En la provincia de Mendoza (Argentina) las políticas estatales favorecieron desde el siglo XIX la centralización y distribución de agua en beneficio de los oasis de riego y la actividad vitivinícola, controlada por la elite política e inmigrantes europeos. Tal distribución fue legitimada por argumentos que postularon una racionalidad ambiental supuestamente científica y universal, ulteriormente asociada al cuidado del agua y la naturaleza. A partir del reciente conflicto por la instalación de proyectos megamineros que serían fuentes de explotación y contaminación del agua en gran escala, analizamos las concepciones estatales sobre las relaciones socio-ambientales, sus contradicciones y efectos tanto en las políticas de distribución social de recursos como en la propia configuración ambiental. Concluimos que el Estado mendocino interpela a la naturaleza según su potencial valor de cambio, bajo la apelación retórica a la eficiencia técnica, el desarrollo, la modernización y el consenso, en detrimento de derechos sociales y culturales.
Administración del agua; Estado y minería; Naturaleza, cultura y política.