Violencia digital de género en Chile: un estudio durante la pandemia de COVID-19

Violência digital de gênero no Chile: um estudo durante a pandemia de COVID-19

Resumen

Esta investigación fue realizada bajo el alero de Amaranta, una ONG activista feminista chilena. Su objetivo fue explorar con perspectiva de género la violencia digital que afectó a mujeres de Chile y el estudio se realizó al inicio de la pandemia de COVID-19. Para ello, se encuestó a 531 mujeres de todas las regiones del país. De esta muestra no probabilística, un 73,8% habían sufrido violencia digital. Los ataques más reportados fueron: violencia verbal, acoso, envío de imágenes sexuales sin consentimiento, difamación, amenazas y pérdida de cuenta o acceso no consentido y tendían a provenir de personas anónimas y de hombres de su entorno. Entre las consecuencias de estas violencias, mencionan: efectos emocionales, en la autoestima o relación con su cuerpo y sentirse vigiladas. Se concluye que la violencia digital afecta de forma desmedida a mujeres, jóvenes y niñas y que, a raíz del poco o nulo acceso a educación sexual integral y alfabetización digital, podría costarles reconocerla, prevenirla y abordarla a tiempo.

Palabras clave:
violencia de género; feminismo; violencia online; violencia basada en tecnología; ciberacoso

Resumo

Esta pesquisa foi realizada sob os auspícios da Amaranta, uma ONG ativista feminista chilena. Seu objetivo foi explorar a violência digital que afetou as mulheres no Chile desde uma perspectiva de gênero e o estudo foi realizado no início da pandemia da COVID-19. Para isso, foram entrevistadas 531 mulheres de todas as regiões do país. Desta amostra não probabilística, 73,8% sofreram violência digital. Os ataques mais relatados foram: violência verbal, assédio, envio de imagens sexuais sem consentimento, difamação, ameaças e perda de contas ou acesso não consentido, e sua origem tende a ser de pessoas anônimas e de homens ao seu redor. Dentre as consequências dessa violência citam: efeitos emocionais, na autoestima ou na relação com o corpo e o sentimento de ser vigiadas. Conclui-se que a violência digital afeta desproporcionalmente as mulheres, mulheres jovens e meninas que, como resultado do pouco ou nenhum acesso à educação sexual abrangente e à alfabetização digital, pode ser difícil para eles reconhecê-la, preveni-la e combatê-la a tempo.

Palavras-chave:
violência de gênero; feminismo; violência on-line; violência baseada na tecnologia; bullying cibernético

Abstract

This research was carried out under the wing of Amaranta, a Chilean feminist and activist NGO. Its objective was to explore from a gender perspective the digital violence that affected women in Chile. The study that was conducted at the beginning of the COVID-19 pandemic. For this purpose, 531 women from all regions of the country were surveyed. Of this non-probabilistic sample, 73.8% had suffered digital violence. The most reported attacks were: verbal violence, harassment, sending sexual images without consent, defamation, threats and loss of account or non-consensual access and tended to come from anonymous persons and men in their immediate circle. Among the consequences they mention: emotional effects, effects on self-esteem or relationship with their body and feeling watched. It is concluded that digital violence has a disproportionate impact on women, young women and girls and that, due to little or no access to comprehensive sexual education and digital literacy, it may be difficult for them to recognize, prevent and address it in time.

Key words:
gender-based violence; feminism; online violence; technology-based violence; cyberbullying

Introducción

Hasta hace algunas décadas atrás, la violencia contra niñas, mujeres y disidencias sexuales y de género se encontraba invisibilizada, naturalizada y relegada al ámbito privado. Recién en la segunda mitad del siglo XX, gracias a la presión de distintos movimientos feministas, de mujeres y de la disidencia sexual, este tipo de violencia se comienza a visibilizar y denunciar en el espacio público. El orden social heteropatriarcal es un sistema social y cultural de dominación y subordinación, donde lo masculino tiene mayor jerarquía que lo femenino. Este orden de género, que diversas autoras denominan patriarcado (Segato, 2018), se basa en un principio androcéntrico, a través del cual se legitima el ejercicio de violencias basadas en roles naturales o basados en la biología atribuidos al género masculino y al femenino. De esta manera, quedan naturalizados los roles, las posiciones y jerarquías sociales asignadas según la condición de género de cada persona. En este sistema se impone, así, un discurso de superioridad masculina que busca controlar y mantener a la mujer dentro de este orden patriarcal (OACNUDH y ONU Mujeres, 2014).

Para la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, la violencia de género es “la violencia misógina contra las mujeres, por ser mujeres ubicadas en relaciones de desigualdad de género: opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación. Las mujeres son víctimas de amenazas, agresiones, maltratos, lesiones y daños misóginos” (Lagarde, 2008, p. 235). La misma, según Lagarde, puede tomar distintas formas: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, como también darse en distintos ámbitos de la vida, incluyendo las instituciones y la educación.

Al hablar de violencia es necesario tener en cuenta que las mujeres no son un grupo homogéneo, por lo que no son afectadas de la misma manera por las múltiples violencias y las injusticias sociales. En este sentido, activistas y teóricas afroamericanas y del feminismo descolonial como la Combahee River Collective (1983), Kimberle Crenshaw (1987), Patricia Hill Collins (2002) y María Lugones (2008) han propuesto, como herramienta analítica, el análisis denominado interseccional. El mismo se hace cargo de la imbricación de opresiones, para dar cuenta de cómo las violencias que afectan a las mujeres, además del género, están determinadas por aspectos como las diferencias económicas, culturales, etarias, étnicas, religiosas, etc.

Las raíces violencia contra los cuerpos feminizados, para Segato, obedecen a los hábitos arraigados en la vida comunitaria y familiar de todos los pueblos del mundo, expresándose en las rutinas, las costumbres, en la moral y en que el trato desigual de las niñas y mujeres sea considerado algo normal (Segato, 2003, p. 3). Esto se refleja en las estadísticas: la Organización Mundial de la Salud calcula que, a nivel mundial, una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida (Valdés, 2022). En Chile, históricamente se ha hablado de que esta problemática afecta a una de cada tres mujeres (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 2018, p. 11).

Los espacios digitales no han sido ajenos a esta problemática social, al revés, la violencia de género se ha trasvasado y amplificado en Internet de la mano de las características de esta tecnología, tales como la instantaneidad, distancia física y anonimato. Como explica la escritora española Remedios Zafra (2005), la Red no ha resistido el poder patriarcal y

sigue reiterando modelos de dominación, amparados en muchos casos por el arrojo que da el anonimato y por los procesos autorregulatorios de aquellos que ven que las identidades históricamente fuertes y las situaciones de dominación y poder reaccionarias que las mantienen se desmoronan (web).

Violencia de género en los espacios digitales

Los entornos digitales constituyen un territorio cuyas dinámicas e interacciones deben ser consideradas como propias de las sociedades del siglo XXI.Según Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información cuyo nombre es tomado del artículo del mismo número de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

El espacio digital se ha convertido en un espacio que complementa la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones presenciales. Por su relevancia como campo para la participación social y política, el ejercicio de derechos y el intercambio de información e ideas, las plataformas digitales son un campo de batalla en el cual la libertad de expresión es atacada. En este sentido, el acoso en Internet, especialmente mediante amenazas en plataformas de redes sociales, se ha consolidado en el periodo como una forma para intimidar, infundir miedo y censurar (Artículo 19 2016).

En otras palabras, se trata de un espacio relevante para las voces de distintos actores de la sociedad civil; una plaza pública donde los discursos pueden difundirse, encontrar redes y, además, sufren y resisten la censura y el odio. Por ende, no es un territorio neutro, sino que está politizado como la misma vida offline. Por ello, es importante dejar de ver Internet como un espacio aparte, porque los fenómenos que ahí se manifiestan no ocurren por generación espontánea; activismos, discursos, como también las mencionadas violencias se van a ver trasvasados, continuados y hasta amplificados en este lugar, en la Sociedad Red -término acuñado por el sociólogo español Manuel Castells (Convivencias en Red, 2019).

En ese contexto, el continuum de la violencia contra las mujeres y las corporalidades disidentes, que subordina y desvaloriza durante todo el ciclo vital de mujeres y personas no heterosexuales, también atraviesa este espacio. No se configura, de este modo, una nueva violencia o fenómeno, sino que se mantienen los mecanismos estructurales de poder ya conocidos. Como indica Segato:

La violencia patriarcal, es decir, la violencia misógina y homofóbica de esta plena modernidad tardía -nuestra era de los derechos humanos y de la ONU- se revela precisamente como síntoma, al expandirse sin freno a pesar de las grandes victorias obtenidas en el campo de la letra, porque en ella se expresa de manera perfecta, con grafía impecable y claramente legible el arbitrio creciente de un mundo marcado por la «dueñidad», una nueva forma de señorío resultante de la aceleración de la concentración y de la expansión de una esfera de control de la vida que describo sin dudarlo como paraestatal [...]. En esos crímenes, el capital, en su forma contemporánea, expresa la existencia de un orden regido por el arbitrio, exhibiendo el espectáculo de la posibilidad de una existencia sin gramática institucional o, en otras palabras, de falencia institucional inevitable ante niveles de concentración de riqueza sin precedentes. (Segato, 2018, p. 16)

Las primeras investigaciones y definiciones en torno a violencia de género en línea se remontan a alrededor del 2005. La Association for Progressive Communications (APC), que trabaja esta problemática desde ese entonces, la definió como “los actos de violencia por razones de género que son cometidos, instigados o agravados, en parte o en su totalidad, por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales y correo electrónico” (APC, 2017, p. 3). Además, el Due Diligence Project agregó que pueden tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico (Abdul Aziz, 2017).

Como explica la Asociación Civil Hiperderecho en su informe sobre la situación de la violencia en línea en Perú, la misma “afecta de manera desproporcionada a la mujer, a personas LGBTIQA+ y a cuerpos e identidades que no cumplen con los estereotipos de género basados en directrices machistas, patriarcales y heteronormativas de la sociedad” (2019, p. 7). Es decir, además de las distintas y constantes amenazas que enfrentan las personas sexualmente disidentes o de la comunidad LGBTIQ+ en el mundo físico, offline, o no cibernético, tenemos que reconocer otras amenazas que se llevan a cabo en el mundo digital, online o también llamado cibernético. Como agrega la ONG Access Now, que aboga por una Internet abierta, “estas amenazas provienen tanto del sector público como del privado, y adoptan muchas formas” (Access Now, 2018).

Desde Chile, la periodista Paz Peña Ochoa ha señalado en sus reportes, los cuales abarcan toda Latinoamérica, que “la violencia por medios electrónicos no es algo nuevo ni único a las plataformas, sino un continuum de la violencia machista que atraviesa la cultura en nuestros países” (Peña, 2017, p. 3) y agrega que en nuestra región el fenómeno debe ser atendido tanto por los Estados y sus políticas públicas, como también por los intermediarios privados. La afirmación de Peña se da en el marco de los resultados de un estudio que invita a problematizar el espacio virtual como un espacio contradictorio. Las redes y plataformas online han servido para expresar las ideas y acciones de diversas organizaciones sociales defensoras de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, así como también han sido ocupadas para la denuncia contra la discriminación y la violencia. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha convertido en un espacio de inseguridad y de violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Esto no sería otra cosa que un síntoma más del rechazo hacia los discursos que defienden la equidad de género.

El informe de Hiperderecho señala, además “las oportunidades y riesgos que se nos presentan en espacios virtuales son distintos de acuerdo a nuestro género, clase social y etnia”, cuyo reconocimiento:

es crucial para desafiar la idea de que los espacios virtuales son neutrales o están libres de dinámicas de poder. Para las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, activistas y todos aquellos que activamente desafían normas heteronormativas, patriarcales, racistas y machistas, internet puede llegar a ser un espacio violento (2018, p. 47)

A pesar de sus impactos en las vidas de estas comunidades, esta problemática no ha sido abordada con la suficiente importancia que merece, al menos en Chile, en gran medida por la sensación de que “lo que ocurre en Internet es ‘pasajero’ o no equiparable al ‘mundo real’” (Ananías; Vergara, 2019). A nivel de Estado, las únicas cifras levantadas son las de Superintendencia de Educación, que se limita a recibir casos de “ciberacoso” a secas en establecimientos escolares; a pesar de que los informes de 2018 y 2019 reportaron que afectaba mayoritariamente a las adolescentes y niñas (Superintendencia de Educación, 2021) y por lo tanto no abordan el tema con perspectiva de género.

No existe en Chile una ley que aborde integralmente la violencia digital; sólo agresiones sexuales, consideradas “graves”, como la pornografía infantil y el -grooming, y delitos económicos como las estafas digitales son considerados en el Código Penal. Para recibir ayuda, las sobrevivientes de violencia de género digital pueden apenas ampararse bajo la Ley de Violencia Intrafamiliar, que sólo ayuda en agresiones cometidas por parientes, parejas o ex parejas y excluye ataques cometidos por anónimos o personas sin relación, o buscar medidas de resguardo y alguna indemnización a través de la Justicia Civil -proceso caro, largo y que no siempre da resultados. A esto, se suma la poca o nula preparación de las policías para investigar, lo cual impide la recepción de denuncias por casos de violencia cibernética. Todo lo anterior es consecuencia de la ausencia de políticas públicas abocadas a los espacios digitales libres de violencia.

No obstante, podemos mencionar importantes avances en la literatura como referentes para seguir investigando el tema. A nivel internacional dentro de los principales estudios podemos nombrar la investigación realizada por APC entre el 2012 y el 2014, donde analizaron 500 casos de violencia de género en línea en Bosnia y Herzegovina, Colombia, República Democrática del Congo, Kenia, México, Paquistán y Filipinas para entender las principales características de esta forma de violencia en países en vías de desarrollo. A pesar de todas las diferencias culturales, los datos del mapeo concluyeron que es más probable que las sobrevivientes: tengan entre 18 y 30 años de edad; que la violación haya sido perpetrada por una persona conocida (40% de los casos); que haya ocurrido en Facebook; que haya consistido en una forma de daño emocional; y que el abuso se repita. Además, el abuso puede involucrar amenazas de violencia, extorsión emocional o compartir información privada (Plou, 2014).

En el plano nacional se puede mencionar el estudio pionero de las integrantes de ONG Amaranta, Cecilia Ananías y Karen Vergara (2019), centrado en las experiencias de feministas y otras mujeres activistas en Internet; el informe de la Fundación Datos Protegidos (2018), que investigó las formas de violencia que ocurrían en Internet y posibles figuras de la justicia civil que podrían abordarlo; y la investigación “Violencia y discursos de odio en línea” contra mujeres lesbianas, de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio (2020).

Los estudios han centrado sus análisis en identificar sujetos/as afectadas por la violencia de género en línea; quienes son los principales agresores; las modalidades de violencia; las plataformas en donde se llevan a cabo estos actos de violencia; las principales consecuencias para las personas víctimas de violencia de género en línea. Algunos ofrecen estrategias de denuncias, defensa, resistencia y cuidado para la violencia en espacios virtuales. En general, las violencias que más se repiten en el espacio virtual contra mujeres y disidencias son: los ataques verbales; hostigamiento o acoso; acceso no autorizado a sus cuentas; envío de imágenes sexuales sin consentimiento; campañas de desprestigio; amenazas o extorsión; robo de identidad en línea; difusión de información íntima; y explotación sexual.

La abogada y activista mexicana, Gisela Pérez de Acha (2018), explica que la violencia de género en línea está íntimamente ligada a los estereotipos de género que aprendemos desde nuestra infancia. Se excluye a las mujeres de temáticas como deporte, política y tecnología y se les exige que sean “señoritas”: buenas, sumisas, recatadas. La autora profundiza:

A las mujeres que opinamos de esas cosas ‘que no nos incumben’, o quienes disfrutamos de nuestra sexualidad de forma libre a través de la tecnología, se nos responde con violencia. Es un castigo social para mantener a raya a las mujeres disidentes que salen de sus roles” (Pérez de Acha, 2018).

La violencia en línea tiene un impacto psicológico y emocional en quienes la sufren. Como afirman las periodistas e investigadoras, Florencia Goldsman y Graciela Natansohn (2016), la violencia en línea tiene consecuencias muy reales en la llamada vida real: daña la reputación, aísla a las víctimas, limita su movilidad tanto en Internet como en la vía pública, genera depresión, miedo, ansiedad y trastornos del sueño, entre otros.

A lo anterior hay que agregar que también existen casos donde lo virtual ha pasado a lo offline, sufriendo en muchos casos violencia física, como lo fue la agresión contra Carolina Torres Urbina el 2019 en Chile; mujer lesbiana quien sufrió una golpiza debido a su expresión de género, que la dejó con una fractura de cráneo y hemorragia interna; sus atacantes ya la habían amenazado previamente, tanto en Internet como presencialmente. Este odio continuó después del ataque, al punto de que un integrante de Carabineros de Chile (división de la policía nacional) escribió en los comentarios de Facebook de un medio de comunicación “una qlia menos”¹ (sic) tras leer sobre el ataque (Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, 2019).

Como explica Karen Vergara en una contribución Cátedra Unesco en Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural (AMIDI, 2020), la proliferación de violencia de género en Internet responde a una suma de factores:

Falta de formación y alfabetización digital de forma transversal, ausencia de políticas de educación sexual integral con perspectiva de género, y concepción de internet como una herramienta que acaba al apagar los dispositivos en los cuales se utiliza (Vergara, 2020).

Por ello se hace necesario conocer, implementar y buscar estrategias en el interior de las comunidades para identificar, prevenir y resistir la violencia en línea. Las estrategias de resistencia varían y dependen de cada contexto, pero como señalan los estudios, podemos mencionar en primer lugar la educación -es decir, instancias para concientizar y educar sobre la violencia en espacios digitales. Además de que la ciudadanía aprenda a reconocer la violencia online, hace falta tener claridad en las instancias dispuestas para poder denunciar. También es importante avanzar en más investigación relacionada con el tema para así conocer el impacto global y local de esta situación.

Contexto legal

Este estudio fue realizado durante la pandemia del COVID-19, cuando el acceso al espacio digital para estudiar, trabajar o realizar una vida social fue masivo. En ese contexto de emergencia hubo un aumento de las violencias. Según el medio de investigación periodística independiente CIPER, “en 2020 los llamados al Fono Familia #149 de Carabineros sumaron 24.806 entre enero y septiembre, marcando un notable aumento de 43,8%” (Segovia y Pérez 2021), lo que evidencia la agudización de las violencias. El mismo guarda relación con un aumento en los casos de violencia de género en Internet, la principal forma de socializar y/o mantener contacto con otras personas durante la pandemia.

En este ámbito más específico, un estudio realizado por ONU Mujeres Chile (2020), en conjunto a ONG Amaranta y Datos Protegidos, abordó ese fenómeno: el 22% de las niñas entre 12 y 14 años ya habían vivido violencia digital; cifra que se dispara al 41% entre las adolescentes de 15 a 18 años. En el caso de los niños, un 13% ya había experimentado esta violencia entre los 12 y 14 años y la cifra aumentó al 24% entre adolescentes. Entre las violencias más frecuentes, estaban los insultos; el envío de fotografías de genitales sin consentimiento; y el asedio sexual. La violencia sexual afectaba especialmente más a niñas y mujeres jóvenes.

Como ya fue mencionado, la legislación en Chile está desactualizada respecto a los espacios digitales, por lo que el aparato legal tampoco contempla bases que den respuesta a la violencia de género en línea. Es por ello que, durante el año 2019, organizaciones de la sociedad civil junto con parlamentarias del país impulsaron el proyecto de Ley Pack, como una forma de abordar los vacíos legales que existen dentro de la Internet respecto a las imágenes íntimas no consentidas que son difundidas en la red. Según la diputada Maite Orsini, una entrevista a CNN Chile (2019), “las redes sociales o el mundo digital estaban siendo una especie de paraíso fiscal para agresiones y vulneraciones en particular a mujeres, niñas y adolescentes” (CNN, 2019). No obstante, esta ley no responde totalmente a la problemática de la violencia de género en la Internet, ya que la difusión de material no consentido en la red es sólo una de las formas en las que esta violencia puede manifestarse. Por ejemplo, el usurpamiento de la identidad, mediante el robo del perfil en alguna red social, o el revisar sin permiso o autorización el celular de una persona también son formas de violencia que comúnmente se invisibilizan o silencian, ya sea por falta de información para poder identificarlas, por la ya mencionada carencia de políticas públicas u otros elementos ligados a la violencia patriarcal.

Posteriormente, la misma diputada Orsini, junto a organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un proyecto de ley más integral que buscaba abordar violencia digital. Lamentablemente, la misma aún reposa en el Congreso. En 2022, la propuesta de la nueva Constitución chilena incluía una norma para garantizar espacios digitales libres de violencia. No obstante, el rechazo del nuevo texto constitucional en el plebiscito nacional continuó con un vacío a nivel legal en el país.

Metodología

Esta investigación fue conducida por integrantes de la ONG Amaranta, una organización feminista fundada en Concepción, Chile, en 2018, que busca prevenir y erradicar la violencia de género a través de la educación. Talleres, materiales educativos de libre circulación, investigación y activismo de protesta y en las calles son parte de su accionar. La ONG trabaja en torno al feminismo y la perspectiva de género en distintas líneas: Arte y Cultura, Mujer y Trabajo, Niñeces y Juventudes, Salud Mental, Medios de Comunicación, Derechos Humanos y Tecnologías. Es en este último ámbito donde nació el Proyecto Aurora, apoyado por las Fundaciones Open Society y posteriormente por el Fondo Indela. Su objetivo fue precisamente levantar esta investigación, para luego repensar los talleres y materiales educativos que genera la organización.

Con el fin de conocer el escenario a nivel nacional, entre abril y junio del 2020, en el contexto de pandemia del COVID-19, se desarrolló y difundió una encuesta online entre mujeres (cis, trans y no binaries). Como existía el peligro de que la encuesta fuera objeto de ataques digitales, que se viera alterada o que se atacara a quienes la respondieran, no fue difundida de forma abierta en redes sociales, sino que de forma más segura. Entre las estrategias de difusión, se contó con el envío de mensajes privados vía WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook a distintas redes de mujeres; llamados generales en las redes sociales de ONG Amaranta y de las coordinadoras (sin difundir abiertamente el enlace de la encuesta, sino sólo avisando que se estaba aplicando el instrumento, que podía ser solicitado por interno), envío de correos a colectivas y agrupaciones de todo el territorio nacional y el “boca a boca”. Se fijó como meta conseguir encuestadas de todas las regiones del país y que la mayor parte proviniera de las dos ciudades con mayor población en el país: Santiago y Concepción. Por lo tanto, se trató de un muestreo no probabilístico por cuotas.

El instrumento contenía 15 preguntas que buscaban determinar cuán expuestas estaban las mujeres a este tipo de violencia, caracterizar los ataques, así como también recoger sus estrategias de autodefensa y testimonios. A diferencia de trabajos anteriores, esta vez también participaron personas que no eran activistas, de manera de tener una mirada general del panorama. Además, a raíz de que la misión educativa de ONG Amaranta, la encuesta se formuló de manera de que las encuestadas fueran aprendiendo sobre violencia de género digital mientras participaban, incluyendo definiciones y descripciones que dieran visibilidad, nombraran y problematizaran el tema.

Caracterización de las encuestadas

La encuesta fue contestada por 531 mujeres (cis, trans, no binaries), quienes principalmente se encontraban entre los 26 y 35 años (47,8% de las encuestadas) y entre los 18 y 25 años (30,1%); si bien contestaron desde niñas y jóvenes desde los 12 años, hasta mujeres mayores. Se logró obtener una muestra representativa de todas las regiones del país (arriba de 10 encuestadas por cada división geográfica), si bien las zonas con mayor participación fueron la Metropolitana (105), Biobío (85), Coquimbo (50), Atacama (40), Arica y Parinacota (27) y Valparaíso (26).

Entre quienes respondieron, un 56,7% se consideraba activista o lideresa, mientras que un 43,3% no se consideraba como tal. De las 301 mujeres que respondieron afirmativamente, un 83,8% se definía como feminista, un 33,4% como activista por los Derechos Humanos, un 22,7% realizaba activismo por las diversidades LGBTIQ+ y un 19,5% defendía los derechos de animales y especies; en este ítem, podían marcar más de una opción, dado que muchas defienden múltiples causas; también hubo mujeres que eran activas en juntas vecinales o sindicatos, en partidos políticos, por los pueblos originarios y en el ámbito de educación/cultura. Finalmente, 95,9% de las/es encuestadas declaró no tener ningún tipo de discapacidad; 6 declararon tener una discapacidad física, otras 6, de tipo sensorial; y 10 afirmaron ser neurodiversas.

Resultados y análisis cuantitativo

De las 531 encuestadas, 62,9% declaró haber sufrido violencia en Internet, mientras que un 37,1% declaró que no le ha ocurrido. Mas, tras contra-preguntar en el ítem 14 “¿Has mantenido alguna relación sexo-afectiva donde tu pareja (formal o relación casual) haya ejercido algún tipo de control o violencia a través de dispositivos digitales?”, hubo 57 encuestadas que habían dicho no haber sufrido violencia en espacios digitales pero respondieron de forma positiva a este ítem, al revisar la descripción que se entregó de distintas formas de control digital. Estas son: la revisión de contactos con quienes interactuaban o llamaban; la revisión de dispositivos; ser obligadas a entregar contraseñas; ser obligadas a compartir su ubicación; el hackeo de redes sociales; la difusión no consentida de imágenes íntimas; y las amenazas. Esto significa que aun habiendo sido objeto de control/violencia digital pero no se reconocían como tales. Hubo, además, un caso que había respondido negativamente por error y que luego describió las distintas violencias que había sufrido en espacios digitales:

“Sí, revisó mi teléfono y computador. Incluso, instaló un programa en mi computador para saber qué escribía”.

“Revisaba todo lo que había en mi Facebook y en mi correo”.

“Me obligaba a compartir mi ubicación por GPS”.

Si se corrige la cifra en base a la contra-pregunta, sumando estos 58 casos a los 334 que habían respondido afirmativamente en la pregunta 6, nos da un total de 392 mujeres que sufrieron violencia en espacios digitales de 531 encuestadas, es decir, un 73,8% de la muestra.

Al consultar por el tipo de violencia que habían sufrido, permitiendo marcar más de una casilla, los ataques más reportados fueron: violencia verbal (66,4% de las encuestadas lo habían sufrido), acoso y/o hostigamiento (59%), envío de videos o fotografías de penes sin consentimiento (49,6%), difamación (24,5%), amenazas (23,6%), pérdida de cuenta o acceso no consentido por parte de terceros (16,5%). También se reportó, aunque en menor medida, suspensiones de cuenta por denuncias masivas (6,7%), suplantación de identidad (5,2%), doxing (4,5%), uso de su cuerpo o rostro para crear imágenes humillantes (3,5%), divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento (3,2%). Cabe señalar que las encuestadas podían responder a más de una opción y en general, se observó que podían sufrir una gran variedad de ataques, sea a lo largo de su vida, como también por parte de la misma persona o grupo de personas.

Los ataques mencionados provinieron principalmente de usuarios anónimos o con perfiles falsos (41,9%), seguido por ataques de pareja o ex pareja (18,1%) y ataques por parte de un hombre o grupo de hombres de su entorno (14,8%). Al consultar por mujeres o grupos de mujeres de su entorno, se registraron solo 33 casos (9,9%).

Al consultar por las plataformas donde ocurrieron los ataques, permitiendo marcar más de una opción, la mayoría de los casos se concentraron en Facebook (209 casos); Instagram (131); WhatsApp (108); Twitter (52); y Gmail (41). En la categoría “Otros”, se describieron otras plataformas como Tumblr; mensajes de texto (SMS); foros; videojuegos; otras plataformas de mensajería (Telegram; Messenger; salas de chat) e inclusive juegos de celular, como el chat de Apalabrados².

Al preguntar cómo afectó el ataque, buscando caracterizar sus consecuencias, a 273 mujeres les afectó emocionalmente (82,2% de la muestra declaró sufrir este tipo de violencia) y en 92 casos les afectó su autoestima o relación con su cuerpo. También se sintieron vigiladas o inseguras (81 casos); les desencadenó problemas psicológicos (81 casos); las aisló (54 casos); y en 51 casos afectó su salud física (cefaleas, etc.)

Tras sufrir esta violencia, un 66% de las encuestadas bloqueó a sus atacantes; un 47,5% aumentó la seguridad de sus dispositivos o cuentas; 23,6% lo conversó con su entorno; 22,7% lo conversó con amigas y/o organizaciones. Por otra parte, 14,6% declaró no haber hecho nada; 14,3% cerró su cuenta o dejó de usar la red social donde fueron atacadas; y 11% dio a conocer el hecho en sus redes sociales. Cabe destacar que un 12,2% (41 casos) intentó denunciar en Policía de Investigaciones (PDI) de Carabineros o la Fiscalía, la mayoría sin respuesta positiva. También hubo mujeres que comenzaron a ir a terapia (32 casos) o que comenzaron a documentarse o investigar sobre el tema (28 casos).

Finalmente, un 46,3% de las encuestadas (246 casos) afirmó una relación sexo-afectiva mantuvo, su pareja ejerció algún tipo de control o violencia a través de dispositivos digitales. Los ataques más denunciados fueron la revisión de dispositivos, como teléfono o computador (197 casos); control de las personas con las cuales interactuaban (127 casos); obligarlas a compartir contraseñas de dispositivos o redes sociales (50 casos); utilización de aplicaciones para amedrentarlas (48 casos); y amenazas de divulgación de fotografías íntimas (26 casos).

Análisis cualitativo

La primera relación visible que se pudo establecer fue entre la pregunta 6, “¿Has sufrido violencia en Internet?” y la pregunta 14, “¿Has mantenido alguna relación sexo-afectiva donde tu pareja (formal o relación casual) haya ejercido algún tipo de control o violencia a través de dispositivos digitales?”: un 11,1% de las encuestadas que respondieron negativamente a la primera, lo hicieron positivamente a la segunda, tras revisar el listado que describe las formas que pueden tomar las agresiones, tales como la vigilancia y el control de contraseñas y dispositivos. Esto estaba planificado en la metodología, ya que el instrumento buscaba también ser educativo e instalar la conversación sobre el tema. Dentro de las situaciones de violencia enumeradas, una de las que tuvieron mayor índice de respuesta fue “Sí, revisó mi teléfono o computador sin mi consentimiento”.

Este fenómeno identificado es similar a lo que ocurre en la violencia de género más tradicionalmente reconocidas, donde a muchas sobrevivientes les cuesta identificar lo que están sufriendo, porque quienes las agreden son personas que dicen o dijeron amarlas. Como plantea Rita Segato (2003), el “sujeto violento” ideal es un sujeto desconocido, que se encuentra en un sitio oscuro y nos ataca. Sin embargo, como lo han señalado varias autoras feministas e investigadores de las áreas de la salud y la criminología (Rohlfs y Valls-Llobet, 2003; Nuñez et al., 2008; Trias Capella et al., 2013; Guerrero-Molina et al., 2020), la violencia de género suele provenir de personas cercanas a la víctima/sobreviviente de violencia, por lo que resulta más difícil comprender que se está viviendo algún hecho de esta índole cuando se trata de una pareja, amigo, cercano, etc.

En base a este hallazgo, es importante recalcar la importancia de no ver la violencia de género digital como un fenómeno “aparte” o que “aparezca en Internet”, sino que, efectivamente, es una continuación de la violencia contra las mujeres y las diversidades en un espacio mediado por la tecnología (Peña, 2017). A raíz de esto, posteriormente, la ONG Amaranta levantó la campaña #DigitalEsReal para darle nombre a distintas violencias que ocurren en Internet, visibilizar que el control de dispositivos por parte de una pareja no es amor y llamar a no subestimar estas formas de agresión (Amaranta ONG, 2022).

Respecto a las formas de violencia, varias de estas se habían identificado en el estudio anterior de Ananías y Vergara del 2019 y registrado índices similares. La única opción nueva que resultó en altos índices fue el envío de videos o fotografías sexuales (en el 100% de los casos de genitales masculinos) sin consentimiento. Esto estaba tan normalizado que hasta ese entonces ni a las investigadoras se les había ocurrido reconocer tales agresiones como formas de violencia.

Se identificaron, además, violencias que ocurren por oportunismo, al existir brechas de conocimiento de ciberseguridad, generalmente porque este ámbito es considerado inherentemente masculino (Estébanez, De Filippo y Serial, 2003; Arango, 2004; Causa, 2009) Así, en Chile, sólo una de cada cinco matrículas de carreras en el área de Tecnología corresponde a mujeres (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 2019, web). Es el caso de la pérdida de cuenta o acceso no consentido por parte de terceros y las suspensiones de cuenta por denuncias masivas, formas de ataque que son prevenibles si las personas aprenden a manejar las opciones de Seguridad y Privacidad de sus cuentas. Por ello, la ONG Amaranta posteriormente se ha dedicado al estudio del fenómeno y a impartir talleres de autodefensa digital feminista, buscando romper con estas brechas.

Respecto a los atacantes, si bien un porcentaje importante (casi un 42%) eran anónimos o perfiles falsos, el resto de las agresiones (42,8%) provenían de parejas, ex parejas, grupos de hombres conocidos y, en menor medida, mujeres de su entorno. Esto se alinea con la mencionada investigación realizada por APC entre 2012 y 2014, que reflejó resultados similares (40% de los atacantes son conocidos por la víctima). Entonces, si bien Internet entrega otras herramientas como el anonimato y puede exponernos a agresores en otros puntos del país o del mundo, generalmente los y las atacantes son cercanos. Por ello, hay que dejar de verlo como un problema imposible de abordar tecnológicamente y empezar legislar sobre el tema: para entregar herramientas, sanciones y reparación en casos donde se conoce la identidad de quienes agreden y para sacar del vacío legal en el que se amparan agresores distantes que participan de situaciones de acoso masivo por misoginia y oportunismo, entre otras formas de violencia en espacios digitales.

Respecto a las plataformas donde ocurrieron los ataques, estas suelen coincidir con las redes sociales que se estén utilizando más en el momento. Si bien no fue posible registrarlo en este estudio al inicio de la pandemia, posteriormente la ONG Amaranta recibió decenas de solicitudes de ayuda por violencias en plataformas que comenzaron a utilizarse más en el contexto COVID-19, como Google Classroom³ y el juego Roblox⁴. Las descripciones de cómo a las sobrevivientes les afectó el ataque dan cuenta de las consecuencias de un ataque digital en el cuerpo físico, su relación con este y con la vida misma de la persona. Mientras tanto, las respuestas sobre qué hicieron tras sufrir la violencia muestran cómo las mujeres sobreviven y resisten con las herramientas a las que logran acceder.

Las encuestadas que declararon haber vivido violencia, señalaron una serie de problemas a los que se enfrentaron a la hora de denunciar. Señalaron, por ejemplo, que las instituciones estatales no funcionaron cómo ellas hubieran esperado y no dieron respuesta a las situaciones de violencia de género en Internet. Con el fin analizar más profundamente estos elementos, se elaboró la siguiente tabla con citas que ilustran mejor los asuntos descritos:

Tabla
Principales categorías

Categoría	Citas	Análisis
Negligencia de las entidades estatales responsables	“Me sentí impotente, las entidades que se supone te debían proteger, no hicieron nada y de hacerlo solo sería si había evidencia clara de maltrato o amenaza. No importa el daño psicológico que un abuso cibernético conlleva, lo debes cargar sola o con tu círculo cercano mientras el agresor queda sin castigo y muchas veces sin tener idea de las denuncias.”	Uno de los elementos relevantes de esta respuesta, es que señala de manera explícita que a la hora de efectuar la denuncia y/o recurrir a las entidades del Estado correspondientes, no existió una comprensión de las características propias de la violencia de género en internet, donde las expresiones de esta violencia no se dan de manera explícita (en su mayoría), por lo que al no existir estas pruebas, muchas veces los casos son desestimados, lo que evidencia falencias que presenta el sistema judicial del país respecto a la acogida de denuncias de violencia de género, tanto a nivel general, como a lo que refiere esta investigación, relacionada con la Internet. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007), los Estados deben actuar de manera eficaz frente a estos temas: En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia.
	“La Fiscalía archiva TODO. No se preocupan de lo que estiman como delito bagatela. Además, en Antofagasta no hay CiberCrimen [subdivisión de la Policía de Investigaciones], todo se demora el triple. Todo mal.	En la misma línea de lo planteado más arriba, la Fiscalía, órgano autónomo en nuestro país, sigue la línea del poder judicial, evidenciando entonces falencias generales a nivel estatal que son necesarias de superar para abordar de manera efectiva estas violencias. Por otro lado, se hace necesario plantear que encuestadas de regiones fuera de la RM, señalaron que en los lugares donde residían la institución no contaba con ciertas brigadas especializadas.
Apoyo terapéutico y de círculos cercanos	“Me recuperé mediante terapia y apoyo de familia, pareja, amigas y compañeras” “Mi entorno cercano bloqueó a mis atacantes de sus redes sociales y me brindó apoyo” “No quise acceder a la justicia, preferí refugiarme en mi familia”	Con base a lo analizado previamente, es necesario también plantear en dónde las encuestadas pudieron recibir ayuda, escucha y contención después de las violencias vividas, para la mayoría una de las herramientas más útiles para afrontar estas vivencias fueron por un lado la terapia psicológica y así también amistades y sus propias familias, priorizando los lazos y redes que no las juzgaron y les brindaron apoyo, afecto y acompañamiento a lo largo del proceso. Es decir el apoyo social y la terapia psicológica, fueron las herramientas que les permitieron enfrentarse a las violencias, frente a los problemas a los que se enfrentaron en las instituciones estatales. Se entenderá al apoyo social de la siguiente forma: El concepto de apoyo social estructurado por Lin (1986) alude a las provisiones de tipo instrumental o expresivo que la comunidad, las redes sociales y las personas con las que se establecen vínculos cercanos y de confianza proporcionan a los individuos de su comunidad. (Estrada, Olaizola & Rodríguez, p. 524, 2010)

La investigación da cuenta de que, hoy en día, la principal forma de sobrevivir y resistir a esta violencia, es apoyándose en las propias redes, compuestas por amistades, por familias, colectivas y por terapeutas. Se hace evidente, en ese sentido, un abandono del Estado, de leyes y políticas públicas, al cual se le hace frente comunitariamente. Esto va en línea a la resistencia, resiliencia y re-existencia que se propone desde movimientos feministas, decoloniales y comunitarios. Como plantean las docentes cubanas González y Durán (2021), en Latinoamérica, las mujeres que enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad y precariedad

actúan y crean formas de re-existir, especialmente ante las expresiones de violencia impuestas desde hace décadas por las políticas neoliberales que empobrecen a las comunidades, y las afectan, sobre todo, a ellas. También reinventan nuevas formas de ser, que generan solidaridad y sororidad (p. 130).

Finalmente, como aspecto positivo, desde el estudio anterior de 2019 hasta el realizado en la pandemia, hubo un aumento de la cantidad de sobrevivientes que lo conversaban con sus espacios de activismo. En el estudio anterior, un 75,5% había declarado que la violencia cibernética no se discutía en sus organizaciones o colectivas activistas. Se propone que este cambio se debe hitos históricos, como el Caso Nido (foro machista denunciado en 2019, que publicaba material íntimo y no íntimo sin consentimiento de mujeres y jóvenes, compartía sus datos, e invitaba incluso al secuestro), así como la Revuelta Social de Chile en octubre del 2019 - donde hubo vigilancia, censura y violencia estatal también a través de tecnologías -; y la propia pandemia de COVID-19. Todos estos eventos fueron transformando la idea de que Internet fuera algo accesorio, aparte o “menos real” y mostraron cuán unidas están nuestras vidas a este espacio, al punto de que hoy esta tecnología es considerada un Derecho Humano.

Conclusiones

Una de las conclusiones principales de nuestra investigación señala que la violencia digital es una frecuente en la vida de mujeres, jóvenes y niñas, al punto de haberse normalizado. Las dificultades para tomar conciencia de la violencia vivida y reacciones como “hacer nada” o decidir no ir a la justicia hablan de lo frecuente que se ha vuelto y del desamparo que sienten las sobrevivientes. Cabe señalar que no encontramos una mayor frecuencia de ataques hacia mujeres activistas, en comparación a las que no lo eran. Es por ello que, aunque aún es un trabajo exploratorio, creemos que el factor de género es el principal que nos expone a las violencias en espacios digitales. Estos datos constituyen una alerta acerca de los modos como la violencia de género en Internet es tratada por la legislación y las políticas públicas. Esta investigación permite comprender que se trata de un fenómeno multidimensional que no sólo abarca el ciberespacio sino que tiene repercusiones directas en las vidas de las personas que la viven. Considerar esta violencia como parte de las opresiones que esperamos erradicar de nuestra sociedad es fundamental, ya que en la medida que las sociedades avanzan, se expresan nuevas violencias, pero también nuevas formas de resistir y organizarse frente a ellas por parte de las mujeres, las disidencias sexuales y la sociedad civil.

El ciberfeminismo fue un concepto acuñado por la inglesa Sadie Plant y por el proyecto artivista VNS Matrix a inicios de los años noventa (Galloway, 1007, web) para definir la fusión entre ciberespacio y feminismo. Hoy, en América Latina, ha sido definido por la comunicadora argentina Inés Binder como una red de alianzas políticas donde no solo se conectan personas, sino que el acompañamiento generado en una diversidad de niveles hace sentir que “las otras están ahí” (Binder, 2017, p. 35). Esta idea ha brindado un aporte sustancial al actual contexto sanitario a nivel mundial, ya que ha permitido establecer herramientas y estrategias que permiten que las mujeres y disidencias puedan mantenerse conectadas y seguras, a pesar de los discursos de odio, ciberataques, hackeos y otras diversas formas de violencia online.

El trabajo en torno al reconocimiento de la violencia de género en Internet como una más de las violencias que se espera superar en la sociedad es una labor permanente. Debe involucrar tanto a las agrupaciones e individualidades feministas, territorios, escuelas y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la tarea de educar, difundir y prevenir en torno a este tema. Quedan, por lo tanto, múltiples desafíos, sobre todo con respecto a las políticas públicas y al funcionamiento de las instituciones de nuestro país, ya que tal como se ha mencionado a lo largo del presente artículo, estas no han dado abasto ni han respondido de manera adecuada. Por el contrario, podemos afirmar que han actuado principalmente con negligencia y sin tener en cuenta un enfoque de género de acuerdo con los marcos internacionales desarrollados en este sentido. Junto con esto, las instituciones de Chile tampoco han considerado la educación sexual integral como una necesidad para erradicar estas violencias, que tornan el cuerpo de las mujeres - tanto digital como físico - un campo de batalla. Otro factor importante a considerar es la falta de acceso a la alfabetización digital, dado que tales violencias ocurren en medio del desconocimiento y el oportunismo. Tal es el caso del acceso no consentido a cuentas o pérdida de cuentas.

Como señala Natansohn (2014):

Observamos que, en distinto grado y con efectos aún poco visibles, se ha identificado la necesidad de transversalizar la mirada de género para el tratamiento de los temas sobre la gobernanza de internet, sobre el acceso abierto y libre, la libertad de expresión, la privacidad, la seguridad, y los derechos humanos de mujeres y hombres. Sucede que los verbos utilizados en esos documentos (estimular, promover, contribuir, fomentar) no serán suficientemente performativos sin una reglamentación específica en cada sector de aplicación, que transforme esas declaraciones de intenciones en medidas concretas, con beneficios para quien las cumple y sanciones para quien no lo hace. (Natansohn, 2014, p. 3).

No obstante, consideramos relevante seguir potenciando a las organizaciones que posicionan la Internet como un espacio de disputa política donde posicionar las demandas feministas y de índole social, de manera tal de generar redes y así lograr los objetivos de poder vivir en una sociedad más justa y libre de violencias. Actualmente, el tema se encuentra en plena discusión. Al revisar el estado de leyes y políticas gubernamentales sobre el tema a nivel mundial, aún son pocos los países con leyes que abordan específicamente esta violencia. Contemporáneamente con esta publicación, en marzo del 2023, se lleva a cabo la Sesión N° 67 de la Comisión del Estatus de las Mujeres, cuyo tema prioritario es la “Innovación y cambio tecnológico y educacional en la era digital para alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de mujeres y niños”, sumada a la sesión “Desafíos y oportunidades para alcanzar la equidad de género en el empoderamiento de mujeres y niñas rurales”. Tales espacios buscarán abrir el diálogo sobre esta situación a nivel mundial, así como plantear acciones urgentes para continuar avanzando en el tema.

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• VERGARA SÁNCHEZ, Karen. 2020. “Violencia de género en Internet y pandemia”. Amidi Disponible en: https://www.amidi.org/violencia-de-genero-en-internet-pandemia/ [Acceso 19.12.2021]
  » https://www.amidi.org/violencia-de-genero-en-internet-pandemia/
• ZAFRA, Remedios. 2005. “La escritura invisible, el ojo ciego y otras formas (fragmentadas) del poder y la violencia de género en Internet”. Remedios Zafra blog Disponible en: http://www.remedioszafra.net/carceldeamor/vsc/textos/textorz.html [Acceso 20.08.2021]
  » http://www.remedioszafra.net/carceldeamor/vsc/textos/textorz.html

• 1
  “Qlia” (abreviación de “culiada”), término coloquial procaz para referirse de forma despectiva hacia otra persona.
• 2
  Videojuego de palabras similar al Scrabble, desarrollado para celulares y que se popularizó al inicio de la pandemia de COVID-19.
• 3
  Servicio web educativo desarrollado por Google que se popularizó al inicio de la pandemia COVID-19 para la realización de clases online.
• 4
  Plataforma de videojuegos en línea dónde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  04 Dic 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  06 Jun 2022
• Acepto
  15 Nov 2022