Pérdida irreversible de reservas ecológicas. La ilegalidad autorizada en el Cerro de Amalucan

Irreversible loss of ecological reserves. The authorized illegality in Amalucan hill

Resumen

El Cerro de Amalucan es uno de los principales pulmones del Municipio de Puebla, México, y a pesar de haber sido decretado como área de reserva ecológica, en 1994, ha perdido más de la mitad de su superficie natural en los últimos 25 años. El objetivo de nuestro escrito es mostrar cómo a pesar de existir normativa ambiental para la protección de zonas naturales éstas han sido sacrificadas a favor, principalmente, de los desarrolladores inmobiliarios. De esta manera queremos contribuir a la reflexión sobre las principales causas de dichas pérdidas y del papel de la acción colectiva para su protección y preservación. Nuestra metodología se basó en recorridos de campo para observar las actividades de los usuarios, deterioro y cambios de usos de suelo; en revisión bibliográfica, hemerográfica y de fuentes legales oficiales en materia de protección de áreas verdes y en entrevistas semidirigidas y pláticas informales con usuarios.

Palabras clave:
áreas naturales; legislación ambiental; gestión ambiental; Cerro de Amalucan; Organización ciudadana

Abstract

The Amalucan hill is one of the main green lungs of the Municipality of Puebla, Mexico and despite having been declared as an ecological area, in 1994, it has lost more than half of its natural surface over the last 25 years. The objective of this paper is to show how despite environmental regulations for the protection of natural areas these have been sacrificed in favor of, mainly, the real estate developers. Thereby, we want to contribute to the reflection on the main causes of these depredations and the role of the conscious collective action to prevent them. Our methodology was based on field trips to observe the user activities, and the deterioration and changes of use of the land; on literature review (publication, press and official legal sources on the protection of green areas) and on semi-direct interviews and informal talks with users.

Keywords:
Natural areas; environmental legislation; environmental management; Amalucan hill; Citizens organization

1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 m²/habitante de área verde en las ciudades. Puebla cuenta con apenas 1.08 (AYUNTAMIENTO, 2011-2014). En México desde la década de los ochenta, la respuesta gubernamental en materia ambiental se ha traducido en emitir ordenamientos jurídicos desde los ámbitos federal, estatal y municipal, que en el caso de Puebla se refleja en lineamientos estratégicos y decretos para proteger y preservar algunas áreas naturales. De acuerdo con Sandoval (2001) la legislación ambiental se enmarca en la “moralización de la sociedad”; así, la conciencia y discurso ambientalista del Estado nace como respuesta a la presión de los movimientos sociales ante la problemática ambiental. A pesar del marco jurídico ambiental, las prácticas irracionales e incongruentes sobre las zonas naturales, principalmente de los sectores público y privado, han derivado en su pérdida paulatina. Los marcos normativos no han sido suficientes, pero, sobre todo, no han sido eficientes ante la fuerza depredadora del crecimiento urbano entrópico. Los grupos ambientalistas buscan, además de oponerse al proceso de acumulación salvaje de las zonas naturales en las ciudades, recuperar los diversos recursos naturales para lograr mejores niveles de bienestar (Ídem). Un ejemplo claro es el Cerro de Amalucan (CA) ¹, en el municipio de Puebla, el cual, a pesar de haber sido decretado como Área de Reserva Ecológica desde 1994, ha perdido 114 de las 227 ha que conformaban su superficie original en los últimos 25 años. En él, el grupo ambientalista Rescate Ecológico-Arqueológico Familiar (REAFCA) Cerro de Amalucan ha realizado esfuerzos para proteger el deterioro y pérdida de esta área natural con el escaso apoyo de las autoridades locales. En concordancia con Poma (2014) los enfoques predominantes sobre estudios de movimientos sociales tienden a excluir a la gente común, situación que representa una limitante en la comprensión de la acción colectiva. Así, nuestro enfoque teórico, basado en los principios de la Gestión Ambiental, permite dar valor a los actores locales, particularmente del grupo REAFCA (a veces invisibles por la escala en la que se manifiestan) y destacar las débiles relaciones entre el estado y la comunidad. Además, permite visualizar la relación hombre-naturaleza, desde el punto de vista de la difícil implementación de las políticas públicas ambientales en un contexto de intereses particulares y de una incipiente resistencia ciudadana.

2. Metodología

La metodología es cualitativa basada en: los recorridos de campo, realizados durante los fines de semana y algunos entre semana en diferentes épocas del año², para hacer el estudio diagnóstico sobre los cambios de usos de suelo, las condiciones de deterioro y las actividades que se realizan en el Cerro de Amalucan; el análisis documental bibliográfico, hemerográfico y de fuentes legales oficiales en materia de protección de áreas verdes. El bibliográfico para enfocar el análisis desde la gestión ambiental en las ciudades para proteger y preservar las áreas verdes donde participan los diferentes actores involucrados. Con las fuentes hemerográficas, dimos seguimiento a las acciones gubernamentales y la oposición del grupo REAFCA ante los cambios autorizados de usos de suelo. Analizamos las fuentes oficiales particularmente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Puebla para entender el avance y algunas contradicciones en materia de protección ambiental que rigen el municipio de Puebla. Con las entrevistas semidirigidas y pláticas informales a 50 vecinos, algunos voluntarios de REAFCA y usuarios cotidianos del CA tuvimos un mejor entendimiento de su grado de consciencia y compromiso para protegerlo. Queremos destacar que tanto las fuentes hemerográficas, fundamentales para obtener información que las autoridades no dan con facilidad, como las entrevistas nos permitieron aproximarnos a un mejor entendimiento de las causas de la pérdida del Cerro de Amalucan.

3. La Gestión ambiental, una necesidad ante el crecimiento urbano

Los aspectos medioambientales en las ciudades no pueden entenderse sin su relación con los económicos, sociales y, por supuesto, con las políticas de gestión ambiental (GA). Esta última, entendida como “el conjunto de acciones concertadas entre los diferentes actores en un determinado tiempo y espacio con el propósito de acercarse nuevamente a un equilibrio en las relaciones sociedad-naturaleza” (Organización de Estados Americanos, 2009, Mod. 3, p.10). Esto tiene como consecuencia la elaboración de políticas y estrategias para conservar y preservar las áreas naturales. La GA sienta las bases para generar un proceso de descentralización económica de autogestión comunitaria de los recursos, poniendo de relieve la responsabilidad de los gobiernos en la GA (LEFF, 2010). Es un reto mayor considerando que los procesos de crecimiento urbano son en sí mismos depredadores, ya que se enfrentan a procesos económicos que “en su dinámica productivista y acumulativa genera un proceso antrópico, desestructurador del ambiente” (Ídem, p. 395). La GA lleva intrínsecos en sus objetivos los principios de equidad territorial (espacial), desarrollada bajo procesos estratégicos que “integren ciencia, políticas e intereses económicos desde la cooperación para avanzar hacia procesos de planificación-implementación ambientalmente justos y sustentados en el consenso y compromiso” (MORENO, 2010), promovidos por la Justicia Ambiental (JA). Es decir, va más allá de la visión reduccionista economista costo-beneficio, ya que insta a valores inconmensurables como igualdad, justicia y cultura (MARTÍNEZ, 2008). La pérdida o deterioro de áreas naturales, resultado de la sobreexplotación de los recursos naturales, tiene, según Larrère (2009), efectos sociales negativos como los daños a la salud, producto de la contaminación de suelos, aire, agua. Implica el detrimento de relaciones y actividades sociales. La JA también promueve la distribución equitativa del territorio, el respeto e igualdad de oportunidades. No considerarlos abre espacios de lucha de movimientos sociales a favor de la JA. A través de los grupos organizados se busca, como dice Bullard (SCHWEIZER, 1999), educar a la gente, movilizarse y empoderarse para cuidar de su vida, su comunidad y su entorno. Se trata de hacer frente a los desequilibrios de poder, la falta de emancipación política para redirigir los recursos y crear ambientes más sanos, vivibles y sustentables.

Por su parte, los promotores inmobiliarios representan una buena parte del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas (y destructivas de los ambientes naturales) guiado por el objetivo de maximizar las ganancias en las economías capitalistas (ídem). Sus negociaciones se basan en sacar la mayor rentabilidad a sus proyectos, muchas veces ubicándose sobre áreas de protección ecológica. Los estudios de Monroy-Ortiz y Martínez (2008) anotan que el capital inmobiliario se despliega de manera intensiva y extensiva sobre el territorio, generando efectos negativos en la población y el medio ambiente, debido a que se lleva a cabo en áreas de patrimonio natural y agrícola, sin una estricta regulación federal o local, bajo el condicionamiento de intereses empresariales y políticos. Al mismo tiempo demuestran que en “el costo de oportunidad de perder un ecosistema que brinda un amplio espectro de servicios ambientales por la instalación de un proyecto inmobiliario, se observa una relación costo-beneficio negativa para la sociedad en el mediano y largo plazo” (Ídem,, p.9).

Estos procesos de ocupación del territorio se enfrentan a una sociedad cada día más sensibilizada y consciente respecto a la importancia de proteger las áreas naturales. Nos referimos a lo que Leff (2010) califica como cultura ecológica, concebida desde sus principios ideológicos que transforman las relaciones de producción y de poder entre el Estado y sociedad. Esta postura de la sociedad ha dado pie al enriquecimiento de los procesos de gobernanza en materia ambiental, la cual se perfila como un proceso fundamental en el cual, de acuerdo con Brenner (2010), independientemente de la estrategia institucional las negociaciones deben fomentar la participación activa y no manipulativa de todos los actores, incluyendo los más conflictivos, y desempeñar un papel importante en la toma de decisiones y en la instrumentación de las medidas de conservación.

3.1 La protección jurídica de áreas naturales

El principal instrumento federal para la protección de las áreas naturales en México es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y se alinea a los principios constitucionales que en las garantías individuales establecen que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley” (art. 4º). Como anotan Schteingart y Salazar (2010) la constitución mexicana considera los recursos naturales como ecosistemas, , como riqueza pública que tiene que ser conservada y como elementos naturales susceptibles de apropiación, por lo que se debe evitar su destrucción.

En este marco constitucional, la LGEEPA norma “la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional (…) para propiciar el desarrollo sustentable” (art. 1º). Las reservas ecológicas entran en la categoría de Áreas Naturales Protegidas (ANP) las cuales se definen como un instrumento de política ambiental para conservar la biodiversidad. Estas “son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en las cuales el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos” (SEMARNAT-CONANP, 2016). Se sujetan a tres instrumentos básicos: La LGEEPA con su respectivo Reglamento, a los programas de ordenamiento ecológico y a los programas de manejo.

La LGEEPA (2016) establece claramente en su artículo 45 que las ANP “tienen por objeto preservar los ambientes naturales (…) para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos. (…) Proteger los entornos naturales (…) zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos”. Para su administración y manejo “promueve (a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores (…) y demás organizaciones sociales, públicas y privadas (…) Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan” (art.47). Sin embargo, algunos estudios socio-ambientales, como los de Schteingart y Salazar (2010), señalan que la aplicación de la política de conservación y protección en México no ha sido un tema prioritario dentro de la política de desarrollo nacional y que, a pesar de los avances conceptuales sobre el aprovechamiento sustentable integral de los recursos naturales, estos, al ser concebidos como elementos y no como partes del todo, se han visto de manera parcial y segmentada en términos legales y económicos.

En Puebla, el marco jurídico estatal y municipal se adhiere a los principios federales, establecidos en la LGEEPA, en materia de prevención, preservación, restauración del equilibrio ecológico y protección ambiental. Para dicho cumplimiento La Ley de Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, establece, en su artículo 6, que “los municipios deben formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal en congruencia con el Programa de Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, formular el Programa Municipal de Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, elaborar y ejecutar el Ordenamiento Ecológico Municipal”. Actualmente se encuentran en proceso de elaboración tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico como algunos planes de Manejo de ANP (estos determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas), entre las que se encuentra el Cerro de Amalucan. Sin embargo, no hay una fecha de publicación definida o aproximada. El Plan Municipal de Puebla (2011-2014), en su línea estratégica para la planeación, manejo y protección de recursos naturales, define elaborar e implementar el plan de manejo de El Tentzo, que es un ANP de jurisdicción estatal, sin mencionar con claridad las de carácter municipal. Solamente indica en sus líneas de acción que “es necesario implementar el manejo, preservación y recuperación de los recursos naturales y áreas verdes del municipio a través del Programa Integral para la identificación y diagnóstico de los recursos naturales y áreas verdes” (GOBIERNO MUNICIPAL, 2011, p. 57).

Uno de los avances más significativos en materia de instrumentos de planeación ambiental es el Plan de Gestión Ambiental para el Municipio de Puebla, concluido en 2011. En él, el Cerro de Amalucan se contempla como reserva ecológica. El Plan propone desarrollar esfuerzos colectivos (entre los sectores público, privado y la sociedad), con la finalidad de “preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable los recursos del medio ambiente” (AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA E IMPLAN, 2011, p.1). Para ello establece diez líneas estratégicas destacando: la Gestión económica (con apoyo local e internacional) para desarrollar programas y proyectos ambientales; Gestión social y ambiental para fortalecer la participación social y la gestión administrativa municipal, Gestión de la educación ambiental, tanto para funcionarios públicos como para la sociedad en general; Gestión de suelo, que permite controlar el uso de suelo en función de su vocación y finalmente Proyectos de Inversión Municipal para el medio ambiente. En esta última se plantean las líneas de acción, a manera de lluvia de ideas y sin orden jerárquico o agrupadas temáticamente, emanadas del diagnóstico; la mayoría se enfoca al transporte, captación y reutilización del agua.

A pesar de contar con un marco jurídico en materia ambiental, estudios como el de Tlapa (2011) muestran que las principales causas del deterioro territorial y ecológico de las áreas naturales protegidas se deben a factores socioeconómicos asociados al desarrollo urbano y que estas fueron establecidas para responder a intereses políticos más que ambientales. Que la comercialización de áreas naturales por parte de las inmobiliarias y particulares para urbanizar, extraer recursos naturales (leña y madera principalmente), y los incendios (entre otros) contribuyen a su pérdida territorial y ecológica muchas veces irreversible.

3.2 El Cerro de Amalucan un pulmón mutilado

El Cerro de Amalucan se decretó como área de Reserva Ecológica en 1994 en el Diario Oficial del Estado y es de jurisdicción municipal. Se ubica en la zona noreste de la ciudad de Puebla. Dos años antes del decreto, en 1992, se tenían registradas 227 ha de las cuales 91.1 fueron fraccionadas para uso habitacional, quedando una superficie protegida de 135.9 ha, de las cuales 46 ha se adjudicaron al municipio y 89 ha pertenecían al empresario J. Petersen W. Sin embargo, para 2016, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano registra 113 ha de área protegida, es decir, se perdieron 22.9 ha más para uso habitacional (Fig.1).

Figura 1:
Observamos la parte baja del Cerro de Amalucan y la zona habitacional en su contexto inmediato.

La zona limítrofe del Cerro está catalogada como de uso mixto de suelo y densidad alta (hasta 6 niveles de construcción vertical), el tipo de vivienda en su contexto es unifamiliar de clase media, media baja y popular y representa el 0.20 % de la superficie municipal que es de 556 km²³ (Imagen 1).

Imagen 1:
Comparación de cartas de suelo en Cerro de Amalucan 2007 y 2016

La carta urbana municipal (2007) lo catalogaba con dos tipos de suelo: el de vegetación irreductible y zona arqueológica, mientras que la actualización 2016 lo cataloga con tres tipos de suelo: parque urbano, área verde IMAV (Inventario Municipal de Áreas Verdes) 2015-2016 y zona arqueológica. El gobierno municipal anunció en 2015 la construcción del parque urbano más grande de la metrópoli, el cual quedaría listo ese mismo año (SEXENIO PUEBLA, 2015); sin embargo, hasta la fecha no se han iniciado las obras.

Por otro lado, llama nuestra atención que el área verde IMAV esté catalogada como zona donde se “prohíbe la venta y cambio de uso de suelo” (AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, 2016, p. 366) y en la carta urbana observamos un claro traslape entre el área natural y la zona habitacional.

Dentro de la zona existe flora compuesta de aproximadamente 910 árboles de cedro blanco y 1.020 eucaliptos donde habitan diversos tipos de aves como los cenzontles, clarines, jilgueros y petirrojos (GÓMEZ y MONTERO, 2013). El cerro forma parte de una zona arqueológica de finales del preclásico e inicios del clásico (400 a.C. a 300 d. C) donde se desarrolló un sistema ejemplar de distribución de agua como lo demostró en sus estudios el arqueólogo norteamericano Melvin Fowler (ANCIENT MESOAMERICA, 2010). En la parte oriente, en las faldas del cerro, se ubica la Hacienda San Juan Bautista Amalucan, que data del s. XVIII y es de propiedad privada.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano (2007, p.301), diagnosticó que “las áreas de reserva están en peligro de ser transformadas en áreas urbanas, como el Lomerío de Amalucan (Cerro de Amalucan)”. En la actualización del Programa en 2016 está contemplado dentro de su política de protección y prevención, orientada a “salvaguardar las áreas de patrimonio Natural, Histórico y Cultural al interior del Municipio” (Ídem,, p. 370). Al mismo tiempo, el mismo programa enuncia la dificultad de actuar sobre esta área debido a que es de propiedad privada, limitando “la ejecución de acciones, la aplicación de recursos públicos para su conservación y restauración, además de la elaboración de un programa de manejo” (Ídem,, p. 74). Esto denota el deslinde de la autoridad municipal para proteger la zona natural.

3.3 Legalizando la ilegalidad

El Cerro de Amalucan (CA), al tener una gran parte de propiedad privada, ha sido objeto de diversos cambios de uso de suelo, a pesar de que la LGEEPA establece claramente en su artículo 46 que “en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población”. Sin embargo, al mismo tiempo abre la posibilidad de modificar el uso de suelo en el artículo 62 al decir que “una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos de suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido”.

La falta de atención reglamentaria y operativa para proteger este cerro ha derivado en la pérdida irreversible de parte de su área protegida. Ha sido objeto de la tala clandestina y en algunos momentos de incendios forestales inducidos, ya que con ello es más fácil obtener la autorización de los cambios de usos de suelo (Fig. 2).

Figura 2
Zona quemada para poner terrenos en venta.

En el Cerro de Amalucan encontramos tres zonas donde el cambio de uso de suelo fue autorizado: Fraccionamientos habitacionales, el Jardín de niños Nueva Creación Galaxia, y Bodegas de la cervecera Corona, donde actualmente se ubica el Mercado Soriana (Imagen 2).

Imagen 2
Cambios de uso de suelo en la zona protegida del Cerro de Amalucan

Construcción de Fraccionamientos habitacionales. El cambio de uso de suelo para la construcción de fraccionamientos habitacionales sobre la zona de reserva ha sido lo que más ha restado área natural al cerro. Para los cambios han intervenido actores públicos y privados; algunas veces concatenados y otras enfrentados. De acuerdo con Puga (2011a), en 2011, la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) del gobierno del estado, clausuró las obras del fraccionamiento Bosques de Amalucan, administrado por la empresa Mareja y al mismo tiempo declaró la ilegalidad del fraccionamiento habitado, Villas Residenciales Amalucan. Sin embargo, dicha empresa contaba con los documentos que avalaban la propiedad y la autorización por parte del departamento de Gestión Ambiental Municipal, dirigido por el funcionario público Cassiano Urrutia, para el derribo de árboles en la zona en construcción. Aseguraban haber pagado 3,906 pesos (194 dólares⁴) por derribar 18 árboles. El funcionario público estatal que ordenó la clausura de la obra fue el mismo que autorizó parte del derribo de los árboles cuando era funcionario municipal y estaba al tanto de las obras. En total se derribaron 227 eucaliptos, por parte de la constructora Murcia, para poder construir cimientos y drenajes, y para dar servicio a las viviendas. La SSAOT valuó el costo ambiental en 2,700,000 pesos (134,395 dólares). La entonces directora de Medio Ambiente, Isabel Ortiz, hizo un llamado a la ciudadanía para que no compraran casas en este fraccionamiento informando que era un área de vegetación irreductible y por lo tanto estarían siendo defraudados al comprar en zona municipal (PUGA, 2011b). Ante esta situación, la constructora reprobó el trabajo de los funcionarios públicos evidenciando la incongruencia de su actuación.

Actualmente se ofertan viviendas nuevas unifamiliares, de tipo residencial medio, que van desde 1,250,000 pesos (62,220 dólares) hasta 1,650,000 pesos (82,130 dólares). Estas se ubican en la franja oriente que en la carta de usos de suelo 2007 aparecía como protegida y que ahora es de uso residencial (Fig. 3). En dicha franja observamos una calle nueva adoquinada y las tomas domiciliarias de agua y drenaje para las futuras viviendas⁵ (Fig. 4). Algunos compradores de terrenos en esa zona se manifestaron temerosos de ser expropiados, pues una vez que compraron se enteraron de que era zona protegida.

Figura 3
Viviendas en zona protegida.

Figura 4
Calle adoquinada, donde se observan las tomas domiciliarias de agua potable para las futuras construcciones. Al fondo, algunas viviendas nuevas.

Por su parte, la administración municipal 2014-2016, ha asumido una postura de protección ambiental frente a “las malas decisiones gubernamentales (…) el boom de los fraccionadores y falta de políticas públicas (…)” así como los “abusos de algunas constructoras que sin ningún orden construyeron viviendas en lugares prohibidos y de muy mala calidad para los habitantes” (INTOLERANCIA, 2014, s/p).

Lo anterior evidencia que el marco jurídico para la protección ambiental depende más de las diferentes posturas de los funcionarios públicos que de la preservación y protección de los espacios naturales en la ciudad para el bienestar de todos. El resultado se traduce principalmente en dos afectaciones importantes en el CA: una, la natural, que al perderse se vuelve de carácter irreversible y la social, ya que, por un lado, los usuarios comunes del Cerro pierden el espacio, lugar de encuentro en el que realizan sus actividades, y por el otro, quienes compraron de buena fe podrían enfrentar problemas legales al ubicarse en una zona de protección ecológica.

El Jardín de niños Nueva Creación Galaxia se ubica en el lado poniente del CA sobre parte de las 46 ha de jurisdicción municipal. En 2009, la Dirección de Gestión y Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Puebla emitió el dictamen de improcedencia de cambio de uso de suelo a educativo, ya que se trataba de una zona de protección ambiental. No obstante, la solicitud realizada por las directoras del jardín de niños y del bachiller para construir una unidad educativa (que contempla jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato), fue remitida a la directora de Bienes Patrimoniales. El entonces regidor del Partido Revolucionario Institucional promovió ante cabildo, Bienes Patrimoniales y la Secretaría de Administración Urbana la aprobación de dicha solicitud, ya que “al parecer fue una promesa que López Zavala (entonces Secretario de Educación), hizo a los vecinos de Amalucan”; a esta petición se unió el secretario de Desarrollo Social, Darío Carmona (HERNÁNDEZ, 2009).

Hubo dos grupos de actores sociales que actuaron ante esta situación y que entraron en conflicto; por un lado, los representantes de las colonias colindantes Plazas de Amalucan 1ª Sección y Amaluquilla y, por el otro, el grupo de personas preocupadas por los daños ambientales que generaría el cambio de uso de suelo. El primer grupo argumentaba la necesidad de un equipamiento educativo en la zona, mientras que el segundo grupo, si bien reconocía dicha necesidad, ponía en alerta sobre el daño ecológico en el cerro en el corto y largo plazos, y la posibilidad de ubicar la escuela en una zona compatible a dicho uso. Aunque finalmente el jardín de niños sí se construyó, la organización ambientalista se consolidó dando origen al grupo Rescate Ecológico-Arqueológico Familiar Cerro de Amalucan (REAFCA) y desde entonces realiza acciones constantes para proteger el Cerro.

Uso comercial. Ubicado en la falda sur, sobre la carretera federal Puebla-Amozoc, se designó el cambio de uso de suelo a comercial por la facilidad de acceso y proximidad a una vía principal (SEDATU, 2008). A principios de 1990 se inició la construcción de la bodega de la cervecera Corona, es decir, antes del decreto de reserva ecológica. En 2010 empezó su demolición para dar paso a la construcción del Supermercado Soriana.

Observamos que en los alrededores del mercado se empezaron a establecer bancos de materiales y estacionamientos, invadiendo sutilmente el área natural protegida. Es decir, se han ido habilitando las infraestructuras (con la autorización gubernamental) para facilitar la acumulación por desposesión (HARVEY, 2005).

3.4 La acción ciudadana, luchando contra corriente

La participación y la organización ciudadanas para la protección de zonas naturales han sido promovidas ampliamente desde los discursos oficiales y la propia legislación en materia ambiental. Por ejemplo, el Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Puebla, “se define como un proceso permanente (…) en el cual todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable los recursos del medio ambiente” (AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA E IMPLAN, 2011. p.1). La Ley de Desarrollo urbano Sustentable del Estado de Puebla en el artículo 128 establece que se “estimularán la participación de la sociedad en la programación, financiamiento, evaluación, control y gestión del desarrollo urbano sustentable”. Para ello considera, entre otras cosas “determinar los mecanismos de participación y coordinación para los sectores público, social y privado en la planeación y gestión urbana” (artículo 1 párrafo VIII). Esta postura oficial denota el interés público en impulsar la participación ciudadana y un trabajo articulado entre los diferentes actores. Sin embargo, la práctica ha sido difícil y en ocasiones desalentada por algunos funcionarios públicos. Aunque existen espacios para la participación como los consejos ciudadanos (entre los que se encuentran el de ecología y desarrollo urbano) que podrían ayudar a implementar acciones en favor de la protección del Cerro de Amalucan, no es fácil acceder a ellos. En el mejor de los casos, y cuando los habitantes están bien informados⁶, se logra una invitación para manifestar inquietudes, pero no se asegura el seguimiento de las mismas.

El grupo REAFCA, fundado por la psicóloga Carmen Nava, actualmente está integrado por aproximadamente 20 personas quienes han luchado intensamente para hacer frente a la situación de depredación y transformación de usos de suelo del CA. Ha logrado ir consolidándose a lo largo de los años realizando acciones de reforestación, culturales, recreativas (teatro guiñol, juegos con los niños), educación ambiental, pláticas sobre la importancia de las zonas arqueológicas y naturales, entre otras, a través de su iniciativa “Salvando el Cerro de Amalucan” (Fig 5). Dichas acciones han permitido aumentar el grado de consciencia de algunos los usuarios del Cerro sobre la protección del mismo. Lo que significa, además de la reforestación, “la educación de nosotros mismos y de las nuevas generaciones sobre la importancia de la naturaleza en las ciudades”, de “la importancia de nuestra participación para tomar decisiones conjuntas para protegerlo y conservarlo” como comentó uno de los voluntarios. El trabajo ha sido muy difícil, puesto que no existe cultura de participación y colaboración; sin embargo, la perseverancia del grupo no decae; así nos lo hicieron saber: “aunque aún es poco el avance (sobre la consciencia ambiental y la importancia de la participación), no debemos desalentarnos, al contrario, debemos reforzarlo”

Figura 5:
Trabajo con niños durante las campañas de reforestación del Grupo REAFCA.

Algunos de sus trabajos de reforestación no han sido apoyados por algunos organismos públicos como la delegación municipal ubicada en bosques de Amalucan, quien, por ejemplo, incitó a la escuela Galaxia a no participar a cambio de recibir mejoras en la escuela. Además, la SSAOT no realizó las acciones de reforestación anunciadas públicamente en 2011. El apoyo de vigilancia de la policía municipal tuvo que ser sustituido, a petición de la organización, por la policía estatal, pues con la municipal se incrementaron los asaltos y las agresiones verbales a las mujeres⁷ por parte de los agentes (PUGA, 2011). Los miembros de REAFCA se organizaron junto con los vecinos para hacer brigadas de vigilancia y dar mayor seguridad a los usuarios. En ese mismo año, vecinos del lugar denunciaron la quema del cerro de Amalucan por parte del empresario y dueño del mismo, quien tenía la intención de continuar su ocupación (ROJAS, 2011).

La denuncia ciudadana ante la Secretaría del Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla ha servido para, en algunos momentos, detener la tala clandestina. No obstante, fácilmente los taladores salen bajo fianza. Esta situación, aunque desalienta a algunos vecinos y usuarios, no ha logrado desaparecer al grupo organizado en defensa del cerro.

Todos los días es común ver deportistas, andantes, paseantes, familias en días de campo; actividades que se intensifican los fines de semana. Diferentes usuarios del Cerro han manifestado su gran interés por mantener ese espacio verde del cual hacen uso desde hace varias generaciones. “Venimos a pasear, a correr, a hacer días de campo, a tomar aire fresco (…) este cerro de alguna manera es nuestro”⁸. Aunque hubo una época de asaltos e inseguridad, la persistencia de los usuarios y de REAFCA han ayudado a recuperarlo y a darle mayor seguridad. Uno de sus principales logros ha sido lograr la supervivencia de 910 árboles de cedro blanco a pesar del desinterés de las autoridades municipales (PUGA, 2011).

Diversas personas se han unido al grupo organizado para solicitar la creación de un parque ecológico, dado que cotidianamente se usa para fines recreativos; sin embargo, nunca han tenido una respuesta favorable a pesar de las diversas solicitudes que han realizado a diferentes instancias gubernamentales. Durante algunos años se especuló que el gobierno estatal estaba elaborando el proyecto de un parque metropolitano y, como mencionamos anteriormente, se anunciaba su construcción. Recientemente algunos medios de comunicación han fotografiado la maqueta de la propuesta, pero su elaboración se desarrolló al margen de la opinión y consulta ciudadanas, situación que ha causado el descontento ciudadano. A pesar de ello algunos usuarios están de acuerdo con la idea siempre y cuando el CA no se “tapice de concreto”. Otros temen que se privatice el acceso al parque y no puedan hacer uso libre de él.

El carácter privado del CA ha implicado una situación conflictiva entre el propietario y quienes lo protegen. Mientras que el gobierno argumenta la dificultad de mayor actuación en el Cerro debido a que es privado, REAFCA promueve activamente la defensa del cerro, en coherencia con lo que indica la LGEEPA en su artículo 1º, párrafo V “el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas”.

De acuerdo con Leff (2010, p.270), “la problemática ambiental es una cuestión eminentemente política. Ello se refleja en la emergencia de movimientos sociales de defensa de los recursos, las tierras y los valores culturales de los pueblos, en su lucha por el reconocimiento de su ambiente y la recuperación de sus espacios vitales”. Los grupos sociales, como REAFCA, denotan una mayor consciencia sobre el significado social, cultural y ambiental de las zonas naturales. “No está en disputa tan solo la conservación de los recursos naturales o el equilibrio de los ecosistemas, sino que, más integralmente, los sistemas de vida locales y el control de los territorios” (SABATINI, 1997, p. 89).

En los procesos de cambios de usos de suelo que ha sufrido el CA, existe una relación de poder entre actores, donde el poder gubernamental ha sido mayor al del grupo ambientalista REAFCA. Si se lograran generar espacios de negociación existiría la posibilidad de avanzar en el conflicto en la búsqueda de soluciones benéficas para los diferentes actores. Las relaciones de poder, como dice Foucault (entrevista de 1974⁹), “entretejen nuestra existencia (…) se vuelven estratégicas, es decir, cada vez que uno hace algo, el otro reacciona de manera contraria, tratando de neutralizar la situación”. Sin embargo, el caso poblano muestra la jerarquía del poder que tiene el gobierno junto con la prevalencia de los añejos problemas del sector público de falta de coordinación y vinculación entre los diferentes niveles de gobierno para proteger y preservar las zonas ambientalmente protegidas, la falta de continuidad de las acciones entre una administración y otra, pero sobre todo la falta de consciencia y sensibilidad ambiental que han derivado en las autorizaciones de cambio de uso de suelo en favor de intereses de particulares muy lucrativos. Mientras continuemos con estos problemas la acción ciudadana difícilmente logrará avances sustanciales.

4. Avanzar sobre la conciencia ambiental como base para un cambio de paradigma (a manera de conclusión)

La eminente depredación del Cerro de Amalucan ha obedecido principalmente a los intereses particulares tanto de funcionarios públicos como de actores privados. Los mismos que en la práctica caen en contradicciones y desencuentros pero que finalmente crean las condiciones de un juego perverso que atenta directamente contra la naturaleza en el ámbito urbano.

Casos como el de la pérdida constante del área natural del Cerro de Amalucan, nos ilustran sobre las diferentes situaciones problemáticas entre los actores involucrados en el proceso de la pérdida de un área natural. Por un lado, las propias autoridades que demuestran contradicciones dependiendo del momento político-administrativo en el que se encuentren, autorizando la ilegalidad, algunas veces, al permitir los cambios de uso de suelo y otras protegiéndolo intensamente bajo posturas que parecen denotar mayor conciencia ambiental. Por su parte, los promotores inmobiliarios tienen claridad absoluta sobre su prioridad: obtener mayor rentabilidad del suelo, indistintamente de cómo esté catalogado; pagar el costo del derribo de árboles, se amortiza fácilmente con la venta de las viviendas. Los grupos organizados ambientalistas que reaccionan para proteger el cerro y, por lo tanto, parte de su cultura, de sus actividades sociales, de sus hábitos cotidianos de encuentro con la naturaleza (en favor de una salud física y mental) y con sus vecinos, suelen ser excluidos de los procesos de decisión política y desposeídos de lo que ambientalmente les corresponde, desembocando en una situación de injusticia ambiental. En ocasiones encuentran apoyo esporádico y mínimo por parte del gobierno (dependiendo de la voluntad, consciencia o a veces conveniencia del actor público en función), sin olvidar que algunas veces éste último ha actuado en contra de ellos.

Como anota Leff (2010, p.18-19), “la teoría económica se constituye como un paradigma ideológico-teórico-político- como una estrategia de poder- que desde sus presupuestos ideológicos y sus principios mecanicistas (…) ha generado un mundo que hoy se desborda sobre sus externalidades: (…) destrucción de ecosistemas, agotamiento de recursos naturales, degradación ambiental (…)” ¿Cuál es, entonces, el sentido de un marco jurídico ambiental que intenta proteger, conservar y preservar las áreas naturales ante un pequeño y poderoso grupo político velando por sus propios intereses y los de algunos particulares? Con esto no queremos dejar en la sombra los avances en la instrumentación legal para proteger y preservar el medioambiente. Los reconocemos y consideramos urgente desarrollar los planes de manejo y sobre todo aplicarlos con profundo rigor. Eliminar la laxitud de su operativización que ha favorecido a los promotores inmobiliarios. Subrayamos la necesidad de acabar con este contexto vacío de voluntades políticas para aplicar los diferentes instrumentos legales y modificar sus contradicciones discursivas que abren la posibilidad legal de anular las acciones de protección ambiental. Avanzar hacia una conciencia de racionalidad ambiental nos permitiría repensar las formas en que nos servimos de la naturaleza urbana para satisfacer nuestras necesidades, como la vivienda, más allá del uso de tecnologías alternativas. Daría pie a una distribución más equitativa de los espacios naturales urbanos, los cuales podrían, según (BELAIDI, 2015) servir de instrumentos de reparto de riqueza [ecológica, cultural, económica, de conocimiento, de salud.] y de afirmación del individuo dentro de la sociedad. Lo anterior significaría transitar hacia la construcción y reconstrucción de la nueva ciudad, responsable y respetuosa de las zonas naturales regida bajo los principios de gestión y justicia ambientales, y gobernanza.

Grupos organizados como REAFCA, contribuyen a la construcción de dicha conciencia impulsando el cambio de paradigma hacia una nueva forma de vivir la ciudad, recuperando los valores ambientales y conjugándolos con las actividades del mundo moderno.

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• TLAPA, M. Áreas naturales protegidas periurbanas del área metropolitana del Estado de Puebla Tesis doctoral. Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2011.

• 1
  El análisis de este caso es parte de los resultados de la investigación “Gestión participativa para el mejoramiento de los asentamientos urbanos” Clave VIEP Autor-ING16/17-G, en la que participó como becario Isaías Pérez Ramírez, estudiante del Colegio de Diseño Urbano Ambiental de la Facultad de Arquitectura de la BUAP.
• 2
  El año en que más hicimos visitas fue en el 2014-2015 (alrededor de 20 visitas), sin embargo, continuamos haciendo recorridos esporádicos hasta la fecha.
• 3
  Es considerado como uno de los principales pulmones de la ciudad de Puebla.
• 4
  El dólar fue calculado con el valor promedio de 20.09 pesos por dólar de acuerdo con http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy.
• 5
  El sistema de drenaje es convencional y se conecta a la red municipal. La topografía no representa ningún problema, puesto que se sitúan en la parte baja del cerro. Actualmente el CA no distribuye agua a la ciudad, ya que están extintos los manantiales de agua dulce que poseía. Es un dique basáltico para las corrientes del volcán La Malinche (Que forma parte de la cuenca del Río Atoyac-Zahuapan).
• 6
  Es común que los habitantes desconozcan cómo funcionan los consejos ciudadanos, para qué sirven y a veces ni siquiera saben que existen.
• 7
  En las entrevistas a usuarios, algunas mujeres manifestaron sentir temor cuando veían a la policía y coincidieron en que “verbalmente (piropos de mal gusto) o mediante chiflidos” se sentían intimidadas.
• 8
  Declaración de uno de los usuarios del Cerro.
• 9
  Para más información visitar el sitio: https://www.youtube.com/watch?v=ZLZV8CGjDKg

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Jan-Apr 2018

Histórico

• Recibido
  06 Mar 2017
• Acepto
  07 Ago 2017