Territorialización de la estrategia REDD+ en el pueblo indígena bribri, Talamanca, Costa Rica

Resumen

Se exploran los efectos en los modos de vida y valoración de la naturaleza del pueblo indígena bribri en Talamanca, Costa Rica, ante el intento de implementar REDD+ en sus territorios. Mediante estudio de caso, análisis de discurso y hermenéutica colectiva sobre documentos y entrevistas producidos por actores sociales internacionales, nacionales y locales, se identifican controversias manifiestas a través de procesos de des/re/territorialización de la iniciativa. Estos procesos son legitimados por estrategias discursivas tecnocráticas asociadas a la mitigación del cambio climático, producidos en espacios de negociación multilateral, y adaptados por instituciones nacionales a propósitos no alineados con intereses de las comunidades. Se concluye que la implementación de REDD+ en Costa Rica posibilita i) mercantilizar la naturaleza, la participación y las formas de gobernanza tradicionales; ii) consolidar una eco-gubernamentalidad climática centrada en la fragmentación de la naturaleza; iii) construir representaciones sobre indígenas vulnerados y empobrecidos, para justificar la intervención en sus territorios.

Palavras clave:
Territorialización; Eco-gubernamentalidad Climática; Pueblos originarios; Pagos por Servicios Ambientales

Abstract

This article explores how the attempt of implementing REDD+ affects the livelihoods and nature valuation of the Bribri indigenous people in Talamanca, Costa Rica. The analysis is done using a case study, discourse analysis and collective hermeneutics in documents and interviews produced by international, national, and local social actors. Controversies in the REDD+ strategy have been manifested in the initiative’s de/re/territorialization processes. These processes are legitimized by technocratic discursive strategies associated with climate change mitigation, produced in multilateral negotiations, and adapted by national institutions for purposes not aligned with the interests of the communities. It is concluded that the implementation of REDD + in indigenous territories in Costa Rica gives way to i) the commoditization of nature, participation and traditional forms of governance; ii) the consolidation of a climate eco-governmentality based on the fragmentation of nature; iii) building representations of vulnerable and impoverished indigenous people, and thus justifying intervention in their territories.

Keywords:
Territorialization; Climate Eco-governmentality; Native people; Payment for Ecosystem Services

Resumo

Neste artigo, são explorados os efeitos nos meios de vida e a avaliação da natureza do povo bribri em Talamanca, Costa Rica, contra a tentativa de implementar REDD + nos seus territórios. Por meio de estudo de caso, análise de discurso e hermenêutica coletiva sobre documentos e entrevistas produzidos por atores sociais internacionais, nacionais e locais, controvérsias manifestas são identificadas através de processos de des/re/territorialização da iniciativa. Esses processos são legitimados por estratégias discursivas tecnocráticas associadas à mitigação das mudanças climáticas, produzidas em espaços multilaterais de negociação e adaptadas pelas instituições nacionais para fins não alinhados aos interesses das comunidades. Conclui-se que a implementação de REDD + em terras indígenas na Costa Rica permite: i) mercantilizar a natureza, a participação e as formas tradicionais de governança; ii) consolidar eco-governabilidade climática centrada fragmentação da natureza; iii) construir representações indígenas vulneráveis e empobrecidas, para justificar a intervenção nos seus territórios.

Palavras-chave:
Territorialização; eco-governabilidade Climática, Povos nativos; Pagamentos por Serviços Ambientais

Introducción

La estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) es un mecanismo internacional cuyo objetivo es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Tiene como referente la cobertura boscosa tropical que constituye el 41% del total mundial de bosques, su deforestación representa el 25% de las emisiones de los GEI (HOUGHTON, 2005; ERA VERDE, 2014), colocándoles como la segunda causa más importante de dichas emisiones. Son el espacio donde se albergan entre 50 y 90% de las especies de toda la tierra, a la vez son el medio de subsistencia material y cultural de comunidades locales.

La implementación de REDD+ se ha convertido en tema controversial para los pueblos indígenas de América Latina, Asia y África (PETKOBA Y LARSON, 2011; MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES, 2015), por encontrarse cargada de incertidumbres y mediada por múltiples intereses manifiestos o latentes. En América Latina, los bosques se encuentran localizados principalmente en territorios indígenas (DAM, 2011), por lo que los gobiernos tienen especial interés de incluirlos como beneficiarios de las políticas e incentivos REDD+ con la intención explícita de garantizar sumideros de CO₂.

Costa Rica se ha convertido en un referente internacional en la adopción de políticas relacionadas con el cambio climático. El Pago por Servicios Ambientales (PSA), como mecanismo antecesor de REDD+, se ejecuta desde 1996 con la participación, entre otros beneficiarios, de diferentes comunidades indígenas ubicadas en el territorio nacional costarricense. Desde 1997 al 2018 se establecen 284 contratos en territorios indígenas, lo que representa un 1,6% del total de contratos, por una suma total de 5.414.169,30 USD (FONAFIFO, 2019a; 2019b). Sin embargo, las comunidades indígenas incluidas en el estudio, con el apoyo de organizaciones y movimientos sociales, denuncian desinformación sobre la implementación de REDD+, así como cambios importantes en sus modos de vida, si la estrategia se llega a consolidar (MENDEZ, 2014a).

El caso del territorio Talamanca-Bribri fue seleccionado para realizar este trabajo, por sus antecedentes de resistencia ante presiones de empresas nacionales y transnacionales interesadas en utilizar la riqueza natural de sus territorios (MENDEZ, 2014b). En tierras bribri hay una amplia cobertura boscosa, apropiada para incorporarla a los incentivos de la estrategia REDD+, pero dirigentes indígenas bribri manifiestan desacuerdos en torno a su implementación y cuestionan el pago de incentivos para la conservación de los bosques en espacios donde se cuenta con una cultura productiva que les permite una convivencia respetuosa con la naturaleza (MENDEZ, 2014a).

Exploramos las posibles implicaciones de REDD+ en la valoración sobre la naturaleza y los modos de vida del pueblo bribri, desde la visión de los actores internacionales, nacionales y locales en los procesos de des/re/territorialización de la iniciativa REDD+. Particularmente, el artículo indaga y presenta prácticas asociadas a la traducción de los discursos del cambio climático en Costa Rica, el discurso del pueblo bribri ante REDD+ y sus incidencias en otros niveles de decisión extra-territorial, reconociendo que las interacciones entre escalas no son lineales y que por lo tanto el proceso puede moverse en doble vía.

En un primer apartado teórico-metodológico se incluyen las herramientas conceptuales y las estrategias utilizadas para el análisis de la información. Luego, se describe el caso en su ámbito global, nacional y local, en lo que respecta a las políticas, programas, representaciones y prácticas; por un lado, para la institucionalidad internacional y nacional, por otro para la comunidad bribri. Finalmente se analiza el proceso de des/territorialización, en el ámbito de la gobernanza, considerando la relación entre las políticas y lo político; las dimensiones epistemológicas; y las prácticas productivas.

Teoría y métodos.

Territorialización/desterritorialización y políticas de eco-gubernamentalidad climática

El estudio de las políticas internacionales sobre el cambio climático y lo político de las relaciones que las sustentan, requiere entender el entramado complejo de su construcción y puesta en práctica, desde que se gestan en el ámbito transnacional hasta sus procesos de traducción hacia los niveles locales (BLANCO, 2016). Igualmente relevante es comprender los procesos inversos, es decir, acciones creativas de existencia o resistencia que se construyen desde espacios sociales que identificamos con lo local y que tienen la posibilidad de escalar en influencia hacia espacios que asociamos con lo global.

El abordaje del cambio ambiental global, no puede entenderse exclusivamente a partir de los discursos tecno-científicos. A través de instituciones, conocimiento experto y lenguaje especializado, se legitima la puesta en marcha de políticas supra-nacionales ante la comunidad internacional, en procura de mitigar los daños ambientales y su afectación global. En ese movimiento epistémico y político del expertise climático se produce una geopolítica del conocimiento que debe ser atendida por sus consecuencias en otros espacios y territorios (ULLOA, 2011). El cambio climático, en las formas en que es definido por actores tecno-políticos globales, reconfigura relaciones sociales y materiales concretas en el nivel local, nacional y transnacional, consolidándose lo que Astrid Ulloa, inspirada en las ideas de Foucault, denomina eco-gubernamentalidad climática (ULLOA,2011). Esta eco-gubernamentalidad implica una racionalidad específica, basada en la voluntad de gobernar procesos vinculados al medioambiente bajo una racionalidad tecnocrática con principios universalistas y sustentados primordialmente en soluciones de mercado. La naturaleza y sus servicios se configuran como bienes transables, susceptibles de fraccionamiento para su comercialización en el mercado internacional.

El proceso de traducir y volver materialmente significativas las directrices, conceptos, acuerdos y normas que se generan en el ámbito internacional, con objetivos de transformación deliberada de territorios y localidades, es parte de las acciones que identificamos con la eco-gubernamentalidad climática. Ella opera, como otros procesos expansivos y multisituados, en un doble movimiento de territorialización y desterritorialización constituyendo en su accionar verdaderos ensamblajes (DE LANDA, 2006, 2016). La territorialización implica que entidades heterogéneas (sociales o materiales) vinculadas por relaciones y/o flujos a un espacio geográfico experimentan procesos de relativa homogenización y movimientos generadores de identidad y cohesión (DE LANDA, 2016; ANDERSON Y MCFARLANE, 2011). Estos procesos no son necesariamente estables ni permanentes, por el contrario, la desterritorialización se mueve en el sentido inverso, elimina la consistencia interna y desestabiliza parcialmente las entidades territoriales, desarticulando sus relaciones o reconfigurándolas. Los discursos a la vez que son territorializados desde espacios identificados con lo global hacia otros que asociamos con lo local, sufren transformaciones - re-territorializaciones o desterritorializaciones - en sentido inverso, desde lo local a lo global (DE LANDA, 2006; ANDERSON Y MCFARLANE, 2011). En el caso de las comunidades indígenas la desterritorialización también implica la desvinculación de sus formas de gobernanza y su epistemología. Los procesos de territorialización/desterritorialización posicionan a las comunidades indígenas en nuevos contextos de lucha por sus territorios (ULLOA, 2011).

Las dinámicas relacionales entre las comunidades indígenas y las entidades nacionales y transnacionales se desarrollan sobre la base de la autonomía de los pueblos, autonomía respaldada por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El ejercicio de la autonomía sobre sus territorios es limitado frente a las políticas estatales y supraestatales, por lo que se pone en juego su capacidad de negociación, confrontación y participación en el posicionamiento de sus demandas, recurriendo frecuentemente a las mismas políticas globalizadoras. Este proceso Ulloa (2011) le denomina autonomía relacional.

A través de la autonomía relacional, los pueblos indígenas pueden, potencialmente, generar espacios y redes para posicionar sus discursos y demandas con actores locales, nacionales y transnacionales; de tal forma que la territorialización también puede darse, como hemos señalado, desde lo local a lo global en una doble vía.

El objeto de estudio de este trabajo, por tanto, son los efectos del mecanismo REDD+ analizados a partir de las representaciones, los discursos, las políticas, los programas y las prácticas vinculadas a los intentos de implementación en la comunidad indígena bribri en Talamanca, Costa Rica. La relevancia de la unidad de análisis territorial radica en que, primero, Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que va a la vanguardia de las políticas ambientales; segundo, en la comunidad bribri, se encuentran posiciones dispares en cuanto a su participación en el mecanismo REDD+.

Metodología

El trabajo se organiza como estudio de caso, utilizando el análisis de discurso ideológico. Según van Dijk (1996), este tipo de análisis permite relacionar las estructuras discursivas con las prácticas sociales, identificando tanto las ideologías o cogniciones sociopolíticas asociadas a la posición de cada actor social, como los medios de persuasión presentes en sus discursos. Para esta investigación, se buscó, en el lenguaje, las calificaciones positivas y negativas de los actores sociales respecto de sí mismos (ingroups) y de los otros (outgroups).

Al considerar que cada actor social construye su discurso según situacionalidad y posicionamiento ideológico, se identificaron esas posiciones en los textos siguiendo los tópicos propuestos por van Dijk (1996), es decir, descripciones de: autoidentidad, actividad, propósitos, normas y valores, posición y relación, y por último de recursos. Tales tópicos se aplicaron al corpus de análisis (ver cuadro 1) bajo la organización de las unidades de análisis según se detalla:

• las políticas sobre cambio climático nacionales e internacionales,

• REDD+ como política específica,

• la comunidad bribri y,

• los territorios selváticos pertenecientes a la comunidad bribri. En esta última, se seleccionaron expresiones relacionadas con:

  • los modos de gobernar,

  • los modos de conocer y

  • los modos de producir.

Los conceptos articuladores de estas cuatro unidades de análisis son: el eje de movimiento territorialización/des-territorialización (ANDERSON Y MCFARLANE, 2011) y la eco-gubernamentalidad climática (ULLOA, 2011).

Para lograr una interpretación profunda de los datos, se realizaron cuatro sesiones de hermenéutica colectiva (MOLITOR, 2001), consistentes en la confrontación de la lectura individual realizada por cada autor/a, para llegar a una interpretación colectiva consensuada de las posiciones presentes en los documentos analizados; reconociendo el sentido manifiesto y el latente de las expresiones.

Para la selección del corpus se utilizaron criterios de accesibilidad y de confiabilidad de las fuentes. El corpus discursivo estuvo integrado por tres grupos documentales (ver detalle en cuadro 1):

• a) Páginas web oficiales: el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO); ONU-REDD Costa Rica en redes sociales; videos de foros abiertos con participación gubernamental.

• b) Audios y videos publicados en redes sociales entre el 2007 (inicio de la propuesta REDD+) y 2016 (reacción a la Conferencia de la Partes - COP - 21), producidos por: Kioskos Socio-Ambientales y Era Verde, ambos, programas institucionales de la Universidad de Costa Rica.

• c) Cuatro documentos-informes generados por FONAFIFO-MINAE sobre los PSA.

• d) Adicionalmente y a modo de triangulación se realizan: una entrevista semiestructurada a dirigente indígena bribri; una entrevista con un consultor de FONAFIFO.

Cuadro 1
Lista detallada del corpus de análisis.

Corpus	Descripción
2 programas televisivos de Era Verde	Un programa de 24 min y otro de 29 min. En los programas se entrevista a: Leonardo Buitrago, líder bribri; Mariana Porras de la organización Coecoceiba; Baudilio Selles y Jhonny Buitrago, ambos indígenas del territorio Talamanca bribri, además incluyen cápsulas informativas sobre el mecanismo REDD+.
1 video de Caravana Climática	Video de 2 min 15 s, con declaraciones de exlíder Baldomero Waisa Pereira, indígena bribri, sobre la representación indígena en temas relacionados con REDD+.
1 audio de Caravana Climática	Video de 7 min 49 s, con declaraciones de Leonardo Buitrago, líder indígena bribri perteneciente a ADITIBRI (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri); se refiere al historial de pago de servicios ambientales en el territorio.
1 video difundido por Kioskos Socioambientales	Presenta 12 min de audio con fotografía de reunión sostenida entre la comunidad bribri del Caribe Sur, con integrantes del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.
3 páginas web oficiales del Gobierno de Costa Rica	Estas tres páginas web eran las disponibles en el año 2015 y 2016, con información oficial sobre REDD+: http://www.fonafifo.go.cr http://www.cambioclimaticocr.com http://reddcr.go.cr
1 entrevista a dirigentes bribri y 1 entrevista a consultor de FONAFIFO.	Se realizaron en octubre de 2015. Las entrevistas fueron semiestructuradas y abordaron dos temas generales: los significados y usos de los bosques para el pueblo bribri; y la representatividad en la toma de decisiones (procesos de consulta, papel de las organizaciones indígenas internacionales, nacionales y locales). El corpus documental, se contrastó bajo una perspectiva de triangulación a través de estas entrevistas semiestructuradas.

• Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar, que por ser un estudio de caso, los resultados de este trabajo no pretenden ser generalizables a otras poblaciones, sino, obtener aprendizajes situados sobre procesos sociales de interés público. Por otro lado, el registro de procesos dinámicos acelerados como el explorado en este texto, supera la capacidad de documentarlo en su totalidad, por lo tanto, el estudio de caso resulta una forma de aproximación parcial al fenómeno, en un momento dado.

La política sobre cambio climático y REDD+

REDD+ surge a partir de una iniciativa presentada por el gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, y el gobierno de Papúa Nueva Guinea (CULAS, 2012), durante la COP11 de Montreal en 2005, pero toma forma en el 2007 durante la COP13 en Bali. Se propone como un mecanismo para la reducción de las emisiones causadas por la explotación indiscriminada de los bosques tropicales en los países en desarrollo. El SBSTA (Cuerpo Subsidiario para apoyo científico y tecnológico de la COP por sus siglas en inglés), genera una propuesta denominada REDD+, acrónimo que hace referencia a la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques, la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques.

Esta política esta direccionada a países no industrializados, tropicales y subtropicales, que reciben fondos, canalizados a través de la FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) del Banco Mundial y la ONU-REDD, financiados a partir de los compromisos de los países industrializados para mitigar las emisiones de GEI (FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY, 2017). Culas (2012), define esta política como: “(…) transferencia financiera norte-sur para compensar los ingresos sacrificados y también por los costos asociados con el monitoreo y control de la explotación de los bosques, tales como el control de la corrupción y la tala ilegal por corporaciones locales y extranjeras” (traducción propia).

REDD+, por tanto, posiciona a los países industrializados como agentes que mediante la canalización positiva de sus recursos económicos contribuyen con la comunidad internacional en dos sentidos: a) como el aporte a la mitigación de GEI; b) para mitigar los problemas de pobreza en los países en desarrollo o pobres.

Desde la presentación de la propuesta en 2005, durante las COP anuales se discuten diferentes aspectos del mecanismo REDD+ que van construyendo una narrativa tecnocrática destacada en la enunciación de las políticas, por ejemplo:

• Entre el 2006 y el 2010 se debate acerca del alcance, las estrategias de Medición, Registro y Verificación (MRV) de emisiones por disminución de la deforestación; las formas de financiamiento, arreglos institucionales; y los derechos de los pueblos indígenas. Se reconoce, desde estos años, la importancia del otro (indígena) como actor relevante en la implementación del mecanismo (FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY, 2017).

• En la COP18 de Cancún-2010 se apoyan los salvaguardias respecto a los derechos de los pueblos, y la no-conversión de bosques naturales. Se enfatiza en el respeto por la soberanía nacional y la financiación por parte de los países desarrollados.

• En la COP19 del 2013 en Varsovia se provee una guía de cómo crear snapshots de los bosques en el tiempo y cómo usar estos para crear niveles de referencia de deforestación que puedan ser reconocidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY, 2017). Además se establecen elementos para la financiación de REDD+. Se consolida el lenguaje técnico que legitima a los negociadores y a los expertos de REDD+ como actores con capacidad para la toma de decisiones, frente a quienes no lo poseen.

• En la COP21 en París-2015 se discute la implementación de metodologías alternativas no-monetarias, con un plan de mitigación y adaptación conjunto que incluye manejo colectivo de recursos y uso sustentable de los bosques, promovido por Bolivia. Sin embargo, no se lograron establecer los mecanismos de financiamiento para darle sostenibilidad a la propuesta (CIRONE, 2016). El financiamiento se convierte en un mecanismo de poder capaz de discriminar entre las alternativas propuestas por los “beneficiarios” del mecanismo.

• En la COP 23 en Bonn, Alemania se discutió sobre el futuro de REDD+ y los desafíos respecto a su financiación, los mecanismos de implementación basados en resultados y la necesidad de convergencia en cuanto a sistemas de contabilidad comunes, creíbles y relevantes. Se va estableciendo así una narrativa de supervisión y control sobre los otros.

Políticas en Costa Rica

En Costa Rica, a partir de 1994 se experimentan políticas y prácticas tendientes a la protección del ambiente, tales como: una reforma constitucional que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la actualización de la ley forestal que reconoce como servicios ecosistémicos la biodiversidad, las fuentes de agua, la belleza escénica y la captura de carbono; la ratificación de los convenios internacionales como el Protocolo de Kioto (PK); y el compromiso de ser un país carbono-neutral en el 2021. Para este último compromiso, en el 2009 se formula la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). Entre sus ejes estratégicos se encuentra la mitigación de GEI, enmarcada dentro de los acuerdos internacionales como Mecanismos para el Desarrollo Limpio (MDLs), los NAMAs (National Appropriate Mitigation Actions), y el programa REDD+ (MILLA, 2011).

Con estas propuestas, Costa Rica -que se identifica a nivel internacional como país pionero en iniciativas para la conservación y protección del medio ambiente- se presta a incursionar en una tercera generación de acciones para el control de la deforestación, enmarcadas en un proceso de transición forestal que alcanzó su punto más bajo en 1987, con una cobertura forestal del 21% ( MILLA, 2011).

REDD+ sigue el esquema de los PSA (MAHANTY Y TACCONI, 2013), que consisten en una transacción voluntaria donde un uso de la tierra asegura un servicio ambiental. El servicio ambiental es comprado a un proveedor, siempre y cuando el proveedor asegure su provisión (WUNDER, 2015).

Costa Rica inicia su participación en el programa REDD+ en el 2008, a través del FONAFIFO con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). En el 2010, el documento de preparación de Readiness fue aprobado y se pasó a etapa de elaboración REDD+, que implica las consultas previas en particular a territorios indígenas ( MAHANTY Y TACCONI, 2013).

Según la página oficial de FONAFIFO, al implementar la Estrategia REDD+, se incorporarían 341,000 hectáreas de tierras privadas e indígenas, capturando un aproximado de 30 millones de toneladas de CO2 (FONAFIFO, 2014). Estas proyecciones contribuirían a mantener el posicionamiento positivo del país en el ámbito internacional y atraer la inversión extranjera al Mercado Voluntario Doméstico de Carbono (MVDCCR). Los propósitos institucionales buscan la preservación de la naturaleza a la vez que dinamizan la economía con implicaciones, según FONAFIFO, positivas para los diferentes actores.

En el 2013, el gobierno de Costa Rica firmó una carta de intención con el FCPF, donde se presenta la intención del FCPF por comprar a Costa Rica bonos por un monto de hasta US$630 millones en tanto Costa Rica cumpla con los requerimientos acordados. En el mismo año, se reglamentó el MVDCCR, donde -a diferencia de los PSA- el sector privado también puede generar y comerciar bonos de carbono (DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO COSTA RICA, 2016). De esta forma, el gobierno de Costa Rica presenta el mercado de carbono como una actividad al alcance de diversos grupos económicos.

Población bribri y sus territorios selváticos

El territorio indígena Talamanca-Bribri, está ubicado al sudeste de Costa Rica en los distritos de Telire y Bratsi, donde también se encuentra el pueblo y territorio Cabécar (Figura 1).

Según el Censo Nacional 2011, Talamanca-Bribri concentra la mayor cantidad de población indígena representando el 17.3% del total nacional, con 7.757 personas (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO, 2013). La extensión del territorio alcanza las 44 mil hectáreas y fue confirmada como reserva indígena por ley N° 6.172 en el año 1977 (FONAFICO, 2013). Según el Fondo del Primer Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU.-C.R. esta área territorial posee más del 50% del agua potable de Costa Rica y su cobertura boscosa casi alcanza el 70% (FONDO DEL PRIMER CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA EE.UU-C.R., 2013).

Es un territorio rico en minerales, esta condición coloca a los bribri en constante lucha por la protección de su territorio. Su resistencia pasa por mantener el idioma, formas de organización política, económica, religiosa y educativa, hasta la defensa de la naturaleza frente a empresas privadas y gubernamentales (MENDEZ, 2014b).

Figura 1
Mapa Territorio Bribri y su cobertura forestal

La representación política del territorio recae sobre la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI, asociaciones creadas a partir de la ley indígena en 1977 y su reglamento, constituyen los gobiernos locales validados por el Estado). Un dirigente comunal bribri (comunicación personal, 2015), señala que existen actualmente tres dimensiones organizativas al interior de la comunidad bribri: las autoridades tradicionales, la ADI y las organizaciones comunitarias. Según su experiencia, la ADI consulta con las otras dos para la toma de decisiones, pero existen cuestionamientos externos sobre la sustitución de prácticas de organización política tradicionales. Paralelamente a la ADI funciona la Red Indígena Bribri - Cabécar (RIBCA), que agrupa los ocho territorios indígenas de la zona Atlántica de Costa Rica.

En el 2011, basados en la lógica de representatividad, se elaboró un proceso de consulta para REDD+, a partir de una propuesta de la ADI, RIBCA y ACOMUITA (Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca, Organización no regional que asume la representación de las mujeres para el proceso REDD+). La dirección de FONAFIFO, lideró el proceso, con la participación de 19 líderes indígenas (ADITIBRI et al. 2012, FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL, 2013).

En el 2014 RIBCA reivindica la participación de las ADI en las negociaciones relacionadas con REDD+, considerando el artículo 2 de la ley indígena y 4 de su reglamento donde se nombra como gobierno local a las Asociaciones de Desarrollo Indígena y que ellos son elegidos en asambleas territoriales (BAKER, 2014).

El diseño del plan se truncó, por Directriz de la Presidencia de la República de marzo de 2016, donde se ordena iniciar un proceso para elaborar un mecanismo aplicable a toda consulta previa, libre e informada según establece el Convenio 169 (el “Mecanismo general de consulta a pueblos indígenas” fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo 40932 del 6 de marzo de 2018). De esta forma, el gobierno de Costa Rica se presenta ante las comunidades indígenas, como respetuoso de la institucionalidad nacional e internacional, en materia del derecho indígena.

A pesar de la anuencia de las organizaciones en funcionamiento formal y que son legitimadas por el Estado, existen otros grupos al interior de las comunidades, que rechazan categóricamente la implementación del proyecto REDD+ en sus territorios. Haciendo uso de vías legales y reuniones masivas muestran su descontento y buscan el rechazo al mecanismo (MENDEZ Y CAMBRONERO, S/f; TELAR COMUNICACIONES, 2014). En este sentido, es emblemática la reunión que sostuvo la comunidad en Territorio Bribri con personeros del Ministro de Ambiente y Energía. Quienes toman la palabra por parte de la comunidad, enfatizan la ausencia de consulta indígena, y señalan que de la comunidad solo participaron dos mujeres como representantes y que ellas no son legales, “ellas se tomaron la autoridad de decir por el pueblo talamanqueño” (MENDEZ Y CAMBRONERO, S/f; TELAR COMUNICACIONES, 2014). En respuesta, el ministro se presenta como parte de “un nuevo gobierno, un gobierno que tiene apenas 112 días…que no quiere venir a imponer ningún proyecto”, mensaje que busca credibilidad ante las personas asistentes, mediante una autorepresentación positiva. El representante estatal, a la vez que toma distancia de posibles intereses del Estado por aprobar REDD+, se coloca en una posición altruista al recomendar el mecanismo como una oportunidad económica para la comunidad.

Procesos de des/territorialización de los bosques bribri

Se examinan a continuación, los efectos y respuestas de organizaciones Bribri y aliados, frente al proceso de territorialización de REDD+ sobre sus bosques, en torno a tres modos en los que se manifiestan y disputan estas relaciones socio-territoriales: gobernar, conocer y producir.

Modos de gobernar: la relación entre las políticas y lo político

Para entender las controversias en torno al cambio climático, es necesario diferenciar la política (policy) de lo político (politics). La política se refiere al conjunto de acciones e iniciativas, cuya progresiva institucionalización genera mecanismos de toma de decisiones para enfrentar el fenómeno (acuerdos, normativas, regulaciones, etc). Lo político es la disputa del poder entre los distintos agentes, en sitios sociales que vinculamos a espacios globales, nacionales y locales, para apropiarse de esos mecanismos y “representar” lo que constituye lo social dentro del fenómeno. En tal sentido, lo social del cambio climático no es algo dado, sino que es un campo controversial compuesto por sus formas de representación y los modos de asociatividad para enfrentarlo (BLANCO, 2016).

En el caso de REDD+, las políticas están claramente mediadas por los acuerdos respecto al clima iniciadas en 1994 con la CMNUCC y en 1997 con el PK. A partir de allí se generan instituciones internacionales y agencias que se replican a nivel nacional en cada país. Costa Rica, sin embargo, es un caso particular, pues las políticas públicas respecto a lo ambiental se desarrollan a nivel nacional y local antes o en paralelo a los acuerdos internacionales, a través de un temprano proceso de institucionalización.

En el espacio global, como lo establece Ulloa (2011), los actores principales son los gobiernos de países desarrollados que asisten en el proceso técnico de preparación para REDD+ y que financian dicho proceso, así como las instituciones multilaterales interesadas en las acciones globales frente al cambio climático como ONU-REDD, FCPF, CMNUCC, Banco Mundial, etc. En torno a REDD+ se generan, además, posturas y asociaciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y el alcance que los créditos de carbono puedan tener para sustentar los compromisos de los países industrializados en la mitigación de emisiones de GEI.

La experiencia de PSA ya institucionalizados y ejecutados en Costa Rica, sugiere que la ejecución de REDD+ sea más rápida en este país. Sin embargo, desde el 2007 se han generado nuevas normativas, nuevas entidades e inversión económica dentro del MINAE y el FONAFIFO para elaborar REDD+, sin que se concrete el mecanismo.

Costa Rica continúa en la parte consultiva con los territorios indígenas, donde podrían modificarse las políticas para acomodar los requerimientos propios de estas comunidades, en particular con lo relacionado al manejo sostenible de los bosques. En este sentido, REDD+ empuja al país hacia la construcción de nuevas políticas que lo viabilicen, pero las acciones tomadas encuentran dificultades en lo político.

Al centrarse en ciertos actores transnacionales en torno a REDD+, se constata la consolidación de una eco-gubernamentalidad climática (ULLOA, 2011, 2013), que prioriza en una racionalidad de fragmentación de la naturaleza en bienes de mercado (sumideros de carbono) y en una lógica económica de pago por conservación, que si bien ya se daba en Costa Rica, tenía financiamiento y regulación de origen nacional.

A nivel internacional emergen actores sociales con una visión contrapuesta al establecimiento de REDD+ en territorios indígenas, en muchos casos con una suerte de resistencia ante los intentos por territorializar el discurso tecno-político y las prácticas asociadas al cambio climático (DAM, 2011; MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES, 2015). Algunas iniciativas son promovidas por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) con el apoyo de WWF, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP y el BID.

Por otro lado, el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIFPCC), demanda al SBSTA una participación más efectiva de los pueblos indígenas y respeto a las formas de conocimiento tradicional en los sistemas de monitoreo de REDD+ y en los beneficios no relacionados con CO2 o beneficios de no mercado. A este respecto, en la COP 21 Paris-2015, se abrió la posibilidad de generar políticas con enfoques alternativos a REDD+ tales como los enfoques de mitigación y adaptación conjuntos para el manejo integral y sostenible de los bosques, donde se puedan implementar estrategias no basadas en el mercado (CIRONE, 2016).

A nivel local, miembros del pueblo bribri agrupados en la organización Talamanca por la Vida y por la Tierra, con el apoyo de ONGs como COECOCEIBA, y grupos asociados a las universidades en Costa Rica como el Programa Kioskos Socioambientales, abren un movimiento en contra de REDD+ en los territorios indígenas, mayormente visibilizados a partir del 2014. Si bien las organizaciones no asumen la representación de los pueblos, sí acompañan a los detractores del mecanismo en la creación de espacios para manifestarse.

Desde FONAFIFO, se busca negociar e incorporar la participación de las ADI, mediante metodologías participativas e inclusivas que consideren la cosmovisión de los pueblos indígenas. La fase de preparación y específicamente la preconsulta de REDD+ propuesta por la ADI, RIBCA y ACOMUITA, como ejemplo de lo político, incorpora también el componente económico, a través del pago de viáticos a los mediadores culturales (BAKER, 2014).

En el caso de los fondos percibidos por la ADI mediante el PSA, se generan cuestionamientos tanto sobre su uso como por las prerrogativas que se obtendrían por pertenecer a la Junta Directiva de la Asociación que los administra. Igualmente se cuestiona su rumbo, pues algunos pobladores como Baudilio Selles, de Cachabli, Talamanca, consideran que la comunidad no recibe beneficios, específicamente que “no ha sacado al pueblo de sus necesidades más importantes como el camino y otras cosas” (ERA VERDE, 2014).

Estas acciones dan indicios de una mercantilización en curso no solo de la naturaleza sino también de la participación y las formas de gobernanza tradicionales. Tal como lo señala Ulloa las estrategias para confrontar el Cambio Climático se conciben como “una oportunidad económica para generar beneficios sociales” (ULLOA, 2011).

Por otra parte, el pueblo bribri pone en duda la representatividad de los miembros de sus comunidades en tales procesos, así lo expresa el señor Leonardo Buitrago, miembro del pueblo bribri y de la organización Talamanca por la Vida y por la Tierra, cuando señala que la ADI es una estructura del gobierno de la Republica (ERA VERDE, 2013).

Esta posición contrasta con la de FONAFIFO, que firma los convenios de PSA con la ADI, ya que según manifiesta el señor Jorge Rodríguez, director de esa institución “nosotros firmamos con los dueños registrales de la propiedad y en este caso son las ADIs” (ERA VERDE 2013). Con esto se reabre la discusión sobre las ADI como organización impuesta por el estado y sus implicaciones en la gobernanza de los territorios.

Otra crítica a la participación en el PSA por parte de organizaciones indígenas, y que se extrapola a la discusión REDD+, es que no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada, ya que afecta directamente los usos del territorio al restringirse la caza, la tala de árboles y la extracción de plantas (CARAVANA CLIMÁTICA, 2014). Al respecto RIBCA indica que los PSA nunca han afectado el uso tradicional, la medicina indígena y que más bien han servido para proteger los recursos naturales frente a los abusos internos y frente a los intereses mineros ( RED INDÍGENA BRIBRI Y CABÉCAR, 2014).

La estrategia implementada por algunos miembros del pueblo bribri en rechazo a REDD+, ha consistido en recopilar y divulgar información, así como generar presión sobre la ADI para que se oponga a su implementación. Presión que concretan el 1° de julio de 2016, entregando en la ADITIBRI un documento firmado por 400 personas donde se declara el territorio “Talamanca-Bribri libre de REDD+” (MENDEZ Y CAMBRONERO, S/f).

Modos de conocer: desencuentros epistemológicos

En la cosmovisión del pueblo bribri, la conservación de la selva está integrada a sus vivencias y prácticas cotidianas. La mayor cobertura boscosa del país y sus recursos minerales sin extraer ni comercializar se mantiene como consecuencia de la interrelación y protección bribri sobre el territorio.

Según el pueblo bribri existe una interdependencia entre el ser humano y la naturaleza que proporciona todo lo necesario: alimento, techo, medicina y esto es correspondido con respeto, lo que representa parte de la visión holística del concepto de conservación.

Esta visión guarda gran distancia ontológica con el planteamiento de la estrategia REDD+ que, basada en los preceptos de la modernización ecológica, implica asumir la separación ontológica entre sociedad y naturaleza, para posteriormente establecer mecanismos de apropiación, exclusión y/o acceso a bienes y servicios ecosistémicos. Se plantea entonces la conservación como un servicio mercantilizable “resultado de una visión neoliberal de la naturaleza” (ULLOA, 2013).

Por el contrario, según el señor Selles, miembro de la comunidad Bribri, “no es necesario que haya dinero, ni leyes impuestas para que conservemos, son leyes inscritas en nuestros corazones dados por Sibö [Dios]” (ERA VERDE, 2014).

Con la creación en Costa Rica, del Mercado Doméstico de Carbono, en noviembre del 2013, se estipula la posibilidad de canjear las Unidades Costarricenses de Compensación (UCC) en la Bolsa Nacional de Valores y marca la liberalización del mercado, eliminando el monopolio de FONAFIFO para la gestión de esas unidades. El transitorio II del Decreto del Reglamento de Regulación y Operación del Mercado Doméstico de Carbono, mantiene al FONAFIFO como el encargado de los procesos de compensación, hasta tanto el MDC se implementa. De este modo se insertan los servicios ecosistémicos en el horizonte de negocios más abierto para los beneficiarios de PSA.

Al menos dos formas de acercamiento y relacionamiento con la naturaleza se ven enfrentadas en un mismo espacio de disputa. Un espacio cargado de historia y relaciones de convivialidad entre humanos, no humanos y más que humanos, cuya resistencia está directamente vinculada a las posibilidades de sostener una existencia territorial y espiritualmente unificada.

En el caso particular de REDD+, es el SBSTA el encargado de dar una recomendación técnica desde una epistemología occidental, es decir, revalorizando el conocimiento experto sin tener en cuenta el conocimiento local, en particular de pueblos indígenas que han conservado sus territorios selváticos por años. También se crean una serie de procesos cooperativos para la implementación de programas en la etapa de preparación de REDD+, que incluye agencias internacionales como ODA, GEF, IBDR, FIP, entre otras.

Por parte de los bribri se identifican conocimientos múltiples relacionados con el bosque que miembros de este pueblo colocan a disposición de sus comunidades. El caso de la medicina, en conexión con el mundo espiritual, depende de un libre uso y acceso a las selvas: “privatizar el bosque para nosotros es como quitarle la farmacia a un hospital” (ERA VERDE, 2014).

El uso de esa “farmacia” requiere el desarrollo de conocimientos y colaboración con el mundo espiritual, que en el caso de los bribri se asume por parte de los Awá (médico tradicional indígena), son ellos quienes conocen el lenguaje para comunicarse con el mundo de las plantas (ERA VERDE, 2014).

Estos conocimientos del pueblo bribri, son desconocidos por la población en general, pero los activistas de la comunidad los ponen en valor, para hacer frente a los nuevos modos de valoración de sus selvas y como estrategia discursiva de convencimiento.

Modos de producir

Los procesos de territorialización/desterritorialización, se pueden evidenciar claramente en el proceso de ejecución de REDD+ en Costa Rica al ser relacionada con las formas de producir de los pueblos indígenas.

Primero, se evidencian prácticas y conductas correspondidas con mecanismos de mitigación mediante reducción de deforestación y la conservación de bosques, estipuladas en los procesos de preparación y pagos por carbono asociados a REDD+.

Así también, se crean imaginarios de pueblos indígenas pobres y vulnerables donde los programas REDD+ son instrumentos para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio: “Por lo que se refiere al carácter multipropósito de los incentivos REDD+, no cabe duda de que la reducción de la pobreza en la que se encuentran la mayoría de las comunidades y territorios indígenas de la región debería ser considerada como una prioridad” (PROGRAMA ONU-REDD, 2012).

Según entrevista a un consultor de FONAFIFO (Comunicación personal, 2014), en la cultura productiva de los pueblos indígenas la conservación del bosque tiene que ver con las prácticas asociadas al uso y formas de cultivo que se encuentran insertos en asocio directo con el bosque. Un sikua (no indígena) no identifica la tierra cultivada indígena porque forma parte integral del paisaje boscoso, no hay división entre las zonas de producción para el consumo y la naturaleza como sumidero de CO2. Igualmente, los animales domésticos conviven libremente en los patios de sus casas, también realizan actividades de caza, sin embargo, existen reclamos ante la restricción del gobierno de cazar animales silvestres (MENDEZ, 2012). Otras prácticas tradicionales asociadas a la cosmovisión tienen relación con actividades colaborativas que han sido desplazadas por el ingreso de prácticas mercantiles, como la entrada del dinero al territorio sustituyendo el cambio de mano o trueke, especialmente de trabajo por trabajo (MENDEZ, 2012).

REDD+ es un elemento nuevo que contribuye a la introducción del dinero en la economía Bribri , sumado a la imposibilidad de hacer uso de los bosques para sus actividades de reproducción, como lo confirma Jorge Rodríguez, director de FONAFIFO, al señalar que uno de los requisitos de participación es que “no haya aprovechamiento” que atente contra la salud del bosque (ERA VERDE, 2013).

Esta limitación representa un canje por “bienes” valorados de manera desigual, así como una relación con el bosque y formas de conservar contrapuestas. Conservar para el pueblo bribri es consustancial a su modo de producir, y como lo señala el señor Ornilio Reyes, se trata de una forma de convivencia con la naturaleza (ERA VERDE, 2014).

Si bien existen posiciones antagónicas respecto a REDD+ entre el mundo gubernamental y el mundo indígena, es clara la necesidad de tener información para medir las implicaciones del programa, especialmente en lo que se refiere al uso del territorio para mantener sus prácticas productivas. Esta es una demanda de los grupos opositores a REDD+ que ven en riesgo sus modos de vida.

Conclusiones

En este estudio de caso fueron analizados los documentos producidos a nivel local, nacional y multilateral respecto a REDD+ que se encuentran relacionados con la población indígena bribri en Costa Rica, con el objetivo de conocer los efectos que ha generado el intento de implementación de dicho mecanismo en su territorio. Las conclusiones que se esbozan a continuación no pretenden ser generalizables a todos los territorios indígenas costarricenses o de otras latitudes, pues cada uno presenta particularidades contextuales, prácticas y discursivas. Sin embargo, además del valor documental inherente, algunos de estos resultados pueden aportar lecciones a procesos de implementación de REDD+ en otros territorios, particularmente cuando ellos comienzan a ser concebidos, no desde los intereses nacionales, sino desde una perspectiva de soberanía territorial de pueblos originarios.

Identificamos efectos en los modos de vida del pueblo bribri, en la etapa de preparación del mecanismo REDD+, vislumbrando nuevos conflictos en las comunidades donde se trata de implementar, pues responde a formas diferentes de gobernar, conocer, producir y, en definitiva, de habitar el territorio.

Con respecto a las formas de gobernar, se observan contradicciones entre el discurso y las prácticas estatales, ya que mediante la ratificación del convenio 169 de la OIT se establece un compromiso por respetar la autonomía de los pueblos indígenas, pero en la práctica se continúan legitimando las organizaciones establecidas por una ley indígena emitida desde 1977, que no corresponde a la gobernanza de estos pueblos.

Según se aprecia en las posiciones de los actores gubernamentales y comunales, las discrepancias en la búsqueda por territorializar REDD+ están establecidas por eventuales: i) desestabilizaciones en la homogeneidad relativa de las comunidades indígenas, al generar o profundizar las divisiones internas entre las comunidades y al interior de ellas; ii) cuestionamientos al PSA, que era valorado positivamente a nivel de país, dejando en entredicho la administración de los recursos y la representatividad de las organizaciones que los reciben; y iii) debilitamiento de la autonomía de las comunidades indígenas bribri, a través de los procesos de consulta, ya que se pone en peligro la representatividad de las decisiones, donde su cosmovisión, prácticas y saberes sean reconocidos y respetados. Este panorama podría cambiar con el “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas” vigente a partir de marzo de 2018, lo que sobrepasa el período de análisis de esta investigación.

Se evidencia el carácter de autonomía relacional de estos pueblos, al ser regulados por leyes nacionales e internacionales que otorgan y “protegen” sus derechos, a la vez que los insertan en un mundo de significados y representaciones que no forman parte de su cosmovisión; sin embargo, han funcionado como mecanismos de lucha y resistencia ante las presiones sobre sus territorios.

La implementación de REDD+ altera la relación de interdependencia establecida por el pueblo bribi con la naturaleza, incorporando dinámicas externas de mercado, lo cual tiene implicaciones en los modos de conocer y en los medios de vida, en tanto pasan a depender de la estabilidad de los mercados de carbono. El conocimiento tecno-científico toma centralidad, señala lo que se debe hacer a nivel local para la conservación de los bosques y cómo los países desarrollados deben ayudar, sin una “autocrítica” frente a las causas de la deforestación o de los modelos que la impulsan.

Las discrepancias en torno a las implicaciones de REDD+ en los territorios indígenas surgen del reconocimiento de las diferentes racionalidades. La valoración de la naturaleza por parte del pueblo bribri confluye con la idea de conservación del pensamiento occidental, reflejado en las políticas de los organismos internacionales, pero toma distancia en la forma y fondo del para qué y cómo conservarla.

En los modos de producir se crean representaciones de los pueblos indígenas como grupos vulnerables, pobres y deforestadores, representaciones creadas desde una visión desterritorializada, que no toma en consideración que, en el caso particular de Costa Rica, los bosques de los territorios indígenas son altamente conservados.

Limitar el uso de los territorios para actividades tradicionales de los pueblos indígenas, afecta los modos de producir; al desplazar el consumo hacia el mercado y requerir el uso de moneda nacional.

En la socio-materialidad bribri, naturaleza, espíritu, producción y humanidad no se disocian de la unidad territorial que REDD+ separa conceptualmente en bosques y comunidades.

En síntesis, con este estudio se logran identificar las controversias manifiestas en los discursos de las instituciones nacionales e internacionales interesadas en la implementación de REDD+. Los procesos de des/re/territorialización del mecanismo en estudio son legitimados por estrategias discursivas donde predomina la buena voluntad de los países desarrollados por contribuir a la mitigación del cambio climático, a la vez que comprometen apoyo económico a los países en desarrollo. Por otro lado, los países en desarrollo y en particular los pueblos indígenas son construidos como pobres, vulnerables, deforestadores, desconocedores del lenguaje técnico y sujetos de control.

Los hallazgos apuntados, aportan al pueblo bribri variables no previstas que pueden poner en valor al participar en los procesos de negociación. Asimismo, deberían ampliarse con estudios que recojan las prácticas y percepciones de los actores sociales mediante un trabajo cualitativo de campo, que supere las limitaciones de un corpus predominantemente documental.

Finalmente, a manera de recomendación se considera que mecanismos como REDD+ pueden implementarse, pero, bajo las lógicas y las prácticas que los pueblos indígenas tienen sobre la conservación y cuidado de la naturaleza, respetando su autonomía para la integración de sus modos de gobernar, producir y conocer.

Agradecimientos

Este trabajo contó con el apoyo parcial del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, Programa FONDAP N° 15110009 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  12 Abr 2021
• Fecha del número
  2021

Histórico

• Recibido
  25 Set 2018
• Acepto
  14 Oct 2020