Es preciso hacer un distingo entre justicia sanitaria y distribución de recursos médicos escasos, según se trate de sociedadespudientes o aquellas que son económicamente débiles. Las tradicionales funciones protectoras del Estado deben extenderse para cubrir las necesidades médicas, que a su vez tienen prioridad porque la salud es indispensable para poder solventar otras necesidades básicas. El Estado puede operar como proveedor de atención médica, o como fiscalizador de la ecuanimidad de servicios otorgados por otras instituciones. El derecho a atención médica es compatible con un sistema paralelo de medicina privada, siempre que ello no signifique drenar directa o indirectamente recursos del sistema público
Derecho a Salud; Atención Médica; Justicia Social; Política de Salud