Entre el terror y la acumulación social del miedo: Gobernanza criminal en tres ciudades fronterizas de Paraguay con Argentina y Brasil

Entre o terror e a acumulação social do medo: Governança criminal em três cidades paraguaias fronteiriças com Argentina e Brasil

RESUMEN

Este artículo analiza y compara de qué manera opera la gobernanza criminal que condiciona la rutina y actividades de pobladores y operadores del sistema de justicia y seguridad en tres ciudades fronterizas. Estrategias etnográficas, tales como observaciones, entrevistas y conversaciones informales identificaron a los actores, las mercancías y servicios que explotan, así como los mecanismos de interacción institucional y social. Actúan con impunidad en estos territorios debido a la adquisición de mercancías políticas, infiltración institucional y distintos mecanismos de coerción basados en la violencia simbólica y brutal, y la activación de procesos penales y disciplinarios sancionatorios, que generan terror y acumulan el miedo social.

Palavras-chave:
gobernanza criminal; crimen organizado; Ciudad del Este; Saltos del Guairá; Pilar

RESUMO

Entre o terror e a acumulação social do medo: Governança criminal em três cidades paraguaias fronteiriças com Argentina e Brasil analisa e compara a governança criminal que condiciona a rotina e as atividades dos moradores e operadores do sistema de justiça e segurança em três cidades fronteiriças. Estratégias etnográficas como observações, entrevistas e conversas informais identificaram os atores, os bens e os serviços que exploram e os mecanismos de interação institucional e social. Eles atuam impunemente nesses territórios por meio da aquisição de mercadorias políticas, da infiltração institucional e de diversos mecanismos de coerção baseados na violência simbólica e brutal, bem como do acionamento de processos sancionadores criminais e disciplinares que geram terror e acumulam medo social.

Palavras-chave:
governança criminal; crime organizado; Ciudad del Este; Saltos del Guairá; Pilar

ABSTRACT

This article analyses and compares the operation of the criminal governance that conditions the routine and activities of the residents and the justice and security system officials of three border cities. Ethnographic strategies, such as observation, interviews, and informal conversations identified the actors, the goods, and services they exploit, as well as the mechanisms of institutional and social interaction. They act with impunity in these territories due to the control of political commodities, institutional infiltration and different mechanisms of coercion based on symbolic and brutal violence, and the engagement of criminal and disciplinary sanctioning processes, which generate terror and accumulate social fear.

Keywords:
criminal governance; organised crime; Ciudad del Este; Saltos del Guairá; Pilar

Introducción

Para comprender la violencia de nuestras ciudades y países, hay que remontarse a los procesos históricos, narrando una historia del presente, había recomendado el profesor Michel Misse a uno de los autores de esta investigación cuando lo recibió en su núcleo de estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en febrero de 2019. Siguiendo aquel consejo, este artículo arranca describiendo el modelo de gobernanza criminal vigente en la dictadura y, luego, la reconfiguración que se dio durante los primeros años del proceso democrático, para después centrarse en las formas que estos modelos adquirieron y funcionan actualmente, en tres núcleos poblacionales de frontera.

Ciertamente, una dictadura que encarceló, asesinó y desapareció a sus oponentes gobernó Paraguay entre 1954 y 1989 (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA PARAGUAY, 2008). Durante el régimen, el territorio y las instituciones estaban bajo el poder militar, encabezado por el presidente de la República, el general Alfredo Stroessner, quien ejercía, además, un control directo sobre gobiernos locales y regionales. Estos fueron encargados a los delegados de gobierno, elegidos por su afinidad personal y/o comercial con el dictador. Ellos supervisaban todos los negocios lícitos e ilícitos que ocurrían en sus jurisdicciones. De esta manera, nadie podía operar sin la autorización de estos representantes de “el General”¹.

Eran especialmente influyentes los delegados de gobierno de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, departamentos fronterizos con Brasil, por constituirse en los principales centros logísticos de los negocios con destino a ese país, mayor socio comercial de Paraguay desde los años 1970 (ABENTE, 2008). Asimismo, a partir de los años 1980, el territorio de Amambay se constituyó en el centro del cultivo de la marihuana y de la recepción y reenvío de la cocaína andina a Estados Unidos y Europa, para lo que se importaban también diversos productos químicos utilizados para el refinamiento (FERNÁNDEZ PALACIOS, 2017).

Los militares controlaban igualmente el contrabando en general y, en particular, el de los electrónicos hacia Brasil. De este modo, se enriquecían y no conspiraban (GALEANO, 2021), pero al mismo tiempo, eran los más sanguinarios represores de la disidencia política y económica, “persiguiendo, eliminando, excluyendo, extirpando e incluso aniquilando cualquier foco, intento o proyecto de oposición y lucha” (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA PARAGUAY, 2008, p. 14). El general Patricio Colmán inauguró en los años 1960 los “vuelos de la muerte”, arrojando desde aviones al Río Paraná o la espesura de la selva, los cuerpos de detenidos, inclusive vivos. En su despacho, solía exhibir a visitantes extranjeros las orejas de sus víctimas como preciado trofeo de guerra (NICKSON, 2010).

En febrero de 1989, otro militar, el general Andrés Rodríguez, derrocó a Stroessner y llamó a elecciones generales, donde fue designado presidente de la República (1989-1993). Se iniciaba el proceso de democratización política, que terminó también con el monopolio del mercado criminal fronterizo, dominado hasta entonces por los militares y sus socios (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA PARAGUAY, 2008). Emergieron nuevos actores disputándose el control territorial de las rutas y de los pasos limítrofes, imponiéndose unos sobre otros con delaciones, desapariciones, asesinatos, descuartizamientos y masacres. Todo aquel que representaba algún tipo de peligro, real o presunto, sin importar de quién se tratase, era eliminado (Ibid.).

En abril de 1991 fue asesinado en el microcentro de Pedro Juan Caballero, capital de Amambay, a plena luz del día, el periodista y propietario de Radio Mburucuyá, Santiago Leguizamón Zaván. En los últimos 30 años, surgieron varias hipótesis con relación al móvil, pero en lo que no existe desacuerdos es que fue ordenado por la mafia de frontera, ligada al narcotráfico y sus vinculaciones, con el poder político y militar. El caso n^o. 13.030, Santiago Leguizamón Zaván y familia, tramitado ante la Comisión, fue sometido, en febrero de 2021, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2021, el presidente Mario Abdo Benítez anunció por Twitter que Paraguay se allana a la demanda.

El 10 de octubre de 1994, también fue asesinado en horas de la mañana, y en una zona acomodada de Asunción, el entonces jefe de la Agencia Nacional Antidrogas de Paraguay, el general Ramón Rosa Rodríguez. Tampoco se esclareció el crimen, pero quienes analizaron el caso sostienen que un informe oficial preparado para el entonces presidente, Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), que debía entregar aquella mañana, determinó su muerte. En él se puede leer un completo reporte de la dinámica del tráfico de cocaína y sus principales actores y protectores, entre quienes se incluía al ex titular del Ejecutivo, Andrés Rodríguez, y a gobernadores de zonas de frontera. Zulia Jiménez, entonces periodista del Diario Noticias, asegura que no hay dudas que el contenido del informe fue la causa de su asesinato (entrevista realizada el 20 de julio de 2021). En 1996 la prensa filtró el contenido de este, donde se puede leer el involucramiento institucional en el negocio.

Con la ruptura del monopolio militar, se fortalecieron algunos grupos familiares y empezaron las alianzas con facciones de origen brasileño. A finales de 1990, el clan Morel, que tenía bajo su dominio la zona sur de Amambay y el norte de Canindeyú, acogió y dio protección al histórico líder del Comando Vermelho (CV) Fernandinho Beira-Mar (GARAT, 2016). A inicios del 2000 se rompió la alianza, siendo asesinados en su propia casa, el 13 de enero de 2001, los dos hijos de João Morel, quien fue muerto unos días más tarde en una penitenciaría brasileña, donde cumplía condena.

Líder Cabral, ex colaborador de Morel, intentó ocupar su lugar. Perseguido por Beira-Mar, se refugió en la Argentina desde donde continuó operando por más de diez años. Fue detenido en Guaíra-Paraná, al otro lado de Saltos del Guairá, en julio de 2010 (TEJERO, 2010). De entre quienes iniciaron el negocio con facciones brasileñas, el que aún se mantiene en actividad es Felipe “Barón” Escurra, vinculado al Comando Vermelho, en la clandestinidad en los últimos años, tras ser detenido en agosto de 2016, y liberado un año más tarde por orden judicial. Los organismos de seguridad le consideran el rey de la marihuana desde la muerte de Gerardo Sánchez, en agosto de 2010 (CANDIA, 2017).

A su vez, en Pedro Juan Caballero, Jorge Rafaat Toumani, desde los primeros años de la transición democrática, venía ejerciendo un poder hegemónico sobre diversos tipos de comercio, en especial los ilícitos, cobrando impuestos a los demás grupos por el uso de lo que consideraba su territorio. Desde mediados de 2010, el Primer Comando de la Capital (PCC) con su Proyecto Paraguay, buscó tener mayor autonomía en el país para incrementar su lucro, que hasta entonces dependía de intermediarios locales. Fue así como, el 15 de junio de 2016, Rafaat fue emboscado y asesinado en el microcentro de la capital del Amambay, en un operativo del que participaron varios grupos y más de 50 personas. Fue necesario un fusil antiaéreo .50 para neutralizar la camioneta blindada en la que se movilizada (FELTRAN, 2018; MANSO y DIAS, 2018).

El noreste de la Región Oriental de Paraguay, constituido por los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú, tiene algunas características que facilitan la actuación del crimen organizado (CABRERA RODRÍGUEZ, 2017). Comparte 438 kilómetros de frontera seca con Brasil; concentra el 93,7% de los cultivos de cannabis, así como las principales pistas de recepción de cocaína provenientes de Bolivia, Perú y Colombia; y los ilegalismos vinculados al narcotráfico y el contrabando están naturalizados y tolerados social e institucionalmente (MARTENS, 2019a).

Estas circunstancias determinan la importancia estratégica de esta región en el mercado ilegal del país, ya que las acciones y disputas entre los grupos que operan en la zona tienen la potencialidad de incidir y condicionar las actividades en otros lugares. La frontera paraguayo-brasileña es, a su vez, la región de mayor violencia letal, con índices de homicidios que llegan a 70 cada cien mil habitantes, cuando la media nacional es de apenas 7 (Ibid.). Las muertes por encargo son las más frecuentes. Sus autores no son conocidos ni enjuiciados, produciéndose niveles de impunidad que superan el 90% de los casos (MOLINAS, 2020).

Algunas de las mercaderías recepcionadas o producidas en el noreste de la Región Oriental tienen como puntos de salida al exterior ciudades fronterizas, como Saltos de Guairá, Ciudad del Este y Pilar. Deben ser transportadas por carretera hasta 800 kilómetros.

La ubicación geográfica y las infraestructuras que ofrecen Saltos del Guairá, Ciudad del Este y Pilar como capitales departamentales las convirtieron en puntos estratégicos en el mercado criminal que opera desde Paraguay, ya que además son grandes centros logísticos de los negocios lícitos. Ciudad del Este es la segunda ciudad y economía nacional, en tanto que Pilar cuenta con la única zona de puertos de aguas profundas sobre el Río Paraguay, principal vía de exportación de carne y granos, y Saltos del Guairá posee límites húmedos y secos con los estados de Paraná y Mato Groso del Sur.

En el caso de Ciudad del Este, tal como indica Cardin (2012), las prácticas ilegales y clandestinas, como el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas, se han vuelto comunes en la región fronteriza entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. Otras investigaciones la han vinculado incluso con actividades terroristas (BARTOLOMÉ, 2019; CUERVO CEBALLOS, 2018).

En Pilar y Saltos del Guairá, Martens y Veloso (2019) y Martens (2021) documentaron la existencia de redes de criminalidad organizada y de negocios fronterizos vinculados al tráfico de marihuana, cocaína, armas y cigarrillos con destino a Argentina, en el primer caso, y Brasil, en el segundo. Además, mientras en Pilar el combustiblero² es una ocupación ejercida de manera pública y sistemática, en Saltos del Guairá es el cigarrillero³ quien se desempeña de esta manera. Ambos son considerados negocios fronterizos, es decir, un conjunto de actividades económicas desarrolladas en distintos espacios de frontera cuyos límites entre lo legal e ilegal son difusos. Cuentan con algún grado de tolerancia social e institucional y la represión estatal hasta puede generar reacciones y manifestaciones de repudio de ciudadanos (MARTENS y VELOSO, 2019).

Igualmente, Ciudad del Este conforma la triple frontera, junto a Foz de Iguaçu (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina), como tal es un espacio heterogéneo, diverso y que concentra una multiplicidad de procesos y situaciones sociales de aproximación, integración, conflicto y diferenciación, practicada social e institucionalmente, que difiere del límite como acto jurídico que da soberanía a los Estados (ALBUQUERQUE, 2015). Es presentada por los servicios de seguridad estatales y un sector de la academia como la base de operaciones de grupos criminales como el Hezbollah, vinculado al terrorismo internacional, y otros como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), un peligro para toda la región, donde convergen terroristas de distintas nacionalidades, criminalidad organizada y funcionarios corruptos (BARTOLOMÉ, 2019; CUERVO CEBALLOS, 2018; FONSECA, 2020).

Saltos del Guairá acoge también gran parte de la actividad comercial informal en constante desplazamiento desde Ciudad del Este, debido a las presiones y controles ejercidas por el país y Brasil (CARDIN y FIOROTTI LIMA, 2018).

En los últimos años, investigaciones empíricas como las de Rabossi (2011), Renoldi (2015a, 2015b) y Cardin (2012), utilizando marcos analíticos como los ilegalismos planteados por Foucault (2002), proponen lecturas del fenómeno de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina desde la mirada antropológica y criminológica, identificando la utilización o no de los dispositivos jurídicos como una de las formas de gestión territorial (BARBOSA, RENOLDI y VERÍSSIMO, 2013).

A partir de estos antecedentes, este artículo analiza y compara de qué manera funciona la gobernanza criminal en Ciudad del Este, Saltos del Guairá y Pilar, tres ciudades de frontera, con Brasil y Argentina, partiendo de la caracterización de los grupos criminales que están presentes y controlan sus territorios. Concretamente, se busca conocer los grupos que operan, determinando diferencias y similitudes en sus estrategias y mecanismos de incidencia sobre la población e instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El marco analítico de la información producida integra los conceptos de gobernanza criminal, es decir, la imposición de reglas de conductas o restricciones por parte de una organización criminal, cualquiera sea su naturaleza (LESSING, 2020), la administración estatal de los ilegalismos, castigando unos y tolerando otros (FOUCAULT, 2002), mercancías políticas, disponibilizadas por funcionarios corruptos (MISSE, 2017), y las redes de poder hegemónicos. Estas son integradas por agentes estatales, políticos y los cuerpos de seguridad, en estrecha vinculación con empresarios que posibilitan no sólo impunidad, sino el ingreso de capitales provenientes del crimen organizado al circuito económico legal (FLORES PÉREZ, 2019, 2020). Distánciase, de esta manera, de los enfoques que reducen el abordaje del crimen organizado a la falta de institucionalidad gubernamental capaz de enfrentarlos eficazmente por medio de la represión y el sistema penal (BARTOLOMÉ, 2019; CUERVO CEBALLOS, 2018; SAMPÓ, 2017).

Metodología

Es precisa una combinación de estrategias metodológicas y un análisis longitudinal para la comprensión de los aspectos que implican la gobernanza criminal en los territorios fronterizos analizados, marcados por el miedo (BODY-GENDROT, 2018) y la creencia del aumento constante de la violencia (MARTENS, MOLINAS, RAMOS y ORREGO, 2018). Además, en constante expansión del crimen organizado, por ser un eslabón clave en la cadena del narcotráfico en Sudamérica (BARTOLOMÉ, 2019; INSIGHT CRIME, 2021),

Ciertamente, este trabajo se inserta en la línea de investigación sobre la violencia y sus actores. Fue desarrollado desde el Departamento de Criminología y Seguridad de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP). A los investigadores de la FCTA se han sumado otros de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional del Este (UNE), con sede en Ciudad del Este, y de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), con asiento en Saltos del Guairá. Con el equipo de investigación, documentamos en los últimos años los actores armados que actúan en la frontera norte con Brasil y su impacto en la población (MARTENS et al., 2018; MARTENS, 2017); la dinámica que envuelve la extracción ilegal de combustibles de los barcos que navegan el Río Paraguay, en la frontera con Argentina (MARTENS y VELOSO, 2019); el cultivo de marihuana en los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú (MARTENS, 2021); y los actores e impactos políticos y sociales de la violencia en el límite noroeste de Paraguay y Brasil (Idem, 2019a).

En la línea de estos trabajos previos, y aprovechando los lazos de confianza establecidos con actores institucionales, miembros de la comunidad y de grupos dedicados al comercio de mercaderías ilícitas, se emplearon para este artículo diversas estrategias etnográficas de recolección y produccion de información, como la observación participante, entrevistas y conversaciones informales, que fueron posibles debido a la presencia permanente y/o continua de los investigadores en cada una de las ciudades analizadas (CARDANO, 2017).

El trabajo de campo realizado en la investigación se aleja de algunas reglas de la etnografía tradicional, tales como el resguardo de la calidad de investigador en algunas circunstancias y el consentimiento informado (NOEL, 2011; OSORIO CAMPUSANO, 2013), e implementa medidas recomendadas para el estudio de grupos armados en territorios con altos niveles de violencia (ALARCÓN y BOURGOIS, 2010; CABRERA RODRÍGUEZ, 2017).

Siendo así, se empleó de manera preferente la observación y registro de actividades en distintos espacios y pasos fonterizos de cada una de las ciudades, presenciando la recepción, preparación, transporte y embarque de mercaderías, por agua y tierra, así como los depósitos que sirven como lugares de almacenamiento de productos. De igual modo, estos momentos fueron aprovechados para mantener conversaciones informales con operarios y sus respectivos encargados y/o patrones. Las observaciones fueron registradas en cuadernos de campo.

Con relación a las entrevistas, estas se pactaron y realizaron, por un lado, con agentes estatales paraguayos del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes aceptaron compartir información y sus percepciones sobre la gobernanza criminal en sus ámbitos de actuación, y, por otra parte, con patrones, emprendedores y peones de los mercados criminales que operan en la zona.

El término “patrón” hace referencia al empleador en la economía legal y, en la ilegal, a un empresario que moviliza grandes cantidades de mercaderías y tiene la capacidad de negociación y activación de mecanismos de impunidad para que sus productos puedan circular sin inconvenientes. Varios son de nacionalidad brasileña y pertenecen a algunos de los grupos criminales que tienen presencia en las ciudades analizadas. Los clanes familiares están liderados por patrones y reciben esta denominación de sus miembros, así como de quienes les producen las mercaderías, como los cultivadores de marihuana. “Emprendedores” son quienes, sin pertenecer a ningún clan ni grupo criminal, asumen el peligro de iniciarse en algún rubro de la economía ilegal de su ciudad, por lo que deben trabajar por su cuenta y riesgo. Los “peones” actúan para patrones o emprendedores, conociendo las implicancias de la actividad y las reglas para el desempeño eficaz, sintetizadas en el silencio sobre sus actividades.

En el caso de los miembros de las fuerzas públicas o del sistema de justicia, se realizaron entrevistas y mantuvieron conversaciones informales con 30 personas. Además, posterior a las entrevistas, se mantuvieron con algunas de ellas constantes conversaciones, de manera a contrastar las informaciones que surgían de otras fuentes o del trabajo de campo etnográfico. De este modo, estas personas se convirtieron en informantes claves del trabajo (SCRIBANO, 2008).

Respecto a patrones, emprendedores y peones, la estrategia de bola de nieve permitió acceder a los mismos, partiendo de los contactos realizados para investigaciones anteriores. Algunos de los emprendedores y peones que aportaron información están dentro del sistema penitenciario y forman parte o tienen contactos con integrantes de las facciones analizadas. Son personas que vienen colaborando con el equipo de investigación desde hace varios años y a quienes se brinda ocasionalmente servicios de asesoría jurídica, ya sea sobre su proceso o el régimen penitenciario establecido en la legislación nacional.

Por criterios éticos y de seguridad, no se identifica con precisión la función pública ni privada que realizan las personas que colaboraron con la investigación, y se optó por la utilización del género masculino para la redacción del informe. Así mismo, debido a la naturaleza del objeto de estudio, se consideró inaplicable, por los riesgos que conllevaría, el consentimiento informado, tal como exigen las recomendaciones éticas de la etnografía tradicional, aunque los colaboradores, entrevistados e informantes claves conocían en detalles la naturaleza y objetivos de la indagación (RESTREPO, 2015).

En coincidencia con Rodgers (2004), en los estudios cualitativos sobre violencia, mantener resguardada la identidad del investigador, en ocasiones, es una cuestión de sobrevivencia, y los dilemas éticos a resolverse son permanentes cuando se documentan actividades de actores implicados en actividades delictivas (CABRERA RODRÍGUEZ, 2017; NOEL, 2011; OSORIO CAMPUSANO, 2013).

Las entrevistas fueron codificadas y analizadas con ayuda del programa Atlas.ti bajo las siguientes categorías: grupos que operan, dinámicas de trabajo, infiltración institucional, interacción con operadores del sistema de justica, interacción con uniformados (policías, militares y agentes de la Senad), interacción con la población, mecanismos de gobernanza criminal, rubros ilegales que explotan, rubros comerciales que sirven de fachadas, redes que integran y temores (RODRIGUES PEREIRA, 2004). Estas categorías fueron construidas en base a la literatura y el marco analítico del trabajo sustentado en los conceptos de gobernanza criminal (LESSING, 2020), mercancías políticas (MISSE, 2017), ilegalismos (FOUCAULT, 2002), y redes de poder hegemónicos (FLORES PÉREZ, 2009).

El escenario

Las tres ciudades estudiadas comparativamente en este trabajo son capitales de Departamentos, la división político-administrativa que adopta Paraguay. Ciudad del Este (Alto Paraná) es uno de los principales puntos de conexión con Brasil, a través del Puente de la Amistad, inaugurado en 1965, con el que nació y se fortaleció hasta convertirse en el segundo polo de desarrollo económico de la República. En su área metropolitana, constituida por los municipios de Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias, todas ribereñas, habitan unas 800 mil personas (INE, 2021). Su centro urbano y comercial se levanta sobre el Río Paraná tanto en frente a Foz de Iguaçu (Brasil) como a Iguazú (Argentina), con quienes posee diversos pasos fronterizos no habilitados legalmente, pero que funcionan continuamente, en horarios que varían según su ubicación.

Figura 1:
Puesto de control fronterizo en Ciudad del Este sobre el Río Paraná, en las inmediaciones de la Triple Frontera

Saltos del Guairá (Canindeyú), con poco más de 42 mil habitantes (INE, 2021), tiene la particularidad de limitar con dos estados brasileños, Paraná y Mato Grosso del Sur, respectivamente. Del primero está separado por medio del Río Paraná y de Mato Grosso a través de hitos imaginarios, entre los que recorre un extenso camino de tierra que ingresa a un territorio y otro, en su zigzagueante recorrido. Posee también puertos cigarrilleros desde donde con embarcaciones ligeras se llegan al interior paranaense y paulista en pocos minutos.

En Ciudad del Este y Saltos del Guairá, el movimiento comercial es incesante, realizado por turistas y compristas⁴, tanto en las grandes tiendas, mesitas⁵ o en las calles, en los que la conversación se puede mantener en portugués y pagar los productos con reales, pesos o dólares, además del guaraní, siendo muy perceptibles la complejidad de las relaciones e identidades fronterizas (ALBUQUERQUE, 2015; CARDIN y FIOROTTI LIMA, 2018) y las dinámicas de integración por abajo, es decir, el comercio y distribución a microescala u hormiga, economías subterráneas (STEFONI, MARDONES y VALDEBENITO, 2021).

Los ciudadanos del Mercosur no precisan realizar trámites migratorios para ingresar y permanecer en la zona. Si bien no existen informes oficiales sobre el movimiento transfronterizo de personas, algunas estimaciones indican que cruzan anualmente desde Brasil más de 20 millones de compradores (INE, 2019).

Pilar (Ñeembucú) está ubicada en la margen izquierda del Río Paraguay, en la confluencia con el arroyo Ñeembucú. Fue durante el proceso de consolidación del Estado Paraguayo una de las principales vías de acceso y conexión con Buenos Aires. Tiene 33 mil habitantes. En la región, existen cinco pasos habilitados para el cruce legal a la Argentina, en los que funcionan servicios regulares de transporte colectivo. Sin embargo, Martens y Veloso (2019) identificaron otros 11 puertos utilizados para la descarga de mercaderías y combustibles de los barcos que surcan el Río Paraguay.

Grupos criminales y sus características

En las tres ciudades analizadas actúan grupos locales e internacionales dedicados de manera permanente a negocios ilícitos y a otras actividades cuyos límites entre lo legal e ilegal son difusos. Sin embargo, Ciudad del Este posee la mayor cantidad y diversidad de organizaciones vinculadas a la criminalidad organizada, ya que personas de distintas nacionalidades y finalidades comerciales la escogieron como base de operaciones.

Con relación a la composición de los grupos identificados, se pueden distinguir cuatro tipos: 1) los conformados exclusivamente por paraguayos; 2) los liderados por personas de distintas nacionalidades ajenas a la paraguaya, que determinan la identificación de estos; 3) los que tienen identidad y nombres propios, con independencia a la nacionalidad de sus líderes o integrantes; y 4) emprendedores, es decir, personas que, sin formar parte de una asociación, se aventuran en el negocio ilegal utilizando sus contactos o conocimientos como habitantes de zonas fronterizas. Con el paso del tiempo, un emprendedor puede liderar un clan.

Las fuentes consultadas denominaron “clanes” familiares a los que están conformados exclusivamente por paraguayos, en tanto que a los liderados por personas de otras nacionalidades o por miembros de las fuerzas de seguridad identificaron como “mafias”, entre las que se menciona a la china, la japonesa y la bangladesí, así como la policial. Los que tienen denominación propia son el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV), Bala na Cara, Clan Rotela y el Primer Grupo Catarinense. De entre todos estos, el PCC es el de mayor presencia, tanto en los espacios penitenciarios como comunitarios, identificándose también en barrios populares de Ciudad del Este los primeros bautismos fuera de la cárcel (BIONDI, 2009; FELTRAN, 2018, MARTENS, 2019b). La enunciación de estos grupos no implica que sean todos los que tienen presencia en las ciudades analizadas, sino únicamente los documentados en nuestros trabajos de campo. Ciertamente, los organismos de seguridad refieren a otros, de cuyas existencias no tuvimos información.

Como se mencionó precedentemente, y a diferencia de Saltos del Guairá y Pilar, en Ciudad del Este registramos la presencia de los cinco grupos con denominación propia identificados en el párrafo anterior, cinco clanes familiares y dos integrados exclusivamente por miembros de las fuerzas de seguridad, policías y militares, así como elementos de las mafias china, japonesa y bangladesí.

En Saltos del Guairá están presentes el PCC, el CV y unos 20 clanes familiares, en tanto que, en Pilar, identificamos tres organizaciones lideradas por personas de la región, pero con estrechas relaciones o integrando asociaciones del otro lado de la frontera, en Argentina. Si bien los clanes de Saltos del Guairá son más numerosos, los que actúan en Ciudad del Este tienen más poder, por su capacidad logística y vinculaciones nacionales e internacionales.

Las facciones de origen brasileño se desenvuelven con integrantes o colaboradores paraguayos, siendo el PCC el que tiene presencia nacional, ya que existen “pabellones PCC”, en al menos 14 de las 18 penitenciarías. Estos son espacios dentro de las prisiones que, por albergar a integrantes reales o presuntos del PCC, tienen un sistema especial de convivencia y seguridad, siendo más duras las condiciones de encierro, aunque colaboran con el gobierno penitenciario. Algunos de estos pabellones están íntegramente poblados por paraguayos.

Además, el PCC cuenta con una red de integrantes y colaboradores fuera del sistema penitenciario cuyos miembros realizan diversas actividades, tales como la supervisión del cultivo del cannabis, la recepción de cocaína andina, el negocio de las armas y el envío diario de grandes cargas de cigarrillo al territorio brasileño, por agua y tierra.

A diferencia del PCC, el CV tiene escasa penetración territorial, aunque trabaje de manera permanente y sostenida y haya sido el primero en llegar al país, a mediados de 1990, en la zona de Capitán Bado (Amambay), donde Fernandinho Beira-Mar y otros fueron recibidos y cobijados por el líder del clan Morel, João Morel, como se relata en la primera parte de este artículo. Sin embargo, cuenta con un esquema de colaboradores paraguayos y brasileños que le permite adquirir y embarcar distintos tipos de mercaderías, especialmente armas cortas.

Bala na Cara y Primer Grupo Catarinense operan con miembros brasileños que vienen a territorio paraguayo para coordinar la logística del envío de las mercaderías que adquieren. Una vez en territorio nacional, recurren a intermediarios, ya sea de los clanes locales e incluso integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.

Los clanes policiales y militares que operan en Ciudad del Este están integrados exclusivamente por estos uniformados. Estos actúan en coordinación con miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial, medios de comunicación locales e integrantes del poder político, que les posibilitan la concreción impune de sus actividades.

Aunque con diversas características, los distintos grupos identificados explotan similares rubros, como se verá en el apartado siguiente, lo que, en determinadas circunstancias, producen disputas entre facciones que se traducen en altos índices de violencia letal y algunas ejecuciones simbólicas, donde están muy presentes los desmembramientos.

Mercaderías y servicios

La marihuana, el cigarrillo, la cocaína y las armas constituyen las mercaderías comunes que se trafican desde Ciudad del Este, Saltos del Guairá, y Pilar al Brasil y la Argentina. Para el traslado interno e internacional de estos productos, cada uno de los grupos cuenta con una compleja red de cooperación, integrada por actores estatales y privados, cuyas vinculaciones van desde gobiernos locales y departamentales hasta las esferas nacionales, posibilitando la concreción de sus negocios (FLORES, 2009; SCHULTZE-KRAFT, 2016). La logística desplegada para el contrabando a gran escala del cigarrillo facilita el envío de la mayoría de los demás productos.⁶

En Ciudad del Este, los cinco clanes familiares identificados se dedican mayoritariamente a la venta de marihuana y cocaína, tanto para el mercado interno como internacional, y, cuando existen pedidos, a conseguir y a mandar armas.⁷ Son también estos clanes quienes actúan como proveedores o intermediarios de las mercancías que precisan los grupos con poco arraigo en la ciudad, así como de los compradores ocasionales.

Identificamos igualmente algunos emprendedores, que actúan con anuencia de los grandes patrones, que explotan otras mercaderías, como el ingreso y reenvío de ropas manufacturadas al Brasil, productos electrónicos y controlados como las testosteronas, hormonas, así como cubiertas de automóviles.

El grupo integrado por policías y militares tiene las características de las milicias de Río de Janeiro, ya que además de ser agentes del Estado encargados de la represión de ilícitos, ponen a la venta mercancías políticas y protección para que otros grupos criminales puedan operar (HIRATA, 2021; MISSE, 2017; WOLFF, 2015). En el caso de los policías que actúan como asociación criminal, están especializados en la extorsión a comerciantes locales y turistas, previa implantación de pruebas y privación ilegítima de libertad. Sus contactos con funcionarios corruptos de otras instituciones, políticos locales y nacionales, así como con integrantes de medios de comunicación, les permite seguir operando, aún después que algunos de sus miembros hayan sido denunciados y enjuiciados penalmente. Los procesos penales quedaron sin sanción, debido a triquiñuelas de algunos agentes del Ministerio Público que los utilizan como mecanismo de impunidad.

Los militares operan exclusivamente en el Río Paraná y la porción ribereña de terreno donde tiene jurisdicción la Prefectura General Naval. Aquí están enclavadas las infraestructuras que permiten cargar las mercaderías a las embarcaciones que realizan el paso internacional. El control territorial que tienen es absoluto, a tal punto que manejan la cantidad exacta de viajes que realizan las distintas canoas y lanchas, así como las cajas que transportan. Con este propósito, los jefes militares disponen que soldados en embarcaciones oficiales se aposten en las zonas de los puertos de manera a realizar el apunte correspondiente. Ponen en funcionamiento el poder institucional que ostentan ante cualquier intento de quiebre de las reglas que imponen.

Figura 2:
Camiones cargados en el centro urbano de Saltos del Guairá esperando el horario para iniciar el trayecto hacia la frontera seca con Brasil

Los que llevan la denominación de las nacionalidades de sus jefes, como las mafias china, japonesa y bangladesí, ejercen presión sobre sus paisanos, especializándose también en la expedición de documentos de identidad paraguayos, desde actas de nacimiento y cédulas de identidad hasta pasaportes, incluso a quienes están fuera del país. Con estos documentos apócrifos, logran el ingreso a países europeos y norteamericanos.

Con relación al PCC y al Clan Rotela, estos controlan espacios carcelarios y comunitarios, tanto en Ciudad del Este como en otras áreas del país, desde donde coordinan sus negocios vinculados a drogas y otras mercaderías ilícitas. A diferencia del PCC, el Clan Rotela está especializado en el narco menudeo⁸. El CV, el Bala na Cara y el Primer Grupo Catarinense se dedican al tráfico de drogas y armas, principalmente.

En Saltos del Guairá, el rubro por excelencia, tanto de patrones locales como del PCC y CV, es el cigarrillo. Y, a través de la infraestructura dispuesta para su envío, electrónicos, armas, cocaína y marihuana. El trabajo en el rubro implica la recepción de la mercadería de las tabacaleras ubicadas en Alto Paraná o al sur del Departamento de Canindeyú, su almacenamiento o fraccionamiento y posterior envío al Brasil, ya sea por agua o tierra. En menor medida, existen grupos vinculados a otras mercaderías, como insumos agrícolas, fertilizantes y hormonas. Nuestro equipo identificó a 24 grandes patrones que operan en la frontera seca o fluvial, algunos de ellos especializados en electrónicos, otros en armas, aunque todos utilicen de fachada el negocio del cigarrillo.

En Pilar, a su vez, los clanes familiares identificados explotan el tráfico de marihuana, cocaína y cigarrillos con destino a la Argentina. Igualmente, existe una compleja red de combustibleros, un grupo de comerciantes que tiene como principal actividad la extracción, el almacenamiento, la distribución y la venta de combustible diésel de manera ilegal desde los barcos mercantiles que navegan el espacio compartido del Río Paraguay desde o hacia el Río de la Plata. Algunos de estos también están vinculados al tráfico de marihuana y cocaína (MARTENS y VELOSO, 2019). En Pilar ni Saltos del Guairá identificamos la presencia del Clan Rotela.

Figura 3:
Embarcaciones pequeñas en la desembocadura del Río Paraguay en el Río Paraná, a pocos kilómetros de Pilar y frente a la ciudad argentina de Paso de la Patria, Provincia de Corrientes

Mecanismos de interacción institucional y social

Todos los grupos que actúan en estas ciudades realizan sus actividades sin mayores contratiempos debido a la colaboración, participación y el silencio institucional y/o social y el involucramiento de redes de poder hegemónicos, en los términos de Flores (2009), según el cual el crimen organizado es posible debido a la cooperación de actores estatales y no estatales.

Los grados y modos de cooperación institucional y social son diversos, así como los motivos por los cuales se presta la ayuda, aunque conforme a los hallazgos, se pueden agrupar en los siguientes: miedo, conveniencia y justificación o naturalización del fenómeno.

El miedo, tanto de los operadores de justicia y seguridad, así como de la población, es a la represalia, en caso de que por sus acciones se produzca algún tipo de perjuicio a los intereses de los grupos que operan en sus ciudades. En el recuerdo ciudadano, permanecen casos de asesinatos, descuartizamientos, atentados, traslados y destitución de funcionarios tales como jueces, fiscales y policías, ya sea por colaborar con los aparatos de justicia o por realizar trabajos que ayudaron a la desarticulación de estas redes.

En este sentido, un miembro de Ministerio Público relató que recibió amenazas y fue hostigado a través de medios de comunicación para apartarse de un caso que involucraba la operación de la mafia policial. Como no lo hizo, fue apartado por orden de su jefe, quien, sin ninguna explicación, asignó la investigación a otra persona. En similar sentido, un uniformado recuerda que con mucha alegría entregó a su superior inmediato un completo detalle de la dinámica de actuación de un grupo que operaba en la ciudad donde se desempeñaba. Al día siguiente, recibió la información que su principal informante, cuya identidad había requerido su jefe, había sido emboscado y asesinado por sicarios.

La interacción por conveniencia o venta de mercaderías políticas se da de la misma manera en todas las ciudades. En los tres casos se registró que gran parte de la actividad en los territorios de frontera es posible debido a la cooperación de efectivos policiales y militares, sean del Ejército o la Marina, quienes tienen la responsabilidad de custodiar la frontera, en similares condiciones apuntadas para otros contextos por Flores Pérez (2009, 2019), Duque Daza (2021) y Flores Pérez (2020).

En los cruces de mercaderías por el río, sea ya sea por el Paraná (frontera con Brasil) o el Paraguay (con Argentina) los jefes militares de las distintas unidades desarrollaron un esquema de trabajo que les permite contabilizar con precisión la cantidad de volumen transportado, ya que por cada caja deben percibir una determinada suma de dinero.

En Saltos del Guairá, al tiempo de la recolección de la información, en mayo de 2021, la jefatura de la Policía Fluvial, de la Armada Paraguaya, había dispuesto que subordinados supervisen diariamente la cantidad de mercaderías embarcadas por Puerto Tigre o en la Zona Cero, ya que por cada caja debían percibir 1 dólar americano. De esta manera, recaudan mensualmente cerca de 100 mil dólares al mes, en épocas de vacas flacas (escasa demanda). Estos maletines cargados de dinero llegan a las arcas de la Marina hasta la Comandancia, en Asunción, conforme relató uno de los altos funcionarios que colaboró con la investigación, aportando informaciones que conocía de su experiencia de presencia y trabajo en la zona que fueron contrastadas y confirmadas por otras fuentes. A diferencia de lo que ocurre en Ciudad del Este, el militar encargado del conteo de las mercaderías que cruzarán la frontera se aposta en el mismo puerto, interactuando con los estibadores.

En la zona de la frontera seca, existen dos salidas, en donde el control y autorización están a cargo del Ejército y la Policía Nacional. Conforme a relatos recogidos, construimos la dinámica del transporte e identificamos la rutina de quienes llevan mercaderías al Brasil. En dos ocasiones, en mayo y julio de 2021, acompañamos camiones cargados para ver el comportamiento de los puestos de control y el cruce fronterizo. En el trayecto de poco más de una hora, a pesar de la gran visibilidad del transportador y diversos puntos policiales y militares, ninguno verificó el contenido de la carga, y el camión se adentró a territorio brasileño sin ningún tipo de contratiempo.

El colaborador que nos sirvió de guía comentó que es el mismo camino que siguen los que ingresan a Paraguay vehículos robados y cualquier tipo de contrabando proveniente del Brasil, y por donde sale el cigarrillo y, junto con él, la marihuana, las armas, la cocaína y otros productos del comercio ilegal.

- ¿Y los policías brasileños? (Entrevistador)

- No funciona muy diferente al esquema paraguayo. Todo está coordinado y es una estructura de hace bastante tiempo, que funciona gracias a la coordinación con uniformados de ambos lados de la frontera. (Entrevistado) (Entrevista realizada el 21 de mayo de 2021)

Coincidente con este relato es el comentario que realizó uno de los grandes patrones de la ciudad cuando fuimos a visitarlo. Cuando llegamos, estaba sentado, distendido frente a su domicilio. Conocía a nuestro acompañante, a quien preguntó si éramos confiables, a lo que él respondió: “Absolutamente”, que sólo estábamos queriendo entender cómo funciona la ciudad, cuáles son sus reglas. Nos examinó con su mirada, detuvo la vista en cada uno de nosotros (éramos dos). Sonreímos y asentimos lo que había dicho el colega. Miró fijo al guía y dijo: “Si vos decís, hermano, ha de ser así. Confío en ellos” (Apuntes del cuaderno de campo del 23 de mayo de 2021).

Ya en actitud amigable empezó a relatar su experiencia de la noche anterior, debido a la cual estaba cansado, ya que prácticamente la pasó trabajando.

Al decir, verdad, no dormí nada. Tuve problemas a 30 kilómetros de la frontera, ya en el lado brasileño. Tumbó uno de mis camiones, lleno de mercaderías. No te imaginás lo que llevaba ese vehículo (risas). No podía permitir que amanezca en esas condiciones, ya que sólo de noche pueden operar en la zona. Nos fuimos entre 15 [personas] para recargar y remolcar el vehículo. Volví hace unos minutos, nomás [la conversación se dio cerca de las 11 de la mañana]. (Apuntes del cuaderno de campo del 23 de mayo de 2021)

Como explica Misse (2017), la adquisición de mercaderías políticas, tanto del lado paraguayo como del brasileño, es la que permite que los productos atraviesen la frontera y lleguen a los centros de consumo en Brasil, así como la cooperación de redes que involucran a funcionarios públicos y actores privados de distintos niveles y estamentos (FLORES, 2009).

Cuando se utiliza la segunda salida terrestre de Saltos del Guairá, por Pindoty Porã/Sete Quedas, el viaje dura unos 90 minutos desde los depósitos del centro. A la entrada de la ciudad, también están ubicados un puesto policial y otro de aduanas. Como el trayecto es mayormente por territorio no ubicado en la línea de frontera, el que debe autorizar los traslados es el jefe de la Dirección Departamental de Policía. En este caso, no tienen participación los militares.

Figura 4:
Hito demarcatorio entre Paraguay y Brasil y parte de camino que recorre la línea de frontera

Si bien el tránsito de mercaderías es diario y notorio, no logramos identificar ningún proceso penal o administrativo abierto a instancias de los responsables institucionales allí apostados. Uno de nuestros interlocutores explicó el motivo:

Esto es así porque todo está coordinado y pagado, y el funcionario que no quiere participar del esquema no dura un mes en el lugar. En esta parte del país, la persecución penal no depende de la ocurrencia de hechos jurídico-penales relevantes, como dicen los manuales, sino de otros factores, como puede ser el incumplimiento de las reglas de facto que rigen la economía criminal de la región. (Apunte del cuaderno del campo del 22 de julio de 2021)

En Pilar, un operador de justicia reconoció que el esquema de involucramiento policial y militar es similar al de Saltos del Guairá y Ciudad del Este, ya que tanto la Marina como la Policía reciben un flujo de dinero, que se reparten en diversas instancias y niveles. Con su relato coincidieron todos los entrevistados, ya sean del sector institucional como del mercado criminal.

- Yo apenas era una golondrina que trataba de marcar la diferencia no involucrándome en recibir lo que decían que me tocaba [dinero recaudado entre los patrones de la zona]. ¿Qué más podía hacer si ellos tienen toda la estructura a su favor? Era una forma de decir que no todo está podrido dentro del Estado paraguayo. (Entrevista realizada el 3 de abril de 2021)

Estos relatos y experiencias revelan que los mecanismos de interacción social e institucional son similares en las tres ciudades analizadas y que existe una imbricada relación entre actores públicos y privados, de negocios e intereses, que posibilitan la pervivencia de un mercado criminal. Así mismo, que más allá de la narrativa oficial existe convencimiento que algunas economías locales dependen de actividades ilícitas o cuyos límites entre lo legal e ilegal son difusos, y que una persecución indiscriminada, como ordena la ley, dejará sin trabajo a gran parte de la población. Es por ello también que no solo colaboran para que el mercado ilícito continúe, sino que defienden públicamente la actividad y a sus actores.

De este modo, varios patrones son referentes comunitarios, colaboran constantemente con actividades sociales, religiosas y participan de obras de interés social o bien común. En la periferia de Pilar y de las demás ciudades, asisten a poblaciones carenciadas o vulnerables ante situaciones trágicas como la muerte y enfermedades graves.

La relación social e institucional con estos empresarios es compleja, porque, además de generar temor, existe una suerte de dependencia y tolerancia, reflexionó un integrante del Ministerio Público, quien aseguró que en 15 años de trabajo nunca encontró a alguien capaz de testificar en contra de alguno de ellos.

En Ciudad del Este, un emprendedor de un barrio popular recomendó la buena relación con las autoridades, policiales en particular, a través de compra de mercaderías políticas (MISSE, 2017) para que sus ilegalismos sean tolerados (FOUCAULT, 2002; RENOLDI, 2017), y el negocio no tenga contratiempos. También sostuvo que no basta el miedo para obtener el silencio y colaboración ciudadanas, sino que es imprescindible servir a la comunidad, haciendo referencias a ayudas materiales concretas, y contribuir a mantener cierto orden en los barrios.

En medio de la entrevista, recordó uno de los hechos con los que colaboró a la tranquilidad comunitaria. Ocurrió cuando un ajeno a la vecindad ingresó al barrio con su automóvil a toda velocidad, poniendo en riesgo a transeúntes y vecinos, además con música a todo volumen.

Era una falta de respeto al barrio. Tuve que reaccionar rápidamente. No podía permitir ese tipo de inseguridad en mi zona. Con algunas llamadas telefónicas supe quién era y de dónde. Le hice venir a pedir disculpas a la comunidad [explicó que la disculpas se las pidió a él, como representante comunitario]. No hizo falta llamar a la Policía, sino al jefe [narco] de la zona en donde vivía el sujeto en cuestión. Nunca más regresó, ni tuvimos más problemas de ese tipo. (Entrevista realizada el 27 de mayo de 2021)

Mecanismos de gobernanza criminal

Los mecanismos de gobernanza criminal utilizados por los grupos que operan en las ciudades fronterizas analizadas comparten las mismas características y están sustentadas en dos tipos de acciones: por un lado, las que generan temor a la población y a los operadores del sistema de justicia y seguridad; por el otro, las que contribuyen al fortalecimiento de un imaginario social según el cual todo cuanto se realice para contenerlos será insuficiente, ya que están insertos en redes de poder que les garantiza impunidad (LESSING, 2020; FLORES, 2009).

De esta manera, el equipo de investigación registró acciones de represalias o con fines de disciplinamiento social e institucional que van desde secuestros, asesinatos, descuartizamientos, traslado a funcionarios públicos, destitución de operadores de justicia, linchamientos mediáticos y la instrumentalización de procesos penales o administrativos sancionatorios con fines de persecución. Según se constató, estos mecanismos de gobernanza criminal operan cuando la adquisición de mercaderías políticas es insuficiente o es preciso emitir un mensaje de reafirmación de control territorial sobre cuáles son las reglas de convivencia que impone el comercio ilícito de la zona (MISSE, 2017).

El departamento de Ñeembucú y Pilar, su capital, son reconocidos nacionalmente por su tranquilidad y bajos índice de violencia letal, con ningún asesinato en algunos años, a diferencia de las otras dos ciudades fronterizas estudiadas. Sin embargo, es recurrente en el recuerdo de los entrevistados dos crímenes, cuando se abordan las acciones de grupos organizados dedicados al comercio ilícito.

En el primer caso, se trata del secuestro y asesinato de Pili Aliana, hijo de un comerciante, en octubre de 2003. Varias historias rodean el hecho y, aunque fueron condenados algunos autores materiales, la percepción y relatos recogidos vinculan esta muerte con el tráfico de armas y otros negocios ilícitos, en última instancia, un ajuste de cuentas. El segundo hecho es reciente. Ocurrió el 13 de agosto de 2020, cuando fue acribillada Celsa Chávez, en el centro de la ciudad. El fiscal interviniente recordó que la misma denunciaba públicamente un esquema millonario de tráfico de combustible, señalando como partícipes a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público. En marzo de 2019, ella y su esposo ya había sufrido un atentado, donde su esposo quedó gravemente herido. Estos tipos de hechos son excepcionales, pero tienen la capacidad de contribuir a acumular el miedo y la sensación de impunidad.

Los mecanismos más frecuentes de gobernanza criminal son las amenazas y el uso del sistema judicial para presionar. Uno de los entrevistados recordó que pasó ocho años procesado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)⁹ por iniciar la investigación de uno caso vinculado a un clan local. El fiscal que le sustituyó en la causa desestimó la denuncia en algunos meses.

Este relato es similar a la práctica utilizada en Ciudad del Este, no solo desde el crimen organizado, sino también desde la mafia policial. Otro entrevistado rememoró que cuando asumió la investigación de un caso y no quiso aceptar dinero, empezaron las publicaciones periodísticas, acusándole de estar vinculado a negocios turbios. Como no lograron que se apartara de la investigación, le denunciaron ante su superior, que, sin ningún tipo de fundamentación, le apartó del caso. Con tristeza, recordó que

- El fiscal que asumió la causa pidió el sobreseimiento de los imputados por falta de pruebas, a pesar de que había un cúmulo de elementos incriminatorios. Así fue como quedaron impunes con un cúmulo de pruebas que le incriminaban. Todo el trabajo hecho fue tirado al tacho… [silencio]. Es que el esquema es poderoso y llega hasta Asunción. Difícil es enfrentarlos. Lo que quiero ahora es mantener mi trabajo y no tener problemas. (Entrevista realizada el 10 de agosto de 2021)

El miedo a ser víctima de homicidios y atentados contra la integridad personal es verbalizado por operadores de Ciudad del Este, a diferencia de Pilar y Saltos del Guairá, donde ven más alejada esta posibilidad - aunque, algunos aclararon, tampoco se arriesgan, porque saben dónde están parados, en alusión al control territorial e institucional que ejercen los poderes fácticos. Sin embargo, los homicidios, los sicariatos, los hallazgos de cadáveres con signos de violencia y los descuartizamientos están presentes en sus relatos. Recuerdan que, desde los años 1990, se dan hechos muy violentos, que quedaron grabados en la memoria de los pobladores de Ciudad de Este:

- Y, claro, nosotros, como operadores, no escapamos de ese miedo, ni de ese peligro. Aquí hay que saber vivir, respetar las reglas de la frontera para seguir en el cargo y con vida. (Entrevista realizada el 20 de junio de 2021)

También citaron casos de procesamiento de magistrados, sumarios y traslados de efectivos policiales que se atrevieron a enfrentar a grupos locales e internacionales que manejan los negocios ilícitos en la ciudad. Uno de los entrevistados trajo a colación la situación de un oficial que desobedeció la orden de liberar una carga de drogas. Como incumplió el mandato de su jefe, cuando llegó a la institución le entregaron su comisionamiento a 900 kilómetros de su casa, en la frontera con Bolivia. También se le recomendó que saliera de la ciudad aquella misma noche para que siguiera vivo.

Otro relato muy vivo en el recuerdo de los uniformados de Ciudad del Este es la muerte de las dos hijas y la esposa del entonces comisario Salcedo, en agosto de 2009. Ellas fueron asesinadas y calcinadas es un incendio provocado en su vivienda. Los datos recogidos indican vinculaciones al crimen organizado, ya que el padre, en su rol de comisario, había causado perjuicios. En los medios de comunicación, el comisario Salcedo declaró: “Yo sé quién me hizo esto; me golpearon mal, pero les voy a cobrar” (DIARIO ABC COLOR, 18/08/2009).

Algunos operadores de justicia de Saltos del Guairá manifestaron que es absolutamente obsceno el involucramiento institucional - principalmente de la Policía Nacional, la Marina, el Ejército y los agentes especiales antidrogas - con todo el esquema de tráfico y contrabando que campea y permite que la ciudad viva, pero que, a pesar de ello, cuenta con protección social. Un operador de justicia sintetizó su experiencia en lo siguientes términos:

- Aquí no podés meterte con ellos [los comerciantes de frontera, narcos, cigarrilleros]. La misma gente va a salir a lincharte públicamente si activás algún mecanismo institucional de control o represión. En los años que llevo aquí me di cuenta de que sobre muchas cosas no se puede ni preguntar. (Entrevista realizada el 15 de julio de 2021)

En el recuerdo de los operadores de Saltos del Guairá están las manifestaciones y bloqueos de carreteras con miles de personas que se produjeron en febrero de 2019 y en 2020, tras la incautación de cerca de 100 millones de cajas de cigarrillos, a punto de ser introducidos de contrabando a territorio brasileño. Estos hechos abonan la convicción que estos negocios y sus patrones cuentan con protección social e institucional.

Uno de los entrevistados, que llegó a una de las ciudades estudiadas 15 años atrás desde otra ciudad fronteriza, explicó cuál es el mecanismo para permanecer en el cargo:

- Cuando vivís en una sociedad, donde la regla escrita en los códigos no es la que sirve, lo primero que debemos identificar para sobrevivir es la ley que funciona: cuál es la regla que se tiene que seguir, quiénes y cómo se dictan, ya que varían también, dependiendo de varios factores… una vez que la tenés identificada, si te mantenés a raya, vas a ser funcionario público hasta que te jubiles… Nunca vas a tener problema. (Entrevista realizada el 24 de julio de 2021)

Reflexiones finales

Los grupos criminales que operan en Saltos del Guairá, Ciudad del Este y Pilar, capitales departamentales fronterizos con Brasil y Argentina, están constituidos por clanes familiares, mafias - entre ellas la policial -, así como por grupos de base penitenciaria surgidos en Brasil o Paraguay - como Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Bala na Cara, Primer Grupo Catarinense, y Clan Rotela - y los emprendedores, que, sin tener conexión con algunos de estos, se involucran en actividades ilícitas, aprovechando las oportunidades que ofrecen estas ciudades para el mercado criminal.

Ciudad del Este, Saltos del Guairá y Pilar funcionan como centros logísticos para el traslado internacional de productos ilícitos o de contrabando, que es posible gracias a las diversas formas de adquisición de mercancías políticas, infiltración institucional y mecanismos de gobernanza criminal que condicionan la vida de pobladores, así como la de los operadores de seguridad y justicia (FLORES, 2019; LESSING, 2020; MISSE, 2007), obligándolos a guardar silencio o mantenerse al margen de estas actividades. Es decir, tal como advierte Flores Pérez (2020) para el contexto mexicano y Duque Daza (2021) para el colombiano, sin la cooperación del poder político y económico, el crimen organizado tampoco tendría posibilidades de éxito en estos territorios.

El tráfico de marihuana, cocaína y armas es común en las tres capitales departamentales, así como la utilización del negocio del contrabando del cigarrillo como forma de camuflar el envío de drogas, armas y otras mercancías. En Ciudad del Este funcionan mafias que encuentran en la extorsión su principal actividad, como la china, japonesa y policial. La bangladesí se centra en la falsificación de documentos de identidad paraguayos.

Ninguno de estos grupos busca enfrentarse con elementos del Estado, sino que procura infiltrarlos e incorporarlos a su red de poder e influencias, especialmente a los vinculados a las fuerzas de seguridad (FLORES PÉREZ, 2009). Ciertamente, tal como quedó documentado en este trabajo, las fuerzas policiales y militares conocen y/o participan de alguna manera en el traslado internacional de mercaderías en las tres ciudades, lo que se dificultaría o frustraría sin la anuencia de estos cuerpos de seguridad.

En Ciudad del Este y Saltos del Guairá, los militares contabilizan a través de soldados y otros subordinados la cantidad de mercadería despachada día tras día, de manera a percibir el canon establecido por ellos mismos, recaudando millonarias sumas de dinero mensualmente, distribuidas en distintos niveles y esferas, llegando incluso a las jefaturas nacionales, en Asunción.

Finalmente, los grupos que actúan en Ciudad del Este, Saltos del Guairá y Pilar emplean diversas estrategias de gobernanza criminal, que condicionan la vida y rutina de pobladores y autoridades (LESSING, 2020). Las mismas están sustentadas en el temor como principal mecanismo, que deviene de la utilización de una violencia simbólica y brutal, por medio de descuartizamientos, asesinatos, amenazas, hostigamientos, linchamientos mediáticos y la activación de procesos penales y administrativos sancionatorios que pueden terminar en la destitución y traslados de los funcionarios públicos que no se someten a sus reglas.

Para imponer el terror, realizan muertes ejemplificadoras particularmente violentas, en las cuales el cuerpo de la víctima, el modo o lugar de ejecución llevan implícito el mensaje de quién gobierna la ciudad, instalando y reforzando en el imaginario que no tiene sentido enfrentarlos, porque son quienes tienen el poder de hacer morir y dejar vivir.

La presencia permanente y continua de estos grupos criminales que operan en la frontera desde hace al menos 30 años y la impunidad de sus actos vienen produciendo una acumulación social del miedo entre habitantes y autoridades, quienes ya internalizaron el consejo fronterizo de “ver, escuchar de todo y callar para evitar problemas” cuando de los negocios operados por estos grupos se trata, garantizando de este modo, la continuidad de sus actividades.

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• 1
  Una de las tantas denominaciones que recibió el dictador en sus 35 años de gobierno.
• 2
  “Combustiblero” es una expresión genérica utilizada por autoridades locales y pobladores en la frontera sur de Paraguay para hacer referencia a toda persona que participa en alguna parte del proceso de extracción, almacenamiento, distribución y venta de combustible diésel de manera ilegal desde los barcos mercantiles que navegan el espacio compartido del Río Paraguay desde o hacia el Río de la Plata (MARTENS y VELOSO, 2019).
• 3
  Expresión con la que se denomina a toda persona que participa en alguna etapa del trabajo para el ingreso de cigarrillos de contrabando al Brasil.
• 4
  Reciben esta denominación quienes revenderán los productos en su país de origen.
• 5
  Hace referencia a pequeños comercios ubicados en espacios públicos, especialmente en las aceras del microcentro, en los cuales se ofertan distintos tipos de mercaderías, en general de origen chino, exhibidas sobre mesas de un metro cuadrado aproximadamente. La intervención urbana que realizó la municipalidad local, a partir del 2014, substituyó mesas por cajas que sirven para el mismo propósito y, además, permiten guardar productos en su interior. Por lo general, estos pequeños comerciantes son paraguayos, aunque en los últimos años operan también migrantes de las India y Bangladesh, alquilando de los concesionarios.
• 6
  Masi, Cresta, Ovando y Servín (2021) documentaron la tendencia creciente de la producción y oferta del cigarrillo en Paraguay al tiempo de la caída abrupta de las exportaciones lo que implicaría la canalización ilegal hacia otros países. El estudio documentó la fabricación anual de entre 2500 y 3000 millones de cajetillas año, cuando las importaciones no superan las 500 mil.
• 7
  Esta expresión hace referencia al envío internacional de armas.
• 8
  El Clan Rotela nació en el sistema penitenciario como reacción al creciente poder del PCC, con quien sostiene una encarnizada lucha, provocando, el 15 de junio de 2019, una masacre en la Penitenciaría Regional de San Pedro (con 10 asesinatos, de los cuales siete fueron decapitados y los otros calcinados) y, el 17 de febrero de 2021, otra en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la mayor del país (con siete muertos, tres de los cuales por decapitación) (CARNERI, 2021).
• 9
  Órgano de remoción de jueces y fiscales.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  12 Set 2022
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  18 Set 2021
• Acepto
  15 Dic 2021