respecto del daño moral la Corte tiene una mayor libertad para determinar montos que se asocian a realidades inconmensurables, como lo son el dolor, el sufrimiento o la angustia.

2. PRESUPUESTOS Y METODOLOGÍA

Cuando las víctimas hablan de los daños morales que sufrieron, suelen hacer referencia a sentimientos de dolor, angustia, efectos en su salud emocional, perjuicios en sus relaciones familiares o interpersonales, los que muchas veces están avalados por estudios psicológicos o psiquiátricos³. ¿Cómo saber si una persona, en virtud de su particular sensibilidad, sufrió más con el hecho que la afectó? ¿Cómo apreciar en dinero ese dolor? Esto es imposible, especialmente para un tribunal de Derecho. Si una corte no quiere involucrarse en justiprecios inextricables, debe basar sus tasaciones en situaciones objetivas. Hay casos en los que, además de los sentimientos alegados, hay realidades claras que causarían un mayor dolor, por ejemplo, la importancia del derecho humano violado, o si una persona tuvo que abandonar su domicilio producto de amenazas, o si, además de perder a un ser querido, tuvo que ser testigo de cómo lo torturaban, o no pudo darle una sepultura. En muchas ocasiones, estas realidades objetivas tendrán un correlato en el tipo o la cantidad de violaciones que hallará la Corte IDH, por ejemplo, al declarar la ocurrencia de desplazamiento forzado, torturas, desaparición forzada o violaciones al debido proceso. Considerando lo imposible de ponderar el grado de sufrimiento personal, de sensibilidad de la persona afectada, así como el hecho de que gran parte de los elementos agravantes se encuentran contenidos en la definición misma de las violaciones declaradas por la Corte IDH, pareciera que el mejor modo de objetivar la determinación de las indemnizaciones por daño moral es atendiendo a las violaciones declaradas en un caso concreto.

Este estudio se construye sobre el presupuesto de que la coherencia al momento de determinar el daño moral es un bien deseable, pues permitirá que las partes sepan a qué atenerse, y evitará que las víctimas se sientan discriminadas al comparar las reparaciones que se les concedieron con las que se fijaron en otros casos similares. Se ha dicho que es imposible concebir e implementar un sistema absolutamente objetivo de determinación de indemnizaciones, pero que es posible mantener la discreción judicial dentro de límites superiores e inferiores que permitan, tanto la objetividad, como la flexibilidad para ajustarse a ciertos elementos propios de un caso concreto⁴. Esta realidad, así como la necesidad de objetivar la determinación de los daños morales, habría hecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos creara una tabla que fija límites de indemnizaciones respecto de un determinado tipo de violaciones, aunque los montos de dicha tabla, así como el método para calcular la fijación de indemnizaciones se mantenga confidencial⁵.

En el caso de la Corte IDH, no hay indicios de la existencia de una tabla como la recién mencionada, pero observaremos en este estudio que la Corte procura seguir su jurisprudencia en determinados casos. Para hacer comparaciones deben encontrarse casos que tengan similares derechos violados, lo que se facilita cuando se observa un número relativamente bajo de derechos involucrados. Esto también podría lograrse si se tiene un universo amplio de casos para comparar, como podría ocurrir con temas más tradicionales dentro de la jurisprudencia de la Corte, como las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. El problema viene dado, como decíamos previamente, porque generalmente la Corte hace disecciones sobre todas las posibles violaciones que se observan en un caso, incluso remotamente, lo que dificulta encontrar grupos de sentencias que sean relativamente estándares y comparables.

En este trabajo nos inclinamos por elegir la jurisprudencia que considera violados unos pocos artículos. Pareciera ser que comparar dichos casos permitiría alcanzar resultados más precisos que los que se obtengan de las comparaciones de violaciones tradicionales, donde generalmente habrá elementos particulares de cada caso que se materializan en violaciones de artículos adicionales. En virtud de ello, en esta primera aproximación a la comparación de indemnizaciones por daño moral, analizaremos unos pocos tipos de casos: relativos a la pena de muerte y sobre libertad de expresión. También compararemos los casos en los que no se determinó el pago de una indemnización a las víctimas (ni iniciales ni derivadas⁶), pues ellos son relativamente pocos, y sus características podrían darnos luces adicionales sobre los criterios que utiliza la Corte IDH. Para simplificar los análisis, comenzamos tratando los grupos con un número menor de casos. Así, analizaremos en primer lugar los casos sobre pena de muerte (un análisis muy breve), en segundo lugar, aquellos donde no se concede daño moral, y en tercer lugar los referidos a la libertad de expresión. Las sentencias de reparaciones de la Corte IDH que usamos para este estudio van desde la primera, de 1989, hasta las dictadas durante el primer semestre de 2021.

3. CASOS SOBRE PENA DE MUERTE

El universo de estos casos es de diez⁷. Se eligió este tipo de materia porque hay bastantes casos parecidos, que llamaremos casos estándar, que involucran solo la violación de los derechos sustantivos⁸ a la vida, a la integridad física y derechos procesales o judiciales. También hay casos que difieren bastante de los llamados estándar, ya que involucran otros hechos, como tortura física, violación o posterior asesinato sin la debida investigación. En el conjunto de casos que se analizan en esta sección predominan los asuntos contra Guatemala y Estados angloparlantes del Caribe, lo que se debe a que tales países mantienen aún vigente la pena de muerte para delitos comunes.

En el caso Martínez Coronado⁹, la Corte IDH sentó una regla para los casos estándar, al afirmar expresamente que no concede indemnizaciones en casos de pena de muerte si las víctimas no son ejecutadas, pero sí lo hace cuando se aplica la pena en violación de la Convención (párr. 114). Efectivamente, en la mayoría de los casos estándar sobre pena de muerte la Corte no ha ordenado el pago de indemnizaciones. Esto se observa tanto cuando las víctimas no solicitaron indemnizaciones¹⁰, como en casos en que sí lo hicieron¹¹. No obstante, hay excepciones, pues en Rodríguez Revolorio, donde no se ejecutó a ninguno de los tres condenados a muerte, se les otorgó una indemnización de US$10.000 a cada uno (dos habían ya fallecido por causas naturales)¹². Atendido que Martínez Coronado -que fijó la regla- y Rodríguez Revolorio -la excepción- son de 2019, no se entiende este súbito cambio de criterio.

Como se decía al comienzo de esta sección, hay asuntos que se apartan de los casos estándar, en atención a que cuentan con violaciones adicionales¹³. En dichos asuntos, la Corte ha otorgado indemnizaciones, lo que no puede ser objetado desde el punto de vista de que exista un apartamiento de la regla enunciada en el caso Martínez Coronado, pues ella sería solo válida para los casos estándar.

Cabe preguntarse por qué la regla explicitada en Martínez Coronado definió no conceder indemnizaciones por daño moral en casos de pena de muerte. En efecto, en ellos ha habido violaciones de derechos; es indudable que se han causado sufrimientos morales a quienes están condenados a muerte, y dichos sufrimientos eran ilegítimos, en atención a que la sanción se les impuso en violación de la CADH. Podría pensarse que en estos casos la Corte exhibe operar según una variación de la doctrina de las manos limpias, y exigiría no haber cometido violaciones para ser acreedor de una indemnización¹⁴. Sin embargo, ello iría en contra de gran parte de su jurisprudencia de protección de personas justamente condenadas, que fueron víctimas de alguna violación al momento de su aprehensión o durante su prisión. Quizá es más adecuado pensar que la orden de preservar la vida del condenado es algo que supera con creces cualquier otra forma de reparación, aunque ello tampoco termina por convencer, en atención a que la Corte siempre ha afirmado que las reparaciones deben ser in integrum, por lo que es necesario utilizar todos los medios para reparar a los afectados.

En los pocos casos en los que se ha concedido daño inmaterial por haberse ejecutado a la víctima, se observa gran congruencia por parte de la Corte, pues ella fija una indemnización de US$10.000¹⁵. Incluso en el caso excepcional de Rodriguez Revolorio, 2019, donde las víctimas no fueron ejecutadas, también se les asignó US$10.000¹⁶. Este monto fijo no hace distinción entre las características peculiares de cada caso, ni toma en consideración otros elementos, como por ejemplo, el costo de vida en el Estado que viola los derechos humanos.

4. SENTENCIAS QUE NO CONCEDEN INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL

Ahora compararemos los casos en que la Corte condena al Estado, pero no concede indemnización por daño moral a ninguna de las víctimas iniciales ni a sus parientes. No consideramos en este grupo los casos en que la Corte concede un monto único de indemnizaciones (pues no es posible saber si dicho monto incluye tanto daño material como inmaterial). El universo de estos casos es de veinte¹⁷. Al fallar sin conceder una indemnización por daños morales, la Corte recuerda la fórmula que suele incluir en todas sus sentencias, “que la presente Sentencia constituye, per se, una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para las víctimas”¹⁸.

En algunos de estos casos, la Corte no concede indemnizaciones porque el Estado ya ha entregado reparaciones pecuniarias a nivel nacional, y no corresponde indemnizar dos veces por el mismo motivo. Esto se observa en Almonacid Arellano¹⁹, en Masacre de Santo Domingo²⁰, en Tarazona Arrieta²¹ y en Noguera²². El caso de la Masacre de Santo Domingo es particularmente interesante, porque algunas de sus víctimas no habían seguido el proceso contencioso administrativo necesario para ser indemnizadas a nivel nacional, e igualmente la Corte IDH decidió no ordenar indemnizaciones por daño moral, aunque dispuso que el Estado debía otorgar y ejecutar las indemnizaciones que correspondieran²³.

Como ya vimos, varias causas sobre pena de muerte no conceden reparaciones por daño moral²⁴, por lo que hay un par de asuntos contra Guatemala y Barbados en el grupo de casos sin indemnizaciones por daño inmaterial. Además de estos, hay otros Estados cuyos casos predominan en este grupo, por lo que estructuraremos nuestra revisión de los casos restantes sin indemnizaciones por daño moral, siguiendo un orden según Estado demandado. Entre el total de casos en este grupo, se observa un predominio de asuntos contra Perú²⁵. También hay varios casos contra Chile²⁶ y Venezuela²⁷. Los asuntos restantes corresponden a otros Estados, de los cuales ninguno tiene más de dos casos.

Como ya revisamos los asuntos donde no se concede indemnización inmaterial por haber sido ya entregada a nivel nacional, ahora analizaremos los asuntos donde no se había indemnizado en dicho foro. En el caso de Perú, dos de los tres casos restantes sin indemnizaciones corresponden a asuntos sobre garantías judiciales de personas involucradas en actos terroristas²⁸. Ellos no son los únicos casos seguidos contra Perú sobre personas acusadas de terrorismo, por lo que no hay suficientes indicios como para considerar que la Corte IDH tiene en cuenta el historial de los demandantes al momento de ordenar el pago de indemnizaciones. Por eso, no se entiende por qué la Corte consideró en estos casos que la dictación de la sentencia era suficiente reparación; no podemos extraer un criterio fijo. Tampoco queda claro por qué la Corte no concedió indemnización por daño moral en el caso Tribunal Constitucional, donde ella consideró violados los artículos sustantivos 8 y 25, y en que la Comisión Interamericana solicitó el pago de indemnizaciones por el daño moral sufrido en la honra y reputación de las víctimas²⁹. La Corte no expresó ningún motivo para negarla.

Las dos sentencias dictadas en contra de Chile, que no fueron indemnizadas a nivel interno, dicen relación con restricciones a la libertad para acceder a formas de expresión e información. En un caso se trata de una película y en el otro sobre denegación de antecedentes sobre un proyecto forestal³⁰. En estos casos se impide acceder a información que no resulta indispensable para el desarrollo de los proyectos de vida de las víctimas. Ello parece justificar que a la Corte le baste con dar publicidad a los antecedentes solicitados y al fallo favorable a los peticionarios, para compensar los perjuicios morales que estos alegaban.

Entre los tres casos sin indemnización por daño moral seguidos contra Venezuela, llaman la atención los casos Ríos y Perozo. Ellos se refieren a la violación de la libertad de expresión a periodistas, a quienes individuos privados les habrían impedido ejercer sus labores, incluso mediante disparos, y cuyas acciones podría decirse que fueron de algún modo incitadas por pronunciamientos de autoridades estatales. En efecto, la Corte consideró que, “en la situación de vulnerabilidad real en que se encontraron las presuntas víctimas para realizar su labor periodística, conocida por las autoridades estatales, algunos contenidos de los [pronunciamientos de autoridades gubernamentales] son incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos de esas personas a la integridad personal y a la libertad de buscar, recibir y difundir información”³¹. Además, consideró al Estado “responsable por la violación de su obligación de garantizar el derecho a la integridad psíquica y moral” de algunas víctimas³². No es fácil entender por qué la Corte IDH determinó que estos casos no ameritaran una indemnización por daño moral.

El tercer caso sin indemnización respecto de Venezuela es López Mendoza, referido a una persona inhabilitada por la vía administrativa para postular a la alcaldía mayor de Caracas³³. La Corte no consideró adecuado conceder daños morales, en atención a que ni la Comisión Interamericana ni los representantes de la víctima solicitaron un monto específico por daño inmaterial, y porque el único medio de prueba existente en esta materia fue la declaración de la propia víctima, por lo que se consideró como suficiente reparación la dictación de la sentencia³⁴. Atendido que la Corte suele presumir la existencia de daños morales, y que ella no está limitada en la determinación de la indemnización correspondiente por los montos específicos que soliciten la Comisión y los representantes, este caso constituye una excepción imposible de explicar, pues la Corte termina aplicando estándares de una rigurosidad que no usa en otros casos.

Ahora pasaremos a ver los casos sin indemnización por daño moral dictados en contra de otros Estados. Castañeda Gutman, fallado contra México³⁵, puede ser comparado con López Mendoza, recién descrito. Castañeda se refiere también a un candidato que no pudo inscribir su candidatura política -en este caso, presidencial-, pero aquí se dieron argumentos diversos para no dar lugar a la indemnización por daño inmaterial. Se afirmó que el daño moral solicitado por la víctima se fundaba en el artículo 23 de la CADH, sobre derechos políticos, artículo que la Corte no consideró violado³⁶. Lo interesante es que la Comisión Interamericana había solicitado medidas de reparación -las que incluyen el daño moral- basada en una violación del artículo 25³⁷, el que la Corte sí consideró quebrantado³⁸. Por ello, nos volvemos a encontrar frente a un caso donde la Corte no justifica adecuadamente la falta de otorgamiento de indemnización por daño moral.

Quedan pendientes por revisar dos casos, seguidos contra Argentina. El primero es Cantos, donde se consideró que el Estado argentino, a través de su Corte Suprema, había violado los artículos sustantivos 8 y 25 de la CADH al exigirle a un acaudalado empresario pagar unos ciento cuarenta millones de dólares por concepto de “tasa de justicia, multa por falta de pago de la misma, honorarios de los abogados y de los peritos intervinientes e intereses correspondientes, como consecuencia del proceso seguido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”³⁹. En este caso la víctima y la Comisión solicitaban daños morales por cien mil dólares, pero la Corte IDH consideró que la misma sentencia entrañaba una reparación moral suficiente, y le bastó con ordenar que el Estado se abstuviera de cobrar los montos aplicados, y el levantamiento de embargos y otras prohibiciones⁴⁰.

No puede considerarse que ordenar al Estado abstenerse de cobrar los montos aplicados sea una indemnización, en atención a que la Corte IDH consideró que el mismo cobro era una violación de los artículos 8 y 25 de la CADH⁴¹, por lo que dicha orden no constituye una indemnización, sino que una medida de restitución. La Corte no clarifica por qué no concedió la reparación moral monetaria. Una potencial explicación podría ser que, atendido que este caso se refiere principalmente a violaciones con efectos patrimoniales, bastaría para la Corte con que dichos intereses patrimoniales sean debidamente atendidos. Esta explicación sería entendible para una instancia de apelación a nivel nacional, pero no para un tribunal internacional, que no funciona como cuarta instancia en materia patrimonial, sino que busca reparar una violación de derechos humanos. Ésta puede haber tenido su origen en un asunto patrimonial, pero se independizó del mismo, pues la Corte no existe para declarar errores en cálculos patrimoniales, sino que violaciones a derechos consagrados en la CADH.

El segundo caso seguido contra Argentina es Fontevecchia y D’Amico⁴². Se trata de la violación de la libertad de expresión de periodistas que publicaron en una revista hechos sobre la vida personal y sentimental del expresidente Menem, a quienes se les impuso condenas civiles como responsabilidad ulterior por el ejercicio del periodismo⁴³. En este caso, la Corte consideró que su sentencia y la amplia circulación que se le daría, además de la medida de dejar sin efecto decisiones internas, bastaban como reparación suficiente para remediar el daño moral⁴⁴. La Corte no explicó por qué no decretó indemnizaciones por daño moral, lo que desconcierta, atendido que los peticionarios describieron algunos sufrimientos⁴⁵.

Como puede apreciarse, no es fácil encontrar patrones en las sentencias que no otorgan indemnizaciones por daño moral, aparte de los casos en los que ya se han pagado indemnizaciones en el ámbito interno; los casos estándar de pena de muerte, y los casos sobre falta de acceso a información que no genera una afectación al proyecto de vida de las víctimas. En la próxima sección, al revisar los casos de libertad de expresión, nos aventuraremos a proponer un patrón adicional. En todo caso, el último asunto en que la Corte no ordenó pagar indemnizaciones por daño moral, ni a víctimas iniciales ni derivadas (hasta la fecha analizada para este estudio) fue en 2015, por lo que pareciera que la Corte está abandonando su práctica de no conceder daños morales.

5. CASOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

5.1. Delimitación de casos analizables

Un tercer grupo de casos que usaremos para comparar los criterios interpretativos de la Corte son aquellos en que se viola el artículo 13 de la CADH, referido a la libertad de pensamiento y expresión. En efecto, hay un número significativo de casos que incluyen dicho artículo, y es posible encontrar suficientes casos con un número bajo de artículos violados, lo que permite aislar en alguna medida el efecto de la violación del artículo 13 en la determinación de los daños inmateriales. El universo de casos en que se consideró violado el artículo 13 es de treinta y uno⁴⁶. Dentro de ellos, no será posible analizar los casos donde la Corte ordena pagar una sola cantidad que incluye la indemnización por daño material e inmaterial, pues no se sabe qué proporción de esa cantidad corresponde al tipo de indemnización que nos interesa. Dicho tratamiento conjunto se da en los casos Usón Ramírez, sobre sanciones en el fuero militar a un general retirado por afirmaciones contrarias a las Fuerzas Armadas hechas en televisión⁴⁷; Granier, referido a la terminación arbitraria de una concesión de televisión⁴⁸; I.V., sobre una esterilización forzada y violación del acceso a la información de salud⁴⁹, y Carvajal Carvajal, sobre un periodista que fue asesinado luego de denunciar actos de corrupción local y otros ilícitos⁵⁰. Es particularmente lamentable no poder evaluar dos casos. El primero es Usón Ramírez, pues cuenta con bastantes similitudes con el caso Palamara Iribarne, sobre sanciones en el fuero militar a un oficial en retiro, empleado civil de la Armada, por publicar un libro sobre inteligencia militar sin autorización previa⁵¹. El segundo es Granier, que tiene algún parecido con Ivcher Bronstein, referido a la pérdida de derechos del accionista mayoritario en un canal de televisión como represalia por ciertos reportajes que emitió⁵². Esto hace que los casos Palamara e Ivcher sean, en la práctica, casos únicos que no permiten ser comparados, como los que ahora pasaremos a enumerar.

No es posible comparar sentencias que tocan temas muy particulares, en los que existe un único caso, como ocurre con Vélez Restrepo, referido a un periodista agredido gravemente, y posteriormente amenazado y hostigado junto a su familia⁵³, y Grijalva Bueno, sobre un capitán naval sancionado penalmente en procedimientos arbitrarios como una forma de represalia por haber denunciado violaciones graves de derechos humanos⁵⁴.

Dentro de los casos donde se considera violado el artículo 13 de la CADH, hay algunos en que dicha transgresión es un aspecto menor que se encuentra inmerso en violaciones mucho más amplias. Por ello, no puede saberse cuál es la influencia concreta de la violación del artículo 13 en el monto de la indemnización por daño moral, por lo que no será posible analizarlos. Dentro de tales casos hay algunos que cuentan con nueve artículos sustantivos declarados violados, como Masacre de Plan Sánchez, sobre un violento y mortal operativo militar en contra de un poblado indígena⁵⁵; Manuel Cepeda, sobre un senador y comunicador asesinado⁵⁶; Uzcátegui, sobre ejecución extrajudicial y abusos contra la familia del ejecutado⁵⁷, y Vicky Hernández, sobre una mujer trans detenida y asesinada⁵⁸. Se observa, incluso, un asunto en el que se consideran violados diez artículos sustantivos, cual es el caso Guachalá Chimbo, sobre un joven internado en un hospital psiquiátrico sin su propio consentimiento informado, y que luego se habría fugado y desaparece sin dejar rastros⁵⁹. Entre ellos, el caso Manuel Cepeda, donde se consideraron violados los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 16, 22, 23 y 25, tenía semejanzas que podrían haberlo hecho comparable a Carpio Nicolle⁶⁰. Este último se refiere a un prominente político y periodista asesinado junto a varios miembros de su comitiva -entre otros hechos-⁶¹, en el que se consideran violados los artículos 4, 5, 8, 13, 19, 23 y 25. Atendida la amplitud de las violaciones, no es muy útil proceder a una comparación que busque encontrar el peso que se le da a la libertad de expresión al determinar el daño moral. Por último, hay dos casos que no cuentan con un número tan alto de violaciones sustantivas, pero en los que la libertad de expresión es igualmente un aspecto relativamente menor, por lo que no es posible usarlos para extraer una regla sobre las indemnizaciones por daño moral. El primero es López Álvarez, sobre un dirigente indígena sometido a malos tratos y condenado por posesión de drogas, a quien se le habría también afectado el artículo 13 por no permitírsele comunicarse en su idioma durante su detención y el proceso judicial⁶². El segundo es Norín Catrimán, sobre personas condenadas por delitos terroristas en violación de ciertas garantías, respecto de quienes se violaría también el artículo 13 al aplicárseles una pena accesoria que prohíbe determinada participación en medios de comunicación social⁶³.

5.2. Casos sobre difamación

Dentro de los asuntos sobre libertad de expresión, el universo más amplio de casos similares se da entre aquellos en que se sanciona a periodistas o particulares por difamación. Ellos son los casos Herrera Ulloa, donde la Corte consideró que se vulneró la libertad de expresión y las garantías judiciales de un periodista al aplicársele sanciones civiles y penales por reproducir parte de un artículo que denunciaba supuestas conductas ilícitas de un diplomático costarricense⁶⁴. En este caso, se le asignó una indemnización por daño moral de US$20.000⁶⁵, y se consideraron violados los artículos sustantivos 8 y 13 de la CADH⁶⁶. Un segundo caso es el de Ricardo Canese, donde se sancionó con pena de multa y cárcel a un candidato presidencial por difamar a una empresa y sus directores al referirse a acciones de otro candidato presidencial ligado con dicha empresa⁶⁷. Además, la Corte IDH hizo referencia a que se le denegaron arbitrariamente a Canese permisos para salir del país, a pesar de su agenda internacional intensa⁶⁸, entre otras afectaciones⁶⁹. La indemnización por daño moral asignada en este caso fue de US$35.000⁷⁰, y se consideraron violados los artículos 8, 9, 13 y 22 de la CADH⁷¹. Un tercer caso es el de Kimel, referido a un historiador que criticó en un libro a un juez por supuestas faltas en la investigación de una masacre, motivo por el que se le sancionó con pena de cárcel y multa⁷². En este caso se consideró que el Estado habría violado los artículos sustantivos números 8, 9, 13 y 25⁷³, y se concedió a Kimel una indemnización por daño moral de US$20.000⁷⁴. El cuarto caso es Tristán Donoso, sobre la divulgación ilegal de una comunicación entre un abogado y su cliente, y una sanción penal e indemnización civil accesoria por difamación que se impusieron al abogado por sindicar al Procurador General de la Nación como autor de la interceptación telefónica y de su divulgación⁷⁵. Aquí la Corte considera que se violaron los artículos 8, 11 y 13⁷⁶, y ordena el pago de una indemnización por daño moral de US$15.000⁷⁷. El quinto caso es el que ya se describió al tratar de las sentencias que no conceden indemnización por daño moral, cual es Fontevecchia y D’Amico sobre periodistas que hicieron una publicación sobre la vida personal y sentimental de un expresidente⁷⁸. El último de estos casos es el de Álvarez Ramos, un periodista condenado a sanción de cárcel por publicar una columna que denunciaba que, durante la administración de un presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se habría producido un uso irregular de recursos⁷⁹. En este caso se concedió a Álvarez la suma de US$25.000⁸⁰, y se declararon violados los artículos sustantivos 8, 13, 22 y 23⁸¹.

En estos casos sobre difamación se observa bastante consistencia al determinar el monto por daño moral. En ellos se concede una indemnización de entre US$20.000 y US$25.000 a los periodistas o profesionales que exponen hechos de relevancia pública en la prensa o en libros. La única excepción es la del caso Fontevecchia, donde no se conceden daños inmateriales. Como recordaremos, en este caso los periodistas publican noticias que no representaban mayor aporte para la vida democrática, en contraste con lo que ocurre en los otros casos (donde se hablaba de uso indebido de dinero o de mal ejercicio de un cargo público). Esta diferencia podría justificar la distinción que hace la Corte IDH, pero mostraría que ella no determinaría el daño moral realmente sobre la base del sufrimiento de la víctima, sino que según el valor de las expresiones sancionadas a nivel nacional. Esto confirmaría que la Corte tiende a usar un sistema objetivo de determinación del daño moral. El problema aquí es que, al no asignar un monto de indemnización por daño inmaterial, la Corte IDH entregaría el mensaje de que cierto sufrimiento no tiene valor. Por ello, aunque se considerara apropiado reducir sustancialmente el monto asignado, no convendría eliminarlo del todo.

Por último, hay dos casos que no caben dentro de la clasificación de periodistas o profesionales sancionados por exponer hechos. El primero es Canese, que se trató de un candidato presidencial a quien se le sancionó por realizar una acción prácticamente consustancial al ejercicio democrático, cual es el decir qué defectos políticos tiene el contendor (cuestión que cobra aún más relevancia si se trata de la elección de la principal autoridad estatal). El segundo es Tristán Donoso, donde se aplicó una sanción penal y civil a un abogado que expresó públicamente a quién consideraba como autor de un acto ilícito en su contra -a quien demandaría en tribunales al día siguiente⁸²-. Esta diferencia en la naturaleza respecto de los casos anteriores hace difícil compararlos, pero permite comenzar a elucubrar qué valores son más preciados para la Corte IDH.

5.3. Otros casos comparables

Ya hablamos sobre algunos casos de libertad de expresión vinculados entre sí, al revisar las sentencias que no conceden indemnizaciones por daño moral. Los casos Ríos y Perozo se refieren a ataques -que podría alegarse que fueron incitados por autoridades de gobierno-que impidieron que periodistas ejercieran su profesión. Claude Reyes y Olmedo Bustos se refieren a restricciones a la libertad para acceder a información que no afectaba el proyecto de vida de los peticionarios. Estos dos últimos tienen cierta relación con el caso Gomes Lund, referido a familiares de víctimas de violaciones graves cometidas durante gobiernos militares que, producto de una ley de amnistía, no podían pedir al Estado investigar, juzgar y sancionar los hechos⁸³. El artículo 13 se consideró violado por la negativa de las autoridades estatales a entregar información que el Poder Judicial ordenó remitir⁸⁴. En este caso se consideró no solo violado el artículo 13, sino que también varios otros artículos⁸⁵. La negativa a entregar información en el caso Gomes Lund afectaba íntimamente la vida de los peticionarios, por lo que no es posible comparar este caso con Claude Reyes y Olmedo Bustos en materia de indemnizaciones.

Otros casos con bastantes similitudes, aunque con diferencias en cuanto a los hechos y los artículos que se consideraron violados en cada caso, son López Lone y San Miguel Sosa⁸⁶. El primero se refiere a jueces que fueron casi todos destituidos por su participación como particulares en apoyo al presidente depuesto en Honduras, Manuel Zelaya⁸⁷, y el segundo se refiere a funcionarias públicas que fueron despedidas como consecuencia de haberse filtrado su apoyo a un referendo revocatorio del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez⁸⁸. También tiene algún parecido el caso Lagos del Campo, sobre un trabajador despedido por denunciar en una entrevista prácticas antisindicales y chantaje por parte de sus empleadores⁸⁹. Este parecido es mayor en atención a que en Lagos del Campo y San Miguel Sosa se consideró violado el artículo 26 de la CADH, en relación con derechos laborales, y posiblemente dicho artículo también se habría considerado violado en López Lone, si la doctrina de incorporar derechos económicos y sociales por la vía del artículo 26 de la CADH hubiese estado ya asentada en la jurisprudencia de la Corte.

Los montos otorgados como indemnizaciones por daño moral en estos casos son de US$10.000 a cada víctima de Lopez Lone⁹⁰ y San Miguel⁹¹, y de US$20.000 en Lagos del Campo⁹². Entre ellos, las víctimas de López Lone se habrían visto beneficiadas con la orden de que se les reincorporara en sus funciones de jueces⁹³, lo que puede deberse a que los jueces son, en principio, inamovibles. Esta orden de reincorporación también podría considerarse que repara daños morales, aunque de un modo no pecuniario. Las diferencias existentes entre estos casos dificultan obtener una regla cierta sobre las indemnizaciones por daño moral en este tipo de asuntos. No obstante, estas compensaciones monetarias llaman la atención cuando se comparan con un cuarto caso, Urrutia Laubreaux, referido a un juez que recibió amonestaciones por escribir y comunicar a sus superiores un trabajo académico donde criticaba el actuar histórico del Poder Judicial durante la última dictadura en Chile⁹⁴. En este caso, la Corte IDH consideró violados los artículos sustantivos 8, 9 y 13⁹⁵.

La extrañeza causada por la comparación de estos cuatro casos viene dada porque en los primeros tres se coartó la libertad de expresión que se usaba para defender los derechos democráticos o laborales de los involucrados, y culminaron con el despido de las víctimas. En cambio, en el cuarto caso se amonestó a la víctima por su ejercicio de la libertad de expresión en un estudio especulativo, y no se le despidió de su trabajo. Como se observa, las violaciones del caso Urrutia Laubreaux aparecen como menos graves que las de los otros tres casos, por lo que llama la atención que en este último se conceda una indemnización de US$20.000⁹⁶. La Corte pareciera no haber sido coherente calibrando la indemnización por daño moral a la luz de los otros casos. Quizá la Corte IDH incorporó en sus consideraciones de equidad factores adicionales a la gravedad de las violaciones, como podría ser, por ejemplo, el costo de vida en Chile, que supera ampliamente el costo de vida en Honduras y Venezuela (que son los Estados condenados en los otros tres casos). Sin embargo, la Corte no explicitó estos otros posibles factores, por lo que el lector queda con la sensación de que se produjo una falta de congruencia.

6. CONCLUSIONES

La conclusión más interesante de este trabajo -al menos sobre la base del pequeño grupo de casos analizados-, es que la Corte IDH se fijaría en criterios objetivos al determinar los montos que concede como indemnizaciones por daños morales. Esto se nota al constatar que muchas veces los montos ordenados como indemnizaciones por daño inmaterial coinciden según el tipo de violación que el Estado ha cometido. De este modo, la Corte no parece centrarse mayormente en la sensibilidad propia de las víctimas, o en los elementos concretos que puedan expresar su angustia (sin perjuicio de que las sentencias de la Corte siempre describen tales sufrimientos). Es adecuado que la Corte fije los montos por daño moral basada en criterios objetivos, pues excedería las capacidades de cualquier tribunal avaluar en dinero el sufrimiento personal, y distinguir los grados de sufrimiento de las víctimas en cada caso. Basarse en criterios objetivos contribuye, además, a evitar suspicacias que pudieran surgir al observar montos muy disímiles en casos parecidos.

En este trabajo se ha podido observar también que la Corte IDH tiene cierta ambivalencia. Por una parte, en bastantes casos, ella se esfuerza por ceñirse a criterios que ha establecido de antemano, y sigue su jurisprudencia para evitar conceder montos de indemnizaciones por daño inmaterial que contraríen lo ya determinado. Sin embargo, también ocurre que algunas actuaciones de la Corte se apartan de tales determinaciones previas, sin que ella indique por qué lo hace. Quizá los casos que dejan al lector más turbado son aquellos en que la Corte decide no conceder indemnizaciones por daños inmateriales, a pesar de haber considerado que el Estado violó la CADH, y que es posible suponer que dichas violaciones generaron sentimientos de angustia y sufrimiento considerables.

Es posible elucubrar explicaciones en algunos casos en que se observan variaciones entre los montos concedidos por daño moral. Por ejemplo, este trabajo lo hizo al postular que posiblemente no se conceden indemnizaciones por daño moral en casos sobre acceso a información pública, cuando la negativa a entregar la información no tiene consecuencias en el proyecto de vida de las víctimas. Algunas explicaciones que se pueden proponer pueden ser menos convincentes o más discutibles (lo que no necesariamente significa que la Corte IDH no suscriba dicha explicación). Por ejemplo, planteamos que, quizá, la Corte no concede indemnizaciones por daño inmaterial en casos de imposición inadecuada de la pena de muerte, en atención a la conducta reprochable de las víctimas al cometer sus crímenes. Dicha explicación no calzaría con los muchos casos en que la Corte ordena pagar indemnizaciones por daño inmaterial a delincuentes cuyos derechos se ven afectados al momento de su aprehensión o durante su tiempo de prisión. Ello, sin perjuicio de que hay casos excepcionales donde la Corte IDH parecería confirmar la visión de exigir manos limpias, como se observó con dos casos sobre personas acusadas de terrorismo, y se puede ver al leer otros casos no descritos en este trabajo.

Desafortunadamente, la brevedad de este estudio y la amplitud con que la Corte analiza sus casos impiden encontrar muchos patrones en la práctica de determinación de montos por daño moral. Por eso, convendría que la Corte IDH se embarcara en un estudio público sobre las indemnizaciones que concede por este concepto, para así poder calibrar adecuadamente los montos que ordena pagar según la gravedad de las acciones estatales. Esto permitirá que la Corte adopte decisiones conscientes sobre los montos que otorga en un nivel más global, y determine, por ejemplo, si le parece realmente convincente conceder una indemnización por daño moral ascendente a US$10.000 en casos de pena de muerte en que se ejecutó a la víctima en violación de lo dispuesto en la CADH, y conceder un monto de entre US$20.000 y 25.000 en casos de sanciones a periodistas por difamación. Esperamos que este trabajo pueda ser una primera piedra para un estudio más acabado de la Corte en este sentido.

7. REFERENCIAS

• ALTWICKER-HÁMORI, Szilvia, ALTWICKER, Tilmann y PETTERS, Anne. Measuring Violations of Human Rights. An Empirical Analysis of Awards in Respect of Non-Pecuniary Damage under the European Convention on Human Rights. Heidelberg Journal of International Law, vol. 76, p. 1-51, ene./dic. 2016.
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• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 380. Publicado en 30 ago. 2019.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Boyce y Otros vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 169. Publicado en 20 nov. 2007.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Canese (Ricardo) vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 111. Publicado en 31 ago. 2004.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cantos vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 97. Publicado en 28 nov. 2002.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Carpio Nicolle y Otros vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 117. Publicado en 22 nov. 2004.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Carvajal Carvajal y Otros vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 352. Publicado en 13 mar. 2018.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castañeda Gutman vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 184. Publicado en 6 ago. 2008.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 52. Publicado en 30 may. 1999.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 213. Publicado en 26 may. 2010.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 151, párrs. 162 y 163. Publicado en 19 sep. 2006.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cruz Sánchez y Otros vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 292. Publicado en 17 abr. 2015.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 204. Publicado en 24 sep. 2009.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 126. Publicado en 20 jun. 2005.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 238. Publicado en 29 nov. 2011.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Girón y Otro vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 390. Publicado en 15 oct. 2019.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Arguaia”) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 219. Publicado en 24 nov. 2010.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 293. Publicado en 22 jun. 2015.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Grijalva Bueno vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 426. Publicado en 3 jun. 2021.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Guachalá Chimbo y Otros vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 423. Publicado en 26 mar. 2021.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 107. Publicado en 2 jul. 2004.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 94. Publicado en 21 jun. 2002.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso I.V. vs. Bolivia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 329. Publicado en 30 nov. 2016.
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• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Kimel vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 177. Publicado en 2 may. 2008.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Lagos del Campo vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 340. Publicado en 31 ago. 2017.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 141. Publicado en 1 feb. 2006.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Lone y Otros vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 302. Publicado en 5 oct. 2015.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 233. Publicado en 1 sep. 2011.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Martínez Coronado vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 376. Publicado en 10 may. 2019.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 259. Publicado en 30 nov. 2012.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala, Reparaciones, Serie C n° 116. Publicado en 19 nov. 2004.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Noguera y Otra vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 401. Publicado en 9 mar. 2020.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 279. Publicado en 29 may. 2014.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile (La Última Tentación de Cristo), Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 73. Publicado en 5 feb. 2001.
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• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 133. Publicado en 6 feb. 2006.
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• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Rodríguez Revolorio y Otros vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 387. Publicado en 14 oct. 2019.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ruiz Fuentes y Otra vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 385. Publicado en 10 oct. 2019.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 348. Publicado en 8 feb. 2018.
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• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 207. Publicado en 20 nov. 2009.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Uzcátegui y Otros vs. Venezuela, Fondo y Reparaciones, Serie C n° 249. Publicado en 3 sep. 2012.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Valenzuela Ávila vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 386. Publicado en 11 oct. 2019.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 248. Publicado en 3 sep. 2012.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Véliz Franco y Otros vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 277. Publicado en 19 may. 2014.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 422. Publicado en 26 mar. 2021.
• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Wong Ho Wing vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 297. Publicado en 30 jun. 2015.
• DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. 18. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2018.
• ICHIM, Octavian. Just Satisfaction under the European Convention on Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
• PAÚL, Álvaro. La Declaración de la Presunta Víctima en Procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: ARANCIBIA MATTAR, Jaime; ROMERO SEGUEL, Alejandro (eds.). La Prueba en la Litigación Pública. Santiago: Librotecnia, 2016. p. 293-309.
• PAÚL, Álvaro. La Flexibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Conceder Reparaciones Pecuniarias. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, vol. 26, n. 1, p. 245-273, ene./jun. 2022.

• ¹
  PAÚL, Álvaro. La Flexibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Conceder Reparaciones Pecuniarias. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, vol. 26, n. 1, p. 245-273, ene./jun. 2022.
• ²
  ALTWICKER-HÁMORI, Szilvia, ALTWICKER, Tilmann y PETTERS, Anne. Measuring Violations of Human Rights. An Empirical Analysis of Awards in Respect of Non-Pecuniary Damage under the European Convention on Human Rights. Heidelberg Journal of International Law, vol. 76, p. 1-51, ene./dic. 2016.
• ³
  Véase, por ejemplo, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 348. Publicado en 8 feb. 2018, párr. 240.
• ⁴
  ICHIM, Octavian. Just Satisfaction under the European Convention on Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. p. 3.
• ⁵
  ICHIM, Octavian. Just Satisfaction under the European Convention on Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. p. 2.
• ⁶
  Sobre esta distinción, puede verse PAÚL, Álvaro. La Declaración de la Presunta Víctima en Procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: ARANCIBIA MATTAR, Jaime; ROMERO SEGUEL, Alejandro (eds.). La Prueba en la Litigación Pública. Santiago: Librotecnia, 2016. p. 293-309.
• ⁷
  Incluye los casos CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Boyce y Otros vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 169. Publicado en 20 nov. 2007; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 204. Publicado en 24 sep. 2009; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 126; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Girón y Otro vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 390. Publicado en 15 oct. 2019; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 94. Publicado en 21 jun. 2002; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Martínez Coronado vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 376. Publicado en 10 may. 2019; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 133. Publicado en 6 feb. 2006; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Rodríguez Revolorio y Otros vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 387. Publicado en 14 oct. 2019; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ruiz Fuentes y Otra vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 385. Publicado en 10 oct. 2019, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Valenzuela Ávila vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 386. Publicado en 11 oct. 2019. No se incluye el caso Wong Ho Wing, pues, aunque dicho asunto trató sobre el riesgo de que se aplicara la pena de muerte a la víctima en caso de que fuera extraditada a China, la Corte IDH consideró que dicho peligro no existía (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Wong Ho Wing vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 297. Publicado en 30 jun. 2015, párr. 151).
• ⁸
  Usamos la expresión “sustantivos” para no abarcar los artículos 1 y 2 de la CADH, que la Corte suele incluir en forma más o menos generalizada al constatar la violación de uno o más derechos sustantivos.
• ⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Martínez Coronado vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 376. Publicado en 10 may. 2019.
• ¹⁰
  Como ocurrió en CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Boyce y Otros vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 169. Publicado en 20 nov. 2007, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 204. Publicado en 24 sep. 2009.
• ¹¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 126. Publicado en 20 jun. 2005, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 133. Publicado en 6 feb. 2006.
• ¹²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Rodríguez Revolorio y Otros vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 387. Publicado en 14 oct. 2019.
• ¹³
  Ellos son CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ruiz Fuentes y Otra vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 385. Publicado en 10 oct. 2019, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Valenzuela Ávila vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 386. Publicado en 11 oct. 2019.
• ¹⁴
  Sobre esta doctrina, puede verse DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. 18. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2018.
• ¹⁵
  V.gr., CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 94. Publicado en 21 jun. 2002, párr. 216; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Martínez Coronado vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 376. Publicado en 10 may. 2019, párr. 106, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Girón y Otro vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 390. Publicado en 15 oct. 2019, párr. 146
• ¹⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Rodríguez Revolorio y Otros vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 387. Publicado en 14 oct. 2019, párr. 173
• ¹⁷
  Incluye los casos Almonacid Arellano (2006); Boyce (2007); Cantos (2002); Castillo Petruzzi (1999); Claude Reyes (2006); Castañeda Gutman (2008); Cruz Sánchez (2015); DaCosta Cadogan (2009); Fermín Ramírez (2005); Fontevecchia (2011); López Mendoza (2011); Masacre de Santo Domingo (2012); Noguera (2020); Olmedo Bustos (2001); Perozo (2009); Raxcacó Reyes (2006); Ríos (2009); Tarazona Arrieta (2014); Tribunal Constitucional (2001), y Véliz Franco (2014).
• ¹⁸
  V.gr., CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile (La Última Tentación de Cristo), Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 73. Publicado en 5 feb. 2001, párr. 99
• ¹⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 154. Publicado en 26 sep. 2006, párr. 161.
• ²⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 259. Publicado en 30 nov. 2012, párr. 336
• ²¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tarazona Arrieta y Otros vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 286. Publicado en 15 oct. 2014, párr. 194.
• ²²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Noguera y Otra vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 401. Publicado en 9 mar. 2020, párr. 116.
• ²³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 259. Publicado en 30 nov. 2012, párr. 337.
• ²⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 126. Publicado en 20 jun. 2005; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 133. Publicado en 6 feb. 2006; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Boyce y Otros vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 169. Publicado en 20 nov. 2007, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 204. Publicado en 24 sep. 2009.
• ²⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 52. Publicado en 30 may. 1999; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 71. Publicado en 31 ene. 2001; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tarazona Arrieta y Otros vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 286. Publicado en 15 oct. 2014, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cruz Sánchez y Otros vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 292. Publicado en 17 abr. 2015.
• ²⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 151, párrs. 162 y 163. Publicado en 19 sep. 2006; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 154. Publicado en 26 sep. 2006, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile (La Última Tentación de Cristo), Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 73. Publicado en 5 feb. 2001.
• ²⁷
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ríos y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 194. Publicado en 28 ene. 2009; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Perozo y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 195. Publicado en 28 ene. 2009, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 233. Publicado en 1 sep. 2011.
• ²⁸
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 52. Publicado en 30 may. 1999, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cruz Sánchez y Otros vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 292. Publicado en 17 abr. 2015.
• ²⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 71. Publicado en 31 ene. 2001, sección dispositiva y párr. 114.
• ³⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 151, párrs. 162 y 163. Publicado en 19 sep. 2006, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile (La Última Tentación de Cristo), Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 73. Publicado en 5 feb. 2001.
• ³¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ríos y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 194. Publicado en 28 ene. 2009, párr. 149, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Perozo y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 195. Publicado en 28 ene. 2009, párr. 161.
• ³²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ríos y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 194. Publicado en 28 ene. 2009, párr. 273, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Perozo y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 195. Publicado en 28 ene. 2009, párr. 287.
• ³³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 233. Publicado en 1 sep. 2011.
• ³⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 233. Publicado en 1 sep. 2011, párrs. 231-235.
• ³⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castañeda Gutman vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 184. Publicado en 6 ago. 2008.
• ³⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castañeda Gutman vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 184. Publicado en 6 ago. 2008, párr. 225.
• ³⁷
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castañeda Gutman vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 184. Publicado en 6 ago. 2008, párrs. 2 y 3.
• ³⁸
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castañeda Gutman vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 184. Publicado en 6 ago. 2008, párr. 251.
• ³⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cantos vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 97. Publicado en 28 nov. 2002, párr. 70.
• ⁴⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cantos vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 97. Publicado en 28 nov. 2002, párr. 70.
• ⁴¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cantos vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 97. Publicado en 28 nov. 2002, párrs. 53-56.
• ⁴²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 238. Publicado en 29 nov. 2011.
• ⁴³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 238. Publicado en 29 nov. 2011, párr. 2.
• ⁴⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 238. Publicado en 29 nov. 2011, párr. 123.
• ⁴⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 238. Publicado en 29 nov. 2011, párr. 122.
• ⁴⁶
  Ellos son: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 380. Publicado en 30 ago. 2019; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Canese (Ricardo) vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 111. Publicado en 31 ago. 2004; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Carpio Nicolle y Otros vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 117. Publicado en 22 nov. 2004; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Carvajal Carvajal y Otros vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 352. Publicado en 13 mar. 2018; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 213. Publicado en 26 may. 2010; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 151, párrs. 162 y 163. Publicado en 19 sep. 2006; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 238. Publicado en 29 nov. 2011; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Arguaia”) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 219. Publicado en 24 nov. 2010; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 293. Publicado en 22 jun. 2015; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Grijalva Bueno vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 426. Publicado en 3 jun. 2021; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Guachalá Chimbo y Otros vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 423. Publicado en 26 mar. 2021; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 107. Publicado en 2 jul. 2004; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso I.V. vs. Bolivia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 329. Publicado en 30 nov. 2016: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 74. Publicado en 6 feb. 2001; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Kimel vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 177. Publicado en 2 may. 2008; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Lagos del Campo vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 340. Publicado en 31 ago. 2017; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 141. Publicado en 1 feb. 2006; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Lone y Otros vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 302. Publicado en 5 oct. 2015; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala, Reparaciones, Serie C n° 116. Publicado en 19 nov. 2004; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 279. Publicado en 29 may. 2014; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile (La Última Tentación de Cristo), Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 73. Publicado en 5 feb. 2001; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 135. Publicado en 22 nov. 2005; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Perozo y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 195. Publicado en 28 ene. 2009; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ríos y Otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 194. Publicado en 28 ene. 2009; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 348. Publicado en 8 feb. 2018; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 193. Publicado en 27 ene. 2009; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 409. Publicado en 27 ago. 2020; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 207. Publicado en 20 nov. 2009; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Uzcátegui y Otros vs. Venezuela, Fondo y Reparaciones, Serie C n° 249. Publicado en 3 sep. 2012; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 248. Publicado en 3 sep. 2012 y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 422. Publicado en 26 mar. 2021.
• ⁴⁷
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 207. Publicado en 20 nov. 2009, párrs. 37-43.
• ⁴⁸
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 293. Publicado en 22 jun. 2015, párrs. 1, 197-199.
• ⁴⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso I.V. vs. Bolivia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 329. Publicado en 30 nov. 2016, párr. 235.
• ⁵⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Carvajal Carvajal y Otros vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 352. Publicado en 13 mar. 2018, párrs. 38 y 39.
• ⁵¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 135. Publicado en 22 nov. 2005, párr. 63.
• ⁵²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 74. Publicado en 6 feb. 2001, párr. 76. El parecido viene dado porque en ambos se trató de atentar a la libertad de expresión realizada a través de un canal de televisión, como represalia por visiones contrarias al Gobierno. Sin embargo, este ataque se hizo a través de medios bastante distintos, lo que se refleja, parcialmente, al analizar los artículos declarados como violados, pues mientras en Ivcher se consideraron violados los artículos sustantivos 8, 13, 20, 21 y 25 (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 74. Publicado en 6 feb. 2001, párr. 191), en Granier se declaran violados los derechos sustantivos que se reconocen en los artículos 8 y 13 (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 293. Publicado en 22 jun. 2015, párr. 419).
• ⁵³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 248. Publicado en 3 sep. 2012, párrs. 77-122.
• ⁵⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Grijalva Bueno vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 426. Publicado en 3 jun. 2021, párrs. 147, 148 y 159-162.
• ⁵⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala, Reparaciones, Serie C n° 116. Publicado en 19 nov. 2004, párr. 49.2.
• ⁵⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 213. Publicado en 26 may. 2010, párrs. 71-72.
• ⁵⁷
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Uzcátegui y Otros vs. Venezuela, Fondo y Reparaciones, Serie C n° 249. Publicado en 3 sep. 2012, párrs. 40 y 89-128.
• ⁵⁸
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 422. Publicado en 26 mar. 2021, párrs. 41-45.
• ⁵⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Guachalá Chimbo y Otros vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 423. Publicado en 26 mar. 2021, párrs. 31-39.
• ⁶⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Carpio Nicolle y Otros vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 117. Publicado en 22 nov. 2004.
• ⁶¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Carpio Nicolle y Otros vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 117. Publicado en 22 nov. 2004, párrs. 76.21-76.69.
• ⁶²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 141. Publicado en 1 feb. 2006, párrs. 54.
• ⁶³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 279. Publicado en 29 may. 2014, párrs. 106-152.
• ⁶⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 107. Publicado en 2 jul. 2004, párrs. 95.
• ⁶⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 107. Publicado en 2 jul. 2004, párr. 200.
• ⁶⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 107. Publicado en 2 jul. 2004, párr. 207.
• ⁶⁷
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Canese (Ricardo) vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 111. Publicado en 31 ago. 2004, párrs. 69.10-69.50.
• ⁶⁸
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Canese (Ricardo) vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 111. Publicado en 31 ago. 2004, párrs. 69.51-69.67.
• ⁶⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Canese (Ricardo) vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 111. Publicado en 31 ago. 2004, párr. 69.68.
• ⁷⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Canese (Ricardo) vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 111. Publicado en 31 ago. 2004, párr. 207.
• ⁷¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Canese (Ricardo) vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 111. Publicado en 31 ago. 2004, párr. 223.
• ⁷²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Kimel vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 177. Publicado en 2 may. 2008, párrs. 41-50.
• ⁷³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Kimel vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 177. Publicado en 2 may. 2008, párr. 140.
• ⁷⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Kimel vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 177. Publicado en 2 may. 2008, párr. 119.
• ⁷⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 193. Publicado en 27 ene. 2009, párrs. 34-54 y 94-108.
• ⁷⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 193. Publicado en 27 ene. 2009, párr. 223.
• ⁷⁷
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 193. Publicado en 27 ene. 2009, párr. 191.
• ⁷⁸
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 238. Publicado en 29 nov. 2011.
• ⁷⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 380. Publicado en 30 ago. 2019, párrs. 36-74.
• ⁸⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 380. Publicado en 30 ago. 2019, párr. 226.
• ⁸¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 380. Publicado en 30 ago. 2019, párr. 248.
• ⁸²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 193. Publicado en 27 ene. 2009, párrs. 46 y 47.
• ⁸³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Arguaia”) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 219. Publicado en 24 nov. 2010, párrs. 89-90 y 134-135.
• ⁸⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Arguaia”) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 219. Publicado en 24 nov. 2010, párr. 187-231.
• ⁸⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Arguaia”) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 219. Publicado en 24 nov. 2010, párrs. 325.
• ⁸⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Lone y Otros vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 302. Publicado en 5 oct. 2015, y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 348. Publicado en 8 feb. 2018.
• ⁸⁷
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Lone y Otros vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 302. Publicado en 5 oct. 2015, párrs. 86-147.
• ⁸⁸
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 348. Publicado en 8 feb. 2018, párrs. 58-61, 64-66 y 71-83.
• ⁸⁹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Lagos del Campo vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 340. Publicado en 31 ago. 2017, párrs. 50-57.
• ⁹⁰
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Lone y Otros vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 302. Publicado en 5 oct. 2015, párr. 325.
• ⁹¹
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 348. Publicado en 8 feb. 2018, párr. 240.
• ⁹²
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Lagos del Campo vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 340. Publicado en 31 ago. 2017, párr. 222.
• ⁹³
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Lone y Otros vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 302. Publicado en 5 oct. 2015, párrs. 298-300.
• ⁹⁴
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 409. Publicado en 27 ago. 2020.
• ⁹⁵
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 409. Publicado en 27 ago. 2020, párrs. 57-68 y 173.
• ⁹⁶
  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 409. Publicado en 27 ago. 2020, párr. 164.

• Como citar esse artigo/How to cite this article:

  PAÚL, Álvaro. En búsqueda de patrones que expliquen los montos que otorga la Corte Interamericana de Derechos Humanos por daños morales. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 10, n. 3, e235, set./dez. 2023. DOI: 10.5380/rinc.v10i3.91326

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  13 Nov 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  01 Abr 2023
• Acepto
  31 Oct 2023