HEGEMONÍA Y DEPENDENCIA EN LA ARGENTINA NEODESARROLLISTA

HEGEMONIA E DEPENDÊNCIA NA ARGENTINA NEODESENVOLVIMENTISTA

HEGEMONY AND DEPENDENCE IN NEO-DEVELOPMENTALIST ARGENTINA

HÉGÉMONIE ET DÉPENDANCE DANS L’ARGENTINE NÉO-DÉVELOPPEMENTISTE

Resúmenes

Este artículo discute las determinaciones estructurales para construir la hegemonía por parte de las clases dominantes en un país dependiente, a saber, la Argentina. ¿Es posible para las clases dominantes constituir un programa económico-político que convoque apoyos de las clases populares? Este artículo presenta el problema en la forma histórica actual de la dependencia argentina, en el proceso neodesarrollista (2002-2015), en que se constata la búsqueda de un orden político con intenciones hegemónicas por parte de las fracciones industriales del bloque en el poder. Se muestran las tensiones estructurales, vinculadas a las transferencias de valor y el acceso a divisas. La necesidad de capturar mayor parte de la renta de la tierra para evitar más superexplotación de la fuerza de trabajo limitó la estrategia de legitimación. Esto implicaba mayor conflicto con otras fracciones del bloque en el poder, y la industria concentrada no estaba dispuesta a ello.

Neodesarrollismo; Hegemonía; Dependencia; Argentina; Clases sociales

O artigo discute os determinantes estruturais para a construção da hegemonia, pelas classes dirigentes de um país dependente, ou seja, a Argentina. É possível que as classes dirigentes constituam um programa econômico-político que possa ganhar o apoio das classes populares? Este artigo apresenta o problema na forma histórica atual da dependência argentina no processo neodesenvolvimentista (2002-2015), em que pôde ser observada a busca de uma ordem política com intenções hegemônicas por parte das frações industriais do bloco governante. Surgiram tensões estruturais, ligadas à transferência de valores e ao acesso à moeda estrangeira. A necessidade de capturar mais do aluguel da terra para evitar uma maior superexploração da força de trabalho limitou a estratégia de legitimação. Isso implicou em um conflito maior com outras frações do bloco no poder, conflito no qual a indústria concentrada não estava disposta a entrar.

Neodesenvolvimentismo; Hegemonia; Dependência; Argentina; Classes sociais

This paper discusses the structural determinations employed by the ruling classes to build hegemony in a dependent country, namely Argentina. Can the ruling classes constitute an economic-political program that attract the support of the popular classes? The article approaches the problem from the current historical form of Argentinian dependence built by the neo-developmentalist process (2002-2015), in which part of the industrial sector in power searched for a hegemonic political order. Structural tensions arise, linked to value transfers and access to foreign currency. The need to sequester more of the land rent to avoid further super-exploitation of the labor force limited the legitimization strategy. This implied greater conflict with other factions in power, and concentrated industry was unwilling to do so.

Neo-developmentalism; Hegemony; Dependency; Argentina; Social classes

Cet article traite des déterminations structurelles employées par les classes dominantes pour construire l’hégémonie dans un pays dépendant, à savoir l’Argentine. Les classes dirigeantes peuvent-elles constituer un programme économico-politique qui attire le soutien des classes populaires ? L’article aborde le problème depuis la forme historique actuelle de la dépendance argentine construite par le processus néo-développementaliste (2002-2015), dans lequel une partie du secteur industriel au pouvoir a recherché un ordre politique hégémonique. Des tensions structurelles apparaissent, liées aux transferts de valeur et à l’accès aux devises étrangères. La nécessité de capter une plus grande partie de la rente foncière pour éviter une nouvelle surexploitation de la main-d’œuvre a limité la stratégie de légitimation. Cela impliquait un conflit plus important avec les autres faction au pouvoir, et l’industrie concentrée n’était pas disposée à le faire.

Néo-développementalisme; Hégémonie; Dépendance; Argentine; Classes sociales

INTRODUCCIÓN

Este texto discute las determinaciones estructurales para construir hegemonía por parte de las clases dominantes en un país dependiente como la Argentina. ¿Qué significa esto? Preguntarse si es posible que las clases dominantes – o una parte de ellas – sean capaces de constituir un orden político que convoque apoyos entre las clases populares.

Partimos de la interpretación de la Argentina como un país dependiente, según el enfoque de la teoría marxista de la dependencia (en adelante, TMD). Esto significa que las posibilidades de desarrollo de la región se encuentran condicionadas por el comportamiento de otros centros dinámicos de acumulación en el mercado global ( Santos, 2003 , 2011 ). Si la región/el país se encuentra limitada en sus posibilidades de orientarse de manera (relativamente) autónoma hacia el desarrollo, ¿cómo es posible que sucesivos proyectos políticos prometan alcanzar este objetivo esquivo y sean apoyados por – al menos una parte de – los pueblos?

El texto se organiza de la siguiente manera: La primera sección presenta la necesidad de considerar las clases sociales más allá de sus determinaciones estructurales económicas. En este sentido, es central considerar el modo en que logran expandir sus programas político-económicos a través del Estado, que les requiere cierta búsqueda de legitimidad. La segunda sección lleva el debate previo al campo de la Argentina, como sociedad dependiente, en una mirada de largo plazo. Y la tercera sección analiza el caso durante los gobiernos del neodesarrollismo (2002-2015).

El argumento teórico de este artículo es que la construcción de hegemonía no está libre de determinaciones estructurales, y en una sociedad dependiente, estas dependen en parte de la forma concreta de la acumulación. A nivel empírico, tal como se explica con más detalles en la tercera sección, aquí se presenta el argumento de que el proceso neodesarrollista consistió en el despliegue del programa de las fracciones industriales del bloque en el poder (en adelante, BEP). Estas fracciones, debido a su debilidad estructural, recurrieron a la búsqueda de consenso de parte de las clases populares para lograr articular políticas que les beneficiaran. Sin embargo, sostener este esquema de políticas implicaba crecientes tensiones con otras fracciones del BEP, concretamente las que detentaban la renta de la tierra. Los gobiernos neodesarrollistas buscaron sostener este equilibrio entre acumulación y legitimidad, pero en última instancia, el BEP privilegió la unidad de clase por encima de la validación política de su programa, abandonando su apoyo al gobierno. Esto resultó en el final de ese programa y el paso a un nuevo gobierno de corte neoliberal (Cambiemos, 2015-2019), que no es analizado aquí.

LAS CLASES SOCIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE HEGEMONÍA

En este artículo partimos de analizar a los proyectos políticos como programas organizados a partir de clases sociales. Las clases sociales son los polos definidos por su antagonismo estructurado alrededor de las relaciones de explotación y dominación ( Galafassi, 2012 ; Meiksins Wood, 2000 ). Aunque la lucha de clases indica el conflicto sistémico que atraviesa la sociedad, el antagonismo concreto es siempre contingente a la traducción que las organizaciones históricamente existentes hagan de aquella. Por ello, la dimensión de organización de las clases para representarse a sí mismas tiene una importancia central, que no es meramente instrumental – es decir, no se reduce a transmitir lo existente en la economía en un plano distinto, el político.

Las clases no existen como posiciones estructurales puras y simples. Sus organizaciones cumplen la tarea de interpretar y definir esos antagonismos, y no solo a un nivel general, sino en relación con procesos y eventos específicos ( adamovsky, 2012 ). La única forma que tienen las clases de existir es a través de sus múltiples representantes, que activamente les dan constitución ( Vilas, 1995 ). Las clases interpretan sus propias situaciones y, a partir de ello, estructuran demandas, se oponen o alían a otras clases, etc. Las demandas concretas son elaboraciones de las propias organizaciones de clase según sus interpretaciones de su situación. La investigación social no debe presuponerlas, sino analizarlas según se presentan. Esto no quiere decir, como parece sugerirse en ciertos análisis teóricos postmarxistas ( Laclau, 2006 ), que estos antagonismos se produzcan sin determinaciones estructurales. Aun cuando la conflictividad social puede tomar múltiples formas, aquí interesa sostener la relevancia estructural de la lucha de clases en la determinación de los procesos políticos.

En lo siguiente, se analizan las demandas asociadas a las organizaciones de las clases populares y las clases dominantes. Estas últimas reconocen a su interior diversas fracciones, según sus especializaciones específicas, con demandas diversas. Por ello, se las puede tomar como una amalgama con intereses comunes, diversos e incluso contradictorios entre sí. Es lo que Poulantzas (1969 , 1980 ) llamó el BEP. Proponemos entender de forma simétrica como popular al bloque social de los/as oprimidos/as, como un conjunto heterogéneo y sincrético, pero unificado por su subordinación relativa en las relaciones de dominación y explotación – y por eso vale seguir hablando de clase –, es decir, en oposición a otro conjunto de clases, igualmente heterogéneo, que es el BEP ( Dussel, 2001 ; Mazzeo, 2011 ; Vilas, 1995 ).

Pues bien, los bloques sociales y las fracciones que los componen buscan impulsar sus intereses y demandas no solo en la pugna entre sí, sino a través de la mediación estatal; esto es, mediante políticas concretas que orienten la acumulación en un sentido u otro. Esto requiere una aclaración relevante: el Estado no es una superficie neutral, sino una estructura política con fuertes sesgos a la reproducción de las relaciones existentes ( Isaac, 1987 ). Esto es, el Estado tiene una selectividad estratégica ( Jessop, 2008 ) en favor de los intereses del BEP en su conjunto, y en las sociedades dependientes, en particular, sobre ciertas fracciones del BEP. El Estado tiene una historia y una relación de mutua determinación con el mercado, de modo que no se trata de que la estructura política pueda “hacer lo que desee” la clase o fracción social que tenga prevalencia en un momento del tiempo. La forma concreta que adopta la reproducción económica y política en una sociedad en un momento del tiempo reconoce variaciones dentro de márgenes que no se determinan de manera arbitraria ( Cantamutto; Costantino, 2019 ).

Con relación al interés central de este artículo, un conjunto de fracciones de clase tiene diversas formas de impulsar sus demandas concretas. La dominación moderna combina – a través de la estructura estatal – diversos mecanismos de coerción y consenso. Si bien el Estado tiene el monopolio de la violencia armada, está compelido a sostenerse en una legitimidad social que exceda el uso de la violencia para lograr la aplicación obligatoria de sus actos legales ( Jessop, 2008 ). El control del Estado es siempre parcial y requiere de una operación de universalización que represente – al menos de manera ilusoria o como promesa – al conjunto de la sociedad. Esto implica incorporar interpretaciones, demandas, significantes que superen las definiciones particularistas de una clase o fracción social. En la búsqueda por representar la comunidad nacional, los partidos políticos interactúan con los agentes de clase, buscando dar forma a un proyecto común, siempre contingente y conflictivo. Este proceso de universalización puede comprenderse como la disputa por la hegemonía.

No pocas veces se comprende la hegemonía como una “alianza de clases”, un acuerdo político entre agentes sociales preexistentes ( Balsa, 2006 ), lo que equivale a un mero cálculo de costos y beneficios, se dice una acepción pregramsciana del término ( Portantiero, 1981 ). La hegemonía no altera a los actores considerados, la “voluntad hegemónica” no sería sino el efecto de una cierta correlación de fuerzas. Se puede conceptuar la hegemonía en un segundo sentido, que supone la generación de una dirección intelectual y moral. Esto significa, por un lado, la difusión del complejo de ideas y doctrinas de la clase dominante (intelectual), y por el otro, de sus preceptos de moral y ética, el conjunto de valores, prácticas y representaciones sociales ( Gramsci, 1981 ).

Ahora bien, más allá de requerir cierta generalidad por atravesar la estructura estatal, no todo orden político es hegemónico. La dominación puede ser persistente por la vía de la coerción o por mecanismos de consenso negativo, como el miedo, la resignación y la apatía ( Balsa, 2006 ; Piva, 2007 ; Thwaites Rey, 1994 ). Estos mecanismos producen desorganización de las clases populares, dificulta su capacidad de representarse, de estructurar interpretaciones propias, de realizar reclamos o peticionar. Si cuando las clases populares logran presentarse mediante sus organizaciones, lo hacen para repudiar el orden, este no es de tipo hegemónico, aun cuando pueda ser perdurable, y pueda difundir valores e ideas que lo estabilicen.

¿Cuándo un orden político es hegemónico? Cuando la forma de la dominación involucra no solo mecanismos de coerción o consenso negativo (que pueden estar presentes), sino de consenso activo. Esto es, cuando hay una inclusión real de las clases populares en el orden discursivo y en las políticas públicas, lo que promueve la interpretación por parte de sus propias organizaciones representativas de su anuencia con el orden político . Es decir, la constitución del orden político incorpora demandas, significantes, discursos que las organizaciones populares formulan, y son estas mismas las que pueden interpretar su inclusión.

No se trata de la mera cooptación de líderes populares, que expresa más bien debilidad de un orden político y requiere de la compra de voluntades para sostenerse. Esta propuesta sobre el carácter hegemónico de un proyecto político necesita que organizaciones de las clases populares interpreten que se trata de un proyecto político favorable a sus intereses – o incluso más, se visualizan como protagonistas del mismo.

Para ello, el Estado, como unificación de lo social, debe tramitar demandas de las clases populares, haciendo así concesiones simbólicas y materiales¹ . Para que esto ocurra, un orden político debe tener alguna estabilidad y ser capaz además de otorgar concesiones a las clases populares: tanto en el orden simbólico – discurso – como en las políticas públicas. Solo refuerza este análisis que las clases dominantes lo hagan por necesidad en lugar de hacerlo por convicción: se trataría de una reacción ante la percepción de una posible amenaza de insubordinación de las clases populares. Cuando esto ocurre, la presencia pública de las clases populares interviniendo a través de sus diferentes organizaciones puede dar forma a ese consenso activo. Cuando un orden político logra esto, diremos que es hegemónico: logra revestir la dominación de consenso.

En este artículo se presenta la siguiente idea: la construcción de hegemonía en una sociedad dependiente enfrenta limitaciones estructurales, definidas por los intereses y capacidades de los agentes de clases sociales. Es posible indagar estas limitaciones en un caso específico, a saber, la Argentina durante el neodesarrollismo, según se expresó a inicios del siglo XXI.

UNA SOCIEDAD DEPENDIENTE

En este texto propone analizar la construcción de hegemonía en una sociedad dependiente, concretamente la argentina. Desde su independencia como nación, la estructura productiva argentina fue configurándose como productora abastecedora de materias primas y bienes salario para el consumo en las metrópolis europeas. Tal especialización implicaba el abastecimiento de bienes manufacturados adquiridos desde el exterior, configurando un esquema de intercambio desigual que resultaba pernicioso para el país, según fuera discutido por Raúl Prebisch (1950) .

A partir de la crisis de 1930, la región latinoamericana abrió una etapa donde esta especialización fue parcialmente alterada, de la mano del proceso de industrialización, primero sustitutiva y luego guiada por el Estado ( Bértola; Ocampo, 2014 ; Bulmer-Thomas, 1998 ). La etapa “fácil” de desarrollo industrial, de ramas de tecnología conocida y bajas escalas productivas, ligada a bienes de consumo ofreció una oportunidad de organización de la producción en que los salarios fungieran como factor de demanda ( Peralta Ramos, 2007 ).

La emergencia del primer peronismo estuvo asociada a esta coyuntura, que ofreció durante una década (1943-1952) las posibilidades de conciliar las necesidades de reproducción del capital con las de legitimidad del proceso político ( De Ípola; Portantiero, 1981 ). Concretamente, la forma de la acumulación basada en la expansión de la industria, en una economía relativamente cerrada, sirvió para que los salarios ocuparan un lugar contradictorio. Si, por un lado, continuaban tratándose de un costo directo e indirecto por la vía de las prestaciones sociales a cargo del Estado, por otro lado, representaba la posibilidad misma de valorizar las mercancías en el mercado interno. Este hecho le dio credibilidad parcial a la promesa de un desarrollo capitalista nacional. Las clases populares encontraron una mejora en sus condiciones de vida – materiales y políticas – en la forma capitalista de la sociedad argentina; y no pocas de sus organizaciones lo tomaron como una conquista.

Sin embargo, se trataba de un momento particular de la acumulación a escala global, que mostró signos de agotamiento una vez iniciada la reconstrucción europea de postguerra. La rehabilitación parcial de los flujos de capital – crédito e inversión – y de mercancías fue horadando las posibilidades de las economías de la periferia. La nueva fase de industrialización (“difícil”), que pretendía avanzar sobre ramas pesadas y básicas, abrió un hiato en el orden político: el capital extranjero aparecía como socio y las condiciones de vida de las clases populares pasaban a representar un simple gasto ( Fajnzylber, 1983 ; Peralta Ramos, 2007 ). El mercado interno no era suficientemente holgado. Para compensar esta falta, la industria requería de un salto competitivo que le permitiera exportar, y mientras tanto, de crecientes transferencias de renta y divisas de parte de las fracciones más competitivas, a saber, las ubicadas en la producción primario-exportadora, propias de etapas previas del desarrollo argentino.

O’Donnell (1977) mostró que, en esos años, las concesiones que se pudieran hacer otorgaban gobernabilidad ante los crecientes niveles de organización de las clases populares, pero producían conflictos – y en últimas, un veto económico – respecto de las fracciones propietarias de las rentas que permitían esas transferencias. Pero sin estas concesiones, el patrón de dominación se veía impugnado por las organizaciones obreras, situación que Portantiero (1977) denominó empate hegemónico . Se abría una etapa de crisis sobre las posibilidades de las clases dominantes de construir hegemonía. En ese marco, aparece con mayor claridad la crítica de la TMD al proceso de desarrollo existente.

La TMD surge en crítica directa al enfoque estructuralista, así como las teorías de la modernización y el determinismo de la III Internacional ( Löwy, 2007 ), discutiendo la idea de que todas las sociedades debían atravesar el mismo proceso, las mismas etapas, que las sociedades europeas ( Santos, 2003 ). Así, se reprochaba a las teorías del desarrollo, el método formal a-histórico, la pretensión de que los países escaparan a la lógica general del capitalismo y a la posibilidad de progreso armónico, libre de la lucha de clases (Bambirra, 1978; Santos, 1970). El enfoque marxista apuntó a las determinaciones histórico-estructurales de la dependencia. Señalaba Santos (2003) que: a) el subdesarrollo está conectado estrechamente con la expansión de los países industrializados; b) el desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes del mismo proceso universal; c) el subdesarrollo no puede ser considerado como la condición primera para un proceso evolutivo; y d) la dependencia no es un fenómeno externo, sino que se manifiesta en diferentes formas en la estructura interna (económica, social, ideológica y política). Las clases sociales locales se asocian a los intereses de las burguesías de los países centrales y hacían del imperialismo una relación social interna ( Marini, 1978 ).

Desde la incorporación de América Latina y el Caribe al comercio mundial con la colonización, y especialmente con la declaración formal de las independencias, la producción local se adaptó a las necesidades de los países centrales ( Marini, 1973 ). Las relaciones no asalariadas de producción fueron parte de esta inserción y contribuyeron a la remisión de valor a los centros (Bambirra, 1978; Carcanholo, 2014; Marini, 1973 ). Estas transferencias se originaron con la exportación de metales y materias primas, y la industrialización y el moderno imperialismo sumaron los pagos de utilidades por las inversiones, de intereses, de deuda y de regalías, cuya importancia creció con la presencia de capitales extranjeros en las economías dependientes. Para compensar la transferencia de valor, los capitales que operan en estos países pagan la fuerza de trabajo por debajo de su valor social de reproducción, mecanismo conocido como superexplotación ( Marini, 1973 ; Osorio, 2016 ). Esta sistemática fuga comprime los mercados a una escala inevitablemente exigua, poniendo una traba al desarrollo incluso por la vía propuesta por el desarrollismo ( Marini, 1978 ).

Un aspecto valioso de este enfoque es que dio contenido a la cuestión nacional en términos de lucha de clases ( Torres-Novoa, 1979 ), analizando en particular las necesidades y fricciones entre fracciones del BEP. En ello, a pesar de los conflictos teóricos, metodológicos y políticos con los gramscianos latinoamericanos, había una confluencia en identificar lo nacional en la lucha de clases, y buscar comprender las posibilidades de construcción de hegemonía por parte de las clases dominantes. Así como los enfoques de la modernización eran un programa teórico-político con eje en la expansión del capitalismo central, el desarrollismo local no parecía buscar objetivos diferentes, sino un camino alternativo para ubicarse en el mismo mapa. Dicho de otro modo, el desarrollismo pretendía emular las prácticas de política económica que permitieran industrializar a los países de la periferia igual que antes lo hicieran los países centrales.

La crítica de la TMD fue más radical, señalando la imposibilidad de desarrollo autónomo bajo el capitalismo ( Marini, 1978 ). Esto quiere decir que el desarrollo en América Latina y el Caribe se acopla a las necesidades de otros centros dinámicos de acumulación, reproduciendo desigualdades estructurales: desarrollando el subdesarrollo.² El fundamento estructural de esta imposibilidad surge, como señalan Ovalle y Crossa Niell (2017) , de la subordinación de las clases dominantes locales a los proyectos exógenos, que dificulta severamente su capacidad de recurrir al consenso para legitimarse, reposando más bien en la capacidad coercitiva del Estado.

Alrededor de los años 1970, se produce una reorganización global de la acumulación ( Astarita, 2006 ; Osorio, 2016 ). La mundialización del capital productivo tuvo como una de sus expresiones más evidentes la conformación de cadenas globales de valor, en las que la Argentina – y América Latina y el Caribe en general – ocupa un lugar subordinado ( Treacy, 2016 ). Esto significa que la producción se organiza según determinaciones definidas en otros espacios de valorización, que controlan las decisiones clave sobre qué, cómo y cuánto producir, dónde y cómo vender, etc., generando constantes remisiones de valor al exterior durante la circulación del capital (Carcanholo, 2014). Otra de las características definitorias de la nueva fase de acumulación a escala global es la creciente financiarización ( Amaral, 2012 ), que opera forzando mayor inestabilidad macroeconómica.

Esta configuración modificó la forma de dependencia, pues la región ya no solo se ubica como abastecedora de materias primas, insumos intermedios y algunos bienes salario, sino que debe remitir crecientes flujos de valor hacia las economías centrales bajo la forma de pago por servicios controlados por estas (logística, comunicación, diseño, marketing, seguros), por financiamiento, regalías y remisión de ganancias, además de las operaciones entre filiales de trasnacionales realizadas a precios de transferencia. Perfectamente, una economía dependiente puede producir y exportar bienes industriales sin por ello perder su carácter de subordinada ( Katz, 2018 ; Osorio, 2016 ). La región presenta sistemáticas transferencias de valor al exterior, que constriñen la capacidad de ganar autonomía en el proceso de acumulación.

En el caso argentino, la economía se especializó en la exportación de bienes primarios y su procesamiento básico – centralmente, el complejo oleaginoso-cerealero – cuya relevancia es clave en el abastecimiento de divisas, pero que no tiene un peso especial en la estructura del PIB nacional ni en la creación de empleo. Persiste un complejo industrial reconfigurado a la luz de las reformas estructurales, que se asocia al procesamiento de bienes primarios o persiste al calor de protecciones especiales – como la cadena automotriz. Aunque provee de más empleo y mejor remunerado, la industria depende de las exportaciones agropecuarias para poder funcionar, debido a su carácter eminentemente deficitario. El carácter altamente transnacional de la cúpula industrial favorece la remisión al exterior de utilidades. Incluso más, se ha observado ( Manzanelli, 2019 ) que la industria no reinvierte sus ganancias en mayor inversión, sino que atesora parte del valor apropiado en la forma de colocaciones financieras sin destino productivo. Este comportamiento es visible también entre las elites más ricas, que tienden a retirar las ganancias de la producción, que han actuado como ejemplo para sectores medios de la población. De este modo, la fuga de capitales se ha convertido en un canal de pérdida de divisas significativo. A todo esto se suma el peso de la deuda externa, que ha crecido desde la última dictadura (1976-1983), fungiendo como otra fuente de salidas sistemáticas de valor hacia el exterior.

Para compensar esta persistente fuga de valor, el capital que opera localmente recurre a la superexplotación de la fuerza de trabajo y al extractivismo sobre el medio ambiente ( Cantamutto, 2022 ; Féliz, 2018 ). Esto es un nuevo límite a la constitución de un orden político hegemónico: la creciente pauperización de la vida de las clases populares y el directo avasallamiento de la naturaleza componen una continuidad en toda la región. Sin embargo, para el caso argentino, hay al menos una diferencia entre ambas tendencias: mientras que los conflictos socioambientales parecen imposibles de tramitar ( Costantino; Duárez, 2015 ), la pauperización social parece admitir fases: tras etapas de profundización de la precarización, son posibles recuperaciones parciales. Sin dejar de operar el mecanismo de superexplotación de la fuerza de trabajo,³ las variaciones de su intensidad en el tiempo tienen efectos sobre las alternativas políticas viables ( Cantamutto, 2022 ).

La combinatoria entre ambos problemas no es trivial: existen casos llamados por Gudynas (2013) “neoextractivistas” en que la sobreexplotación de la naturaleza permitió captar parte de la renta y redirigirla para compensar parcialmente las pérdidas sociales, permitiendo recuperaciones – o incluso mejorías – entre segmentos de las clases populares. Gobiernos de la llamada “Marea Rosa” aprovecharon este mecanismo durante los años de altos precios internacionales de los commodities exportados por la región: pudieron captar parte de la renta de la tierra para redirigir hacia mejoras en las condiciones de vida. Este fue el caso de los gobiernos llamados neodesarrollistas, cuyos alcances en materia redistributiva no fueron equivalentes en términos de cambios de las estructuras productivas o la inserción internacional ( Féliz; Pinassi, 2017 ; Svampa, 2016 ).

En este artículo se analiza el caso argentino en este período. En la crisis de 2001-2002 se produjo una significativa desvalorización de la fuerza de trabajo, con una caída promedio de los salarios en torno al 30%. A partir de esa crisis, los gobiernos neodesarrollistas administraron la recuperación paulatina de los salarios hasta 2008, momento a partir del cual la mayor parte de las variables que explican el nivel de vida de las clases populares mostró un estancamiento relativo. En esos años, la economía argentina funcionó con un amplio superávit externo, ligado a la mejora en la balanza comercial. Esto ocurrió por una retracción de las importaciones – que se irían recuperando de la mano de la reactivación económica –, y una mejora en las exportaciones, tanto por cantidades como por precios ( Wainer; Belloni, 2022 ). La profundización del agronegocio, vinculado especialmente al complejo oleaginoso y la soja en particular, fue una fuente central de divisas que sostuvo la expansión económica. La aplicación de derechos de exportación a estos productos permitió mejorar el resultado fiscal, motivo por el cual durante estos años estuvo vigente lo que se denominó los “superávit gemelos”; a saber, fiscal y externo.

Ahora bien, con la crisis de 2008, para evitar una nueva retracción económica que intensificara la superexplotación de la fuerza de trabajo en el país, los gobiernos neodesarrollistas aprovecharon la disponibilidad de flujos de valor asociados a la renta de la tierra, en un contexto de precios internacionales elevados. Las fracciones agropecuarias resistieron una mayor apropiación de la renta por la vía de la aplicación de derechos sobre sus exportaciones, pero la propia expansión del sector en un contexto de precios internacionales elevados permitió sostener las transferencias. Desde 2011, con la caída de estos precios, los saldos externo y el fiscal comenzaron a comprometerse, tornándose en déficits. Las salidas de divisas asociadas al déficit en la balanza de servicios, en energía, remisión de utilidades y pagos de deuda presionaban sobre las reservas, lo que llevó a que el gobierno comenzara a instrumentar controles sobre estas cuentas. A nivel fiscal, fueron las transferencias a las empresas prestadoras de servicios públicos y las energéticas lo que impulsó el cambio de signo. En la medida en que la disponibilidad de renta se redujo, las disputas entre fracciones de clases y clases sociales se tensaron. Sobre esto se explica en la siguiente sección.

DISPUTAS EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI

Para comprender el impacto de los cambios acontecidos en América Latina y el Caribe durante el siglo XXI, es necesario remarcar el peso de las reformas estructurales neoliberales en la década de los 1990. En el caso argentino, este proceso se enmarcó en el programa de la Convertibilidad, que incluía de conjunto un esquema de tipo de cambio fijo y caja de conversión, que logró eliminar la inflación, con la puesta en marcha de las reformas ( Cantamutto; Wainer, 2013 ). En términos discursivos, este programa se legitimó mediante la idea de que los costos sociales de la estabilidad eran un “mal menor” frente a la amenaza de revivir la crisis de 1989-1990. Por eso, el miedo a la hiperinflación y luego al desempleo funcionaron como una fuente de consenso negativo , como aceptación resignada ( Thwaites Rey, 1994 ), y fue presentada como fundamento de la hegemonía débil del período ( Piva, 2007 ). No habría una convicción real entre las clases populares sobre las bondades del orden político, sino una incapacidad de confrontarlo y superarlo mediante propuestas propias ( Balsa, 2010 ).

La Convertibilidad profundizó sus rasgos regresivos en materia social, especialmente durante la crisis iniciada en 1998. El aumento del desempleo – que alcanzaría a un cuarto de la población económicamente activa –, la venta de activos estatales y el creciente peso de la deuda pública fueron el telón sobre el cual crecieron las organizaciones sociales piqueteras y el sindicalismo combativo. Se trató de un largo ciclo de movilización social, que horadó la legitimidad del programa económico, impidiendo el avance en las propuestas de ajuste fiscal.

Este rasgo del orden político de la Convertibilidad es clave por su contraste con la etapa abierta con su crisis. El proceso abierto en ese momento combinó continuidades estructurales con una modificación de las políticas macroeconómicas y sociales, que resultaron en la emergencia de un nuevo orden político ( López, 2015 ). Concretamente, en 2002 se devaluó la moneda, pasando a moneda nacional una serie de precios básicos, como las tarifas de los servicios y las deudas en el sistema financiero local, suspendiendo los pagos de la deuda pública y ampliando de forma masiva las políticas sociales – se entregaron casi dos millones de planes sociales – ( Kulfas, 2017 ). Se argumenta que fue una fracción de la clase dominante la que buscó construir la hegemonía como forma de compensar sus propias debilidades estructurales ( Cantamutto, 2017 ). Concretamente, la gran burguesía industrial – representada por la Unión Industrial Argentina (UIA) – incorporó demandas ajenas en su discurso y programa, lo que le permitió construir un consenso activo entre las clases populares. Esto le resultó de utilidad para validar la captura de parte de la renta de la tierra, contra los intereses de las fracciones propietarias, también parte del BEP.

La incorporación subordinada de demandas de otras fracciones del BEP e incluso de las clases populares expandió su programa. Si originalmente (en 1998) solo se pedía una devaluación del peso, para fines de 2001 el discurso de la UIA incluía fuertes referencias a la producción nacional y la inclusión por la vía del empleo, incluso se sumó a los pedidos por más políticas sociales. Es decir, modificó su propio programa (conjunto de demandas), sin ceder por ello en lo que consideraba fundamental. En tal sentido, las demandas de clases populares fueron incluidas, de modo subalterno, lo cual es una clave para hablar de un orden hegemónico; esto es, que hubo concesión efectiva – en lo simbólico y lo material. Estas concesiones fueron las que motivaron interpretaciones favorables de las clases populares, que redirigieron la capacidad organizativa y disruptiva que lograron en la resistencia al neoliberalismo al apoyo explícito de este programa. Concretamente, la Confederación General del Trabajo, principal central sindical del país, se unificó en este apoyo al programa de la UIA.

La caída de la Convertibilidad fue resultado – principal, pero no únicamente – de la movilización popular, que cuestionó de plano la legitimidad del conjunto del programa. Durante la crisis, el BEP mostró una división interna que afloró una vez que la crisis institucional se hizo evidente. Resulta claro que el programa presentado por el Grupo Productivo (dirigido por la UIA) había sido delineado con antelación, lo que permitió un pronunciamiento claro y veloz. Durante la crisis, se sucedieron gobiernos no electos (de Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, entre 2001 y 2003) que tomaron este programa como una guía de sus políticas públicas. El mismo alteraba la distribución de poder estructural entre las fracciones del capital: del lugar preeminente de los capitales extranjeros ubicados en los servicios (financieros, en particular) durante la Convertibilidad, la nueva fase consolidó el lugar de aquellos productivo-exportadores como grandes ganadores ( Wainer, 2013 ). Esto se puede visualizar tanto en su rol como abastecedor de divisas como en las políticas públicas destinadas a elevar su rentabilidad.

Sin embargo, la distribución de ganancias y pérdidas entre fracciones del capital no se condice exactamente con sus posiciones políticas. Las fracciones que fueron desplazadas del comando del BEP – finanzas y las privatizadas – recibieron compensaciones sustanciales a través del Estado; es decir, se socializó el costo de tal desplazamiento ( Féliz et al., 2012 ). A partir de 2005 se normalizarían los pagos de deuda, siendo el sector financiero el de mayores ganancias y expansión entre 2008 y 2015. La gran burguesía agraria, en cambio, aunque se vio claramente beneficiada por el nuevo régimen – en tanto se consolidó su poder estructural por el control de las divisas –, se le impuso el pago de una “cuota” de la renta apropiada mediante las retenciones (derechos de exportación), lo cual no impidió que sus ganancias se incrementaran, sino que implicó una obligación contraria a sus demandas. Es decir, esta fracción fue ganadora desde el punto de vista de la economía política, pero fue relegada de la dirección política (como lo muestra su exclusión de los mecanismos de diálogo social). Los capitales concentrados del agro ocuparon este lugar desgarrado en el BEP: ganador económico, desplazado político. La fracción industrial, en cambio, no solo se beneficiaba por las políticas y, además, se garantizaba un lugar privilegiado en el diálogo con el gobierno.

En 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, y con su fuerza política aportaron particularidades específicas a la construcción política, que dio la forma concreta de esta construcción hegemónica. Kirchner completó la ruptura política iniciada por la burguesía industrial, al punto que esta pudo retraerse de la dirección del aparato estatal, legando esta tarea al personal político kirchnerista. Lo que apareció como autonomía del Estado (la intervención política) en el discurso kirchnerista no es sino el mayor éxito de la hegemonía de la fracción industrial: ¿qué más consensuado que aquello de lo que parece no ser necesario hablar?

El gobierno actuó en este momento como pivote de diálogo entre un amplio conjunto de fracciones del capital con las clases populares, excediendo al sindicalismo para incorporar parte del movimiento piquetero y de las organizaciones de derechos humanos ( Muñoz, 2010 ). Que el kirchnerismo haya incorporado las demandas de estos dos últimos sectores al programa de demandas articuladas de la industria – que permaneció inalterado en sus fundamentos–, desplazando a la fracción hegemónica del centro de escena, ilustra el logro de un orden político de tipo hegemónico. Como se sostiene en Cantamutto (2017 , p. 16):

No deja de ser llamativo que sectores de las clases populares defendieran como propio un proyecto que reposó sobre el eje central de la reindustrialización, idea que debiera dar señales sobre qué agente social lideró la construcción de sentidos, discurso y políticas públicas. La idea de inclusión a través del empleo, estaba directamente asociada a la acumulación productiva de capital, cuyo representante concreto sería la industria. Por supuesto, esto significa: los capitalistas industriales realmente existentes, que buscaban reproducirse según sus características reales – heterogéneas y dependientes.

Es decir, la reproducción social con base en el programa de este sector reproducía sus tensiones. Es significativo reconocer en la fracción industrial del BEP al sujeto social que protagonizó el proceso, pues en su conformación están los límites del programa. Sostener la acumulación basada en su configuración requería de constantes transferencias de valor, mediadas por el Estado, desde la clase trabajadora (superexplotación) y de otras fracciones del BEP (captura de rentas). En efecto, entre 2002 y 2008, la economía argentina se expandió a tasas elevadas, con especial protagonismo de la industria y la construcción. Por esta vía se redujo el desempleo a menos del 10% y logró que los salarios reales recuperaran su valor precrisis (durante la cual se habían desmoronado un 30%).

Ahora bien, la recuperación con énfasis en la industria se basaba en una serie de transferencias de valor que son centrales para comprender los límites del proceso. Primero, las empresas se apropiaron bajo la forma de un aumento de ganancias de la caída de los salarios operada durante la crisis. Los salarios tardaron en recuperarse, mientras que la rentabilidad tuvo un aumento súbito ( Manzanelli, 2019 ). Segundo, la industria también aprovechó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, lo que disminuyó tanto costos directos de producción como indirectos – al reducir relativamente el costo de vida de los/as trabajadores/as. Tercero, estos sectores se apropiaron de parte de la renta de la tierra por la vía de los derechos de exportación cobrados por el Estado y dirigidos a compensar a las empresas de servicios cuyas tarifas están congeladas. Cuarto, la apropiación de divisas provenientes del mismo sector primario – cuyas exportaciones se vieron impulsadas por la suba del tipo de cambio y la mejora de los precios internacionales – permitió desplazar la restricción externa al crecimiento, liberando la posibilidad de aumentar las importaciones a una industria eminentemente deficitaria ( Wainer; Belloni, 2022 ).

Esto no debe dar lugar a un argumento confuso. La industria que se expandió fue la efectivamente existente, es decir, bajo las condiciones de dependencia que la caracterizan ( Costantino, 2018 ). No se trató de un cambio estructural o de un proceso sustitutivo similar al de siete décadas antes. La industria se mantuvo concentrada, con elevados niveles de extranjerización, mostrando un severo déficit comercial externo ( Castells; Schorr, 2015 ). Ahora bien, para que esta industria pudiera expandirse, requería de la redistribución de valor mediada por el Estado a través de impuestos y transferencias.

Como se puede apreciar, se trató de un esquema de políticas elaborado para sostener la expansión de la producción industrial. Estas políticas no se adoptaron en el vacío, sino mediante el referido proceso de construcción de legitimidad. En este sentido, la recuperación en las condiciones de vida de las clases populares permitió construir consenso entre sus organizaciones. Por supuesto, esto operó sobre la base de una crisis histórica. A partir del momento en que la situación social se asemejó a su estado previo a esa crisis, las mejorías fueron limitadas. No ocurría lo mismo con las fracciones del BEP que detentaban la propiedad de la renta de la tierra. El capital agroexportador consolidó su poder estructural durante este período al volverse el principal abastecedor de divisas y aportar recursos fiscales para que el Estado pudiera redistribuir y garantizar las ganancias de la industria y la legitimidad general del proceso de acumulación.

De hecho, estas fracciones desgarradas fueron las que pusieron un límite al proyecto político y económico. En 2008 se desató un conflicto con el capital agropecuario a causa de la elevación de las alícuotas cobradas en los derechos de exportación primaria. Esto provocó una fuerte reacción de rechazo por parte de las fracciones desgarradas, que lograron constituir un polo crecientemente unificado de oposición política. Es relevante marcar que estas fracciones no dejaban de percibir ganancias y rentas incluso con esta suba; se trataba de una impugnación política, la negativa a sostener un proceso de acumulación que no las tuviera por protagonistas. Las demandas de estas fracciones desgarradas lograron convocar a partidos y referentes políticos de la oposición al gobierno.

Esta interpelación al orden político, además, logró ampliarse, incluyendo a otras fracciones del BEP, lo cual puso en una tensión interna al propio capital industrial – que veía con resquemores cualquier intención del gobierno que fuera más allá de su propio y contradictorio programa. Estas ambivalencias aportaron al escenario de recesión baja creación de empleo y dificultades en la balanza de pagos abierta desde 2011. A partir de ese año, los precios internacionales iniciaron un descenso que disminuyó la renta de la tierra disponible en el país, lo cual intensificó la disputa por estos recursos.

El Estado necesitaba de mayores recursos fiscales para arbitrar las transferencias de valor que al mismo tiempo garantizaran ganancias al capital industrial, sin que esto implicara un deterioro sistemático de las condiciones de vida de las clases populares; puesto que este era el recurso central en la construcción de consenso. Las transferencias a las empresas proveedoras de servicios públicos, en especial, se configuraron en un componente central del aumento del gasto público. La fuente de recursos era la renta de las fracciones desgarradas. A su vez, a nivel externo, debido a la continuidad de la inserción primario-exportadora de la economía argentina, se consolidó el poder estructural de las fracciones agroexportadoras ( Wainer; Belloni, 2022 ). En la búsqueda por normalizar las relaciones con las fracciones financieras del BEP, los gobiernos kirchneristas buscaron rehabilitar los pagos de deuda, que presionaron tanto los recursos fiscales como los externos. Una vez reestructurada la deuda en 2005, comenzaron a incrementarse los pagos de intereses. No existió un conflicto con las fracciones más financiarizadas del BEP en estos años, sino apenas con grupos particularmente agresivos (los llamados “fondos buitres”) que buscaban forzar las transferencias más allá de lo que la macroeconomía argentina y sus arcas del Estado podían realizar sin poner en jaque al conjunto del programa político-económico ( Nemiña; Val, 2018 ).

Las fracciones desgarradas buscaron crear consensos sobre sus demandas a partir de la confluencia de otras fracciones en un marco común. Para ello, impulsó activamente la negociación de las cúpulas empresariales concentradas – con independencia de su sector de origen – a través de la Asociación Empresaria Argentina, el Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) o el Foro de Convergencia Empresarial. En todos los casos, se buscaban elementos comunes, que finalizarían en 2014 con un nuevo programa basado en la reapertura de la economía (la liberación de controles del sector externo), el incentivo al negocio energético y las reformas fiscal y laboral. Fue largo este proceso de conformación de la alianza política Cambiemos, que reunió a diversos partidos (sus principales socios son el PRO – Propuesta Republicana –, la UCR – Unión Cívica Radical – y la Coalición Cívica) aglutinados bajo la oposición al gobierno kirchnerista.

Las fracciones industriales lentamente confluyeron con el resto del BEP en ese programa común, debido al costo político de confrontar con las demás fracciones y encontrar cada vez más costoso lidiar con las demandas de las clases populares. El gobierno, contemplando las ambivalencias del sujeto político que lideraba con su programa el proceso neodesarrollista, debió buscar formas de sostener el proceso. Esto obligó a un mayor protagonismo del propio personal político y la burocracia, capaz de sostener el programa. Si bien esto fue presentado como una radicalización de cambio social, en los hechos, buscaba arbitrar sobre la misma base; es decir, no se trataba de una confrontación con el bloque en el poder, sino un intento por sostener las intervenciones que le permitían validar socialmente su propuesta. No solo el capital industrial lograba tener ganancias, sino incluso la oposición liderada por las fracciones desgarradas.

En este contexto, los dos mandatos de gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) buscaron ofrecer políticas concretas que mejoraran la situación de las clases populares sin alterar el equilibrio anterior. En este sentido, la re-estatización del sistema previsional en 2008 sirvió para contar con recursos para diversas políticas, entre las que se destaca especialmente la creación de una Asignación Universal por Hijo/a en 2009, un programa social de muy amplia cobertura. Otras políticas clave en la construcción de consensos no se centraron en disputas que implicaran transferencias de valor entre fracciones o clases, como las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Estos derechos individuales contaron con gran apoyo no solo por parte de las personas directamente beneficiadas, sino por un arco cultural progresista que encontraba validadas demandas por fuera de la disputa estrictamente económica. En un plano semejante se puede poner la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, aunque en ese caso sí se tocaban intereses de grandes grupos mediáticos en términos de concentración y acceso a fondos públicos, apostando a una mayor democratización de la comunicación.

Aunque estas políticas fueron altamente valoradas por una parte de la sociedad, no fueron suficientes para sostener la legitimidad inicial. La confrontación de las fracciones desgarradas en un marco de menor crecimiento económico y dilución de las mejoras para las clases populares lograron desarticular a la coalición social gobernante. Ahora bien, el proceso neodesarrollista que se desenvuelve entre 2002 y 2015 no logró alterar los fundamentos estructurales de la Argentina. El país mantuvo su inserción externa basada en la exportación de bienes originados en el sector agropecuario, con escaso control del propio comercio, en manos de pocas empresas transnacionales. La salida de valor por la vía de pagos de utilidades, intereses y atesoramiento erosionaron la posición económica internacional del país. En el frente interno, la industria detuvo su dinamismo alrededor de 2008 ( Costantino, 2018 ) y, sin entrar en crisis, limitó la capacidad de lograr mejoras sociales para las clases populares. Ante esto, el gobierno buscó sostener la legitimidad del proceso, pero esto significaba un costo político creciente para el sujeto social que representaba, a saber, la fracción industrial del BEP. En última instancia, esta fracción retiró su apoyo al gobierno en 2015.

COMENTARIOS FINALES

Este texto es un aporte para la discusión de la dimensión política al análisis de las sociedades dependientes. El análisis de la TMD ha ofrecido herramientas precisas para comprender las estructuras económicas de las sociedades latinoamericanas; aquí proponemos combinar el análisis con una perspectiva de hegemonía para poder comprender sus rasgos políticos. Concretamente, en la perspectiva dependentista, las economías de la región – como la Argentina – producen permanentes transferencias de valor hacia las economías centrales, lo cual impide la apropiación plena del valor generado. Esto induce a una estrechez sistémica de los mercados internos, quedando la acumulación en estas economías atadas al dinamismo de otros centros de acumulación. La pregunta que motiva este artículo fue cómo es posible con este diagnóstico explicar la constitución de procesos políticos con cierto apoyo por parte de las clases populares, sin caer en explicaciones que supongan engaños o compras de voluntades.

El argumento teórico de este artículo se centró en que la construcción de hegemonía no está libre de determinaciones estructurales, y en una sociedad dependiente, estas dependen en parte de la forma concreta de la acumulación. En este sentido, si bien es posible afirmar la persistencia del mecanismo de superexplotación de la fuerza de trabajo en la Argentina contemporánea, también es necesario considerar los efectos de la sobreexplotación de los recursos disponibles, bajo un esquema de producción basado en el extractivismo. La disponibilidad de estos recursos supone la existencia de renta de la tierra disponible. Cuando parte de esta renta es captada por el Estado, es posible redirigirla para sostener la acumulación de otras fracciones no relacionadas directamente a esos recursos, o eventualmente facilitar políticas de legitimación de la reproducción del capital como un proceso de desarrollo.

A nivel empírico, justamente, aquí se presenta el argumento de que el proceso neodesarrollista consistió en el despliegue del programa de las fracciones industriales del BEP. Estas fracciones son estructuralmente débiles, debido a su incapacidad de retener valor de manera sistemática para reinvertir en un proceso competitivo a escala internacional. La industria argentina es competitiva centralmente en ramas asociadas a las ventajas estáticas de la cadena agroalimentaria, es decir, asociada a las fracciones exportadoras del agro. De conjunto, la industria es deficitaria respecto del comercio con el resto del mundo y controlada en la mayor parte de las ramas por un conjunto reducido de grandes empresas con fuerte presencia de transnacionales. Estas fracciones, para poder sostener la acumulación, requieren de diversas formas de transferencias de valor en su favor, tal como existieron durante la etapa de industrialización. Tras las reformas neoliberales, la industria necesitaba una reposición – aunque fuera parcial – de esas transferencias, como manera de lograr su propia reproducción.

Para ello, requería del apoyo de parte de las clases populares, que hicieran propio este programa, por lo cual recurrieron a la búsqueda de consenso para lograr articular políticas que les beneficiaran. La devaluación, aplicación de derechos de exportación al agro, suspensión de pagos de deuda, congelamiento de tarifas de servicios públicos fueron políticas puestas en práctica por los gobiernos del neodesarrollismo para garantizar transferencias que facilitaran la reproducción del capital industrial, al mismo tiempo que permitían legitimar el proceso entre las clases populares. Estas últimas obtuvieron mejoras concretas durante los gobiernos neodesarrollistas, aun cuando estas fueran parciales o limitadas.

Sin embargo, sostener este esquema de políticas implicaba crecientes tensiones con otras fracciones del BEP, concretamente las que detentaban la renta de la tierra. Los gobiernos neodesarrollistas debían captar parte de este valor para transferirlo directa e indirectamente a las fracciones industriales, así como para financiar las políticas sociales y el salario indirecto de la clase trabajadora, de modo que sostener la legitimidad del proceso. La normalización de la deuda soberana tras la reestructuración de 2005 implicó una nueva fuente de presión sobre la distribución de esa renta, que se expresaba no solo con relación a los recursos fiscales, sino también al uso de las divisas. No hubo confrontación con las fracciones financieras del capital, a excepción de unos grupos específicos que presionaban más allá de las posibilidades macroeconómicas de pago.

Los gobiernos neodesarrollistas buscaron sostener este equilibrio entre acumulación y legitimidad, pero en última instancia el BEP privilegió la unidad de clase por encima de la validación política de su programa, abandonando su apoyo al gobierno. Esto resultó en el final de ese programa, y el paso a un nuevo gobierno de corte neoliberal (Cambiemos, 2015-2019), que no es analizado aquí. Este gobierno avanzó en un esquema con menos concesiones, generando una súbita redistribución regresiva del ingreso, contra las clases populares y a favor de las fracciones financieras del BEP.

Al fin de cuentas, el sesgo excluyente de este patrón de reproducción económica del capital ejerce un condicionante estructural para la construcción de hegemonía, al reducir la capacidad de otorgar concesiones materiales y simbólicas. Esta relación de dependencia no está presente en sociedades de países centrales, lo que otorga mayor margen para las construcciones hegemónicas. Queda como una duda en este texto si el proceso ligado al neodesarrollismo tenía capacidad de profundizar el proceso de construcción de hegemonía. Sostenemos de manera tentativa que esto implicaba una contradicción difícil de resolver: para apoyar el proceso político, debía modificar las raíces estructurales de la dependencia argentina, lo cual implicaba, en última instancia, desplazar a las fracciones del BEP a ella asociadas. Esto quiere decir avanzar sobre los intereses de los capitales que se apropian de la renta de la tierra y los negocios vinculados. Pero dada la mutua imbricación del conjunto del BEP, esto suponía un cambio del propio sujeto social que construía hegemonía. Esta tensión se expresó de manera incipiente en los últimos años del kirchnerismo y quedó resulta en su desenlace, por el abandono de la fracción industrial de la vía hegemónica en reemplazo por un orden político más abiertamente excluyente (el expresado en el programa de Cambiemos desde 2015). Dicho de otro modo, entre acumulación y legitimidad, las fracciones industriales finalmente optaron por la primera, lo que resolvió sus tensiones con el resto del BEP, dejando así en dificultades a la fuerza política que buscaron representar este proyecto.

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• 1
  “Una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a una reforma económica, o mejor, el programa de reforma económica es precisamente la manera concreta de presentarse de toda reforma intelectual y moral” ( Gramsci, 1975 , p. 31).
• 2
  Vale resaltar que la idea de subdesarrollo no alude a la imposibilidad de crecimiento en estas economías, sino que a que la expansión del proceso de valorización del capital se realiza reproduciendo las distorsiones de la estructura productiva y la distribución, cuyas tensiones se acrecientan en el tiempo.
• 3
  Por un análisis de las críticas al concepto de superexplotación de la fuerza de trabajo, ver Martins (2018) .

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  22 Ago 2022
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  14 Jun 2018
• Acepto
  23 Mayo 2022