In 2008, the Chilean legislature enacted the Adjusted Voucher Law (SEP). The SEP law recognizes that it is more costly to educate disadvantaged students by introducing a system of weighted student funding by which the amount of the per-pupil voucher differs with the educational needs of the student. The additional per-pupil voucher is tied to an increased role of the Ministry of Education in monitoring and classifying schools based on student performance and holding them accountable for their outcomes. The SEP law also forbids participating schools from using parental interviews and admissions tests to select and expel students. In this paper, we analyze the costs and benefits of participating in the SEP program and find that, while most public schools participate, almost 40 per cent of private voucher schools choose not to receive the additional SEP funding. We find that while more advantaged private vouchers schools choose not to participate because the benefits of receiving the additional funds often do not outweigh the costs of having to comply with the SEP non-selection requirements, other schools lack the capacity or access to technical support to be able to meet the program's academic goals. Our findings shed light on some of the shortcomings of the SEP program and Chile's educational system in general.

En el año 2008, el Congreso Chileno promulgó la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). La Ley SEP reconoce que es más costoso educar a los estudiantes más vulnerables, e introduce un sistema de financiamiento en el que el subsidio por estudiante varía según sus necesidades educativas. Este subsidio adicional está condicionado a un incremento en el papel del Ministerio de Educación, que debe monitorear y clasificar a las escuelas de acuerdo con el desempeño académico de sus estudiantes y hacerlas responsables por sus resultados. La Ley SEP también prohíbe a las escuelas participantes el uso de entrevistas con los padres y las pruebas de admisión para seleccionar y expulsar a los alumnos. Aquí se analizan los costos y beneficios de participar en el programa SEP y se encuentra que, mientras la mayoría de las escuelas públicas participa, casi 40 por ciento de las escuelas privadas subvencionadas deciden no recibir el financiamiento adicional de la SEP. Además, se encuentra que, mientras los establecimientos privados subvencionados más aventajados deciden no participar porque los beneficios de recibir los fondos adicionales no compensan los costos de tener que cumplir con los requisitos de no selección que introduce la SEP, otros establecimientos no cuentan con la capacidad o el apoyo técnico para cumplir con las metas académicas que exige el programa. Nuestros resultados dan luces acerca de algunos de los desafíos pendientes de la Ley SEP y del sistema educativo chileno en general.

In this paper, we analyze the schooling alternatives of families that could face school closure. This article identifies, characterizes, and georeferences the institutions classified as low-performing by the SEP Law along with their closest alternatives. The findings indicate that a significant number of families do not have any quality alternatives nearby, particularly families in rural areas and/ or in schools with a high percentage of low SES students. Additionally, when admissions barriers and family preferences are incorporated in the analysis, school alternatives are considerably reduced. Alternatives are further reduced when using a more stringent definition of school quality.

Para analizar las opciones que tendrían las familias frente al cierre de su escuela este artículo identifica, caracteriza y georreferencia a los establecimientos clasificados como de bajo desempeño por la Ley SEP y a sus alternativas cercanas. Los resultados indican que un porcentaje importante de las familias no tiene alternativas de calidad, principalmente aquellas que viven en sectores rurales y/o que pertenecen a escuelas vulnerables. Adicionalmente, al incorporar las barreras de entrada de las escuelas y las preferencias de las familias, dichas opciones se reducen considerablemente, al igual que al utilizar una definición más exigente de calidad.

Educational systems around the world pursue both public and private objectives. They are able to balance both objectives by allowing greater freedom for schools to meet the families’ private objectives with an educational model that delivers a collective experience that maintains a cohesive society. Using data from PISA 2009, this study explores the possible implications that public and private funding and provision have on the following four objectives of education: (a) freedom of choice, (b) productive efficiency, (c) equity, and (d) social cohesion. We find that there are tensions in achieving some of these objectives simultaneously. However, there are some policies that reduce some of these tensions, while others tend to exacerbate them.

Los diversos sistemas educativos en el mundo persiguen objetivos tanto públicos como privados. Específicamente, deben intentar conciliar el permitir mayor libertad para que las escuelas puedan responder a los objetivos privados de las familias con preservar un modelo educacional que entregue una experiencia educacional colectiva para mantener una sociedad cohesionada. Usando datos de PISA 2009, este trabajo examina de forma exploratoria las posibles implicancias que tendría el tipo de financiamiento y tipo de provisión (pública o privada) en el logro de los siguientes cuatro objetivos que han sido planteados para la educación: (a) libertad de elección, (b) eficiencia productiva, (c) equidad, y (d) cohesión social. En términos generales, se encuentra que existen tensiones en el logro de objetivos privados y públicos de forma simultánea. Sin embargo, existen algunas políticas públicas que logran reducir estas tensiones, mientras que otras tienden a incrementarla.